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MANUEL MARRACO
MADRID.- El Partido Popular aún tiene cientos de preguntas
que hacer sobre el 11-M y va a formulárselas hoy mismo por
escrito al nuevo ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba. Al registro del Congreso llegarán 215 cuestiones
que suponen un repaso detallado de los aspectos más oscuros
que han surgido a lo largo de los 25 meses de investigación.
El listado, elaborado por la diputada
popular Alicia Castro, hace referencia, entre otros puntos,
a la mochila bomba desactivada en Vallecas, al reaparecido
Skoda Fabia, al origen de los explosivos supuestamente
suministrados por la trama asturiana, a lo sucedido en el
cerco policial de Leganés o al papel que han podido jugar
tanto la banda terrorista ETA como algunos confidentes de
las Fuerzas de Seguridad y del Centro Nacional de
Inteligencia.
En contra de la tesis del Partido
Socialista de que, tras el auto de procesamiento dictado por
el juez Juan del Olmo, todo ha quedado «aclarado», el
cuestionario del PP se extiende en la verdadera relevancia
de algunos islamistas considerados como el núcleo duro de la
célula y el de otros investigados que, finalmente, han
quedado fuera de ese auto.
Con esta batería de preguntas, el
Partido Popular busca desmentir por la vía de los hechos la
afirmación lanzada por el dirigente socialista José Blanco
horas después de que el juez hiciera público el
procesamiento de 29 imputados. El secretario de Organización
del PSOE aseguró que el auto «da por concluido el proceso de
investigación» de los atentados. La llegada de Rubalcaba a
Interior tampoco conduce a los populares al optimismo:
«Mucho me temo que el cambio de ministro lo que va a dar es
otra impronta a la no investigación», ha afirmado el
portavoz popular en la Comisión del 11-M, Vicente Martínez-Pujalte.
Un núcleo importante de cuestiones gira
en torno a la bolsa bomba desactivada en Vallecas en la
madrugada del 12 de marzo. Los populares preguntan a
Rubalcaba sobre la cadena de custodia que mantuvo la
Policía, especialmente su traslado a Ifema; las
posibilidades de que una bolsa tan pesada no fuera detectada
por los Tedax; la rotundidad con la que se puede asegurar
que la tarjeta de teléfono fue vendida por Zougam...
Existen varias preguntas que no hacen
referencia a informes policiales o a la actuación -o
inhibición- del juez, sino a lo sucedido dentro del propio
Congreso, en la Comisión de investigación del 11-M. Por
ejemplo, a las contradicciones entre lo declarado a los
diputados por el jefe de la UCO, Félix Hernando, y por otros
responsables de las Fuerzas de Seguridad en Asturias sobre
las investigaciones previas a los atentados sobre la trama
de explosivos.
Algunas declaraciones públicas del ya
ex ministro del Interior José Antonio Alonso son igualmente
materia de pregunta. En particular, los datos que aportó
tras la reaparición del vehículo Skoda Fabia empleado por
los terroristas en la misma calle en la que la célula
abandonó la furgoneta supuestamente empleada para
trasladarse a la estación de cercanías de Alcalá de Henares.
Los populares quieren saber por qué ofreció datos que luego
se han considerado erróneos. Si conocía que no eran exactos
o si a él también le suministraron información que no era
cierta.
Varias de las preguntas relacionadas
con los explosivos ponen en duda, directamente, la actuación
de Juan Jesús Sánchez Manzano, máximo responsable de los
Tedax y cuyos informes -o silencios- han provocado algunos
dolores de cabeza al juez instructor. Tras año y medio de
investigación, Del Olmo optó por pedir a la Guardia Civil y
a la Policía Nacional que se pusieran de acuerdo para
elaborar un informe conjunto relativo a los explosivos del
11-M que le aclarase las dudas que aún mantenía sobre
aspectos fundamentales de la investigación.
Retrasos
Esos y otros problemas de Del Olmo
llevan a los populares a interrogar al Gobierno al respecto,
en concreto acerca de los motivos que puedan justificar los
retrasos con los que el juez recibió algunos informes
policiales. En el sumario consta un escrito del magistrado
de la Audiencia Nacional elaborado tras un año de
investigación en el que recopilaba las decenas de
diligencias solicitadas a las Fuerzas de Seguridad de las
que todavía no tenía noticia.
Tampoco faltan algunas referencias a
Marruecos. Por ejemplo, a las circunstancias en las que se
encuentra Mohamed Haddad, al que un testigo implicó
directamente en los atentados pero que continúa en libertad
en el país vecino. O si el huido Said Berraj, implicado por
el juez en los atentados, era confidente de los servicios
secretos de Rabat.
El extenso cuestionario alcanza
igualmente la posible relevancia de Abu Dahdah como captador
de algunos miembros de la célula, o la del policía nacional
que liberó en su tienda los móviles empleados por los
terroristas, y que no ha llegado a estar imputado por el
juez.
Existen también preguntas referidas al
tratamiento que el Gobierno ha dado a las víctimas de los
atentados. Por ejemplo, si al Ministerio del Interior le
consta que, pese a los dos años transcurridos, muchas de
ellas aún no han cobrado las cantidades que les
corresponden.Y cuándo las van a recibir. También desean
saber la cantidad aportada hasta ahora por el Ministerio
tanto para las víctimas de manera individual como para las
distintas asociaciones que incluyen a afectados por los
atentados.
En relación con las víctimas
extranjeras, los populares quieren saber lo que ha hecho el
departamento ahora dirigido por Rubalcaba para facilitarles
una residencia legal en España.
Un mes para contestar
El Grupo Popular presentará hoy el
listado de preguntas en el registro del Congreso,
solicitando que la respuesta sea por escrito. Según el
Reglamento de la Cámara Baja, «la contestación por escrito a
las preguntas deberá realizarse dentro de los 20 días
siguientes a su publicación [en el Boletín del Congreso]».
Esta publicación, a su vez, suele demorarse entre una semana
y 10 días, lo que extiende hasta prácticamente un mes el
plazo de respuesta. A esto hay que sumar los varios días que
puede retrasarse la llegada efectiva de la respuesta hasta
el parlamentario que planteó las preguntas, en este caso la
diputada por Asturias Alicia Castro. Aún así, el Ejecutivo
puede solicitar una prórroga, aunque ésta debe ser motivada
y aceptada por la Mesa del Congreso. Esta prórroga podrá
extenderse hasta 20 días más.
En cuanto al método de respuesta, el
Gobierno tiene la posibilidad de hacer frente una a una a
cada pregunta o agruparlas por temas.
Si, cumplidos todos los plazos no hay
respuesta, el presidente de la Cámara, Manuel Marín -a
petición del autor de las preguntas-, «ordenará que se
incluya en el orden del día de la siguiente sesión de la
comisión permanente, donde recibirá el tratamiento de las
preguntas orales, dándose cuenta de tal decisión al
Gobierno». En este caso, la Comisión a la que llegarían las
preguntas sería la de Interior. |
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