Han pasado tres años desde aquel
terrible 11 de marzo de 2004. España cambió a partir de
ese día y todavía seguimos viviendo las consecuencias de
la masacre. Entre el 11 y el 14 de marzo, el consenso en
la lucha contra el terrorismo, que había sido la clave
para el arrinconamiento de ETA, saltó por los aires. El
Gobierno de Aznar no supo gestionar aquella situación de
emergencia nacional, pero el PSOE aprovechó la ocasión
para obtener el rédito electoral que le permitió ganar
por sorpresa las elecciones.
Aunque la maniobra de
intoxicación comenzó en la misma tarde del día 11,
cuando la Cadena Ser difundió la noticia de la aparición
de suicidas en los trenes, la operación de derribo no se
fraguó hasta la noche del 12 de marzo.
En una declaración que ha pasado casi desapercibida,
el inspector de la UCIE que compareció el pasado martes
ante el tribunal que juzga a los imputados por el
atentado de Madrid como testigo protegido número 84.128
dio una clave fundamental para entender lo que pasó en
las horas previas al 14-M. El agente, encuadrado en la
sección dedicada al Magreb, dijo: «En la tarde noche del
12 de marzo supimos que la tarjeta Amena de la mochila
que había aparecido en Vallecas había sido suministrada
por Jamal Zougam, relacionado con el terrorismo
islámico».
Su jefe, el responsable de la sección del Magreb,
primer testigo en declarar ante el tribunal, había dicho
que no fue «hasta el día 13, cuando llegados al
locutorio (se refiere a la tienda de Zougam en Lavapiés)
cuando asumimos la totalidad de la investigación»,
porque hasta ese momento, las diligencias «las realiza
la Brigada Provincial de Información».
Hay que recordar que Zougam no fue detenido hasta
primera hora de la tarde del sábado 13, después de que
los propietarios de la tienda Sindhu Enterprise
declararan que habían vendido un bloque de 30 tarjetas
al locutorio Jawal Mundo Telecom. Sin embargo, según el
inspector 84.128, un día antes de su detención, la UCIE
ya sabía que la tarjeta Amena «había sido proporcionada
por Jamal Zougam».
¿Cómo lo supo la UCIE si los dueños de Sindhu
Enterprise no dieron a la Policía el nombre de Zougam
hasta las 16 horas del sábado? Y, si ya en la «tarde
noche del día 12» la UCIE sabía que la tarjeta Amena la
había proporcionado un individuo relacionado con el
«terrorismo islámico», ¿por qué no se le detuvo hasta el
día siguiente? ¿Intentó localizarle la UCIE en la noche
del día 12 en su domicilio? ¿Qué gestiones se hicieron
para localizarle? ¿Acaso no era probable que ese
individuo si, en efecto, había vendido la tarjeta de
Amena, huyera inmediatamente, sobre todo, tras conocer
que se había detectado un teléfono con dicha tarjeta en
la mochila de Vallecas?
Por la razón que sea (esperemos que se aclare en
próximas comparecencias policiales), a Zougam no se le
detuvo hasta la tarde del día 13 de marzo, unas horas
antes de las elecciones.
Sin embargo, la información sobre su futura detención
fue conocida por el PSOE en la misma noche del día 12 de
marzo.
Según José Blanco, una persona (primero dijo que fue
Margarita Robles, luego que Rafael Vera, que contó con
la inestimable colaboración de Rodríguez Ibarra), le
informó por teléfono en la noche del 12, mientras cenaba
junto a otros dirigentes del PSOE, entre los que se
encontraba Alfredo Pérez Rubalcaba, de que, al día
siguiente, se iban a producir «detenciones de
islamistas».
Ese era el dato que hacía falta. En la mañana del
sábado 13, miles de mensajes se cruzaron de móvil a
móvil convocando concentraciones para esa tarde a las 18
horas frente a las sedes del PP.
La noticia de la detención de Zougam se conoció en
los medios de comunicación justamente a esa misma hora,
las seis de la tarde del día 13. El ministro del
Interior, Angel Acebes compareció ante los medios a las
20 horas para informar del hecho.
El Gobierno mantuvo abierta la línea de ETA hasta la
noche del sábado, tras la aparición, a las 19 horas, del
vídeo reivindicativo del atentado junto a la mezquita de
la M-30. Aunque, como han declarado los mandos
policiales que han comparecido hasta el momento, la
línea de investigación que llevaba hasta el terrorismo
islamista no se consolidó precisamente hasta después de
la detención de Zougam, el PSOE puso en marcha el golpe
final contra el Gobierno en la misma mañana del sábado
día 13. El PSOE jugó con las cartas marcadas. La
información de la que gozaba la UCIE en la tarde noche
del viernes día 12 le llegó a la dirección del partido
con el tiempo suficiente para preparar la campaña de
acoso y derribo contra Aznar.
El remate, cuando ya la mayoría de las sedes del PP
estaban rodeadas de manifestantes y algunas de ellas
estaban incluso siendo atacadas (por ejemplo, la de
Barcelona), corrió a cargo del entonces portavoz Pérez
Rubalcaba, quien, en comparecencia ante los medios a las
21.30 del sábado, pronunció su sentencia acusatoria:
«Los ciudadanos españoles merecen un Gobierno que no les
mienta, que les diga siempre la verdad. El Partido
Socialista conoce las líneas de trabajo de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado. A pesar de ello, por
sentido de Estado, por respeto a las familias de las
víctimas, hemos estado callados».
Mientras tanto, la Cadena Ser no cejaba en su campaña
de ataques contra el Gobierno.
Una obra maestra de utilización de la información en
beneficio propio, de manejo de la opinión pública y de
cinismo.
El Gobierno socialista se apresuró a premiar con
condecoraciones y ascensos a la mayoría de los jefes
policiales que intervinieron en la investigación de la
masacre. Rodolfo Ruiz, responsable de la Comisaría de
Vallecas, donde apareció la mochila con el teléfono y la
tarjeta Amena, fue ascendido nada menos que a jefe de la
Brigada Provincial de Información. El responsable de los
Tedax, Sánchez Manzano, quien sabía, no se conoce por
qué mecanismos, que la dinamita provenía de Mina
Conchita a las pocas horas de producirse el atentado, y
que no remitió las muestras de los focos de los trenes a
la Policía Científica, fue confirmado en su cargo.
Miguel Angel Santano fue ascendido a comisario general
de la Policía Científica...
El problema de la versión oficial, no es sólo su
debilidad probatoria, sino que pone de relieve algunas
verdades sonrojantes: en primer lugar, que muchos de los
implicados estaban siendo controlados por los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad antes del atentado (lo que pone de
manifiesto, como mínimo, ineficacia); en segundo lugar,
la absoluta descoordinación entre los mismos (la UCO, la
Udyco, la UCIE, el CNI y la Brigada Provincial
trabajaron en paralelo sobre el mismo círculo sin el más
mínimo trasvase de información), etc. Pero, en lugar de
depurar responsabilidades, se les premió. Y ello se hizo
para pagar su silencio. «Yo no te denuncio por tu falta
de profesionalidad, si tu mantienes mi verdad cueste lo
que cueste». En definitiva, tu me tapas a mí y yo te
protegeré a ti.
Por esa razón (previa condecoración con medallas
pensionadas y ascensos) algunos de los jefes policiales
aceptaron de buen grado las instrucciones de la
«superioridad» que, entre otras cosas, prohibían
cualquier mención a ETA. Es decir, nada que se saliera
de la versión oficial podía ser investigado. Esa es una
de las verdades sobre el 11-M.
casimiro.g.abadillo@el-mundo.es