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CASIMIRO GARCIA-ABADILLO
MADRID.-
Los autores materiales del 11-M y la mayoría de los
29 procesados por el juez Juan del Olmo en su auto
del pasado 10 de abril estuvieron controlados por
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado antes
de producirse la masacre.
En total, de los 40 implicados que aparecen
mencionados en el auto de procesamiento, 34
estuvieron en algún momento bajo la vigilancia de la
Fuerzas de Seguridad, o bien sus nombres y su
localización fueron conocidos por ellas.
Distintas unidades de la Policía, de la Guardia
Civil y del CNI vigilaron directamente, o a través
de sus confidentes, a individuos tan relevantes como
Jamal Ahmidan, El Chino, o Serhane ben Abdelmajid
Fakhet, El Tunecino, quienes en teoría, y siempre
según Del Olmo, serían los dos personajes más
destacados de los diversos grupos que participaron
en la organización de la matanza. En ocasiones, dos
unidades distintas llegaron a seguir los pasos del
mismo sospechoso al mismo tiempo y sin que se
produjera la más mínima transferencia de
información.
Ese es el caso de Said Berraj, El Mensajero. Dos
unidades de la Policía, la UCIE y la Brigada
Provincial de Información, siguieron sus pasos al
mismo tiempo. El caso de El Mensajero (que se
encuentra huido) es especialmente llamativo, porque
su papel en el contexto del radicalismo islamista
enraizado en España era muy destacado.
Según el auto del juez (que hace referencia a un
informe elaborado por la Comisaría General de
Información el 15 de febrero de 2006), Berraj fue
uno de los detenidos en Turquía junto a Amer Azizi
cuando se dirigían a Afganistán para unirse a las
tropas de Bin Laden en 2001.
El Mensajero no sólo estaba controlado por dos
unidades policiales, sino que, cuando se produjo el
atentado, trabajaba para una empresa de servicios
propiedad de un ex inspector de policía.
Como pone de manifiesto el auto de procesamiento,
los implicados en el atentado mantuvieron centenares
de conversaciones entre ellos durante los meses
previos. Si, como afirma el auto, el 11-M comenzó a
prepararse en torno al mes de septiembre de 2003
(fecha en la que se produjo la reunión del
McDonald's de Carabanchel en la que El Chino ofreció
al ex minero José Emilio Suárez Trashorras la compra
de dinamita a cambio de droga), las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad tuvieron más de cinco meses
para detectar alguna pista de que algo muy grave se
estaba tramando. Más aún cuando el número de los
implicados era muy numeroso y la mayoría de ellos no
se preocupó de adoptar las medidas de seguridad
propias de un grupo terrorista.
Tres grupos
Pero vayamos por partes. En el apartado
quincuagésimo tercero del auto («Contexto islamista
de las investigaciones»), Del Olmo divide a los
implicados en el 11-M en varios grupos: el Grupo de
Leganés (al que también llama Grupo de Madrid), el
Grupo de Lavapiés y el Grupo de Delincuentes.
El primero de ellos estaría capitaneado por Mustafá
Maymouni (detenido en 2003 en Marruecos por su
implicación en los atentados de Casablanca). A él
pertenecerían: El Tunecino, Faisal Allouch, Mohamed
Afalah, Mohamed Larbi ben Sellam, Hassan Larbi ben
Sellam, El Mensajero, Abdelkrim y Mohamed Ouazzani,
Abderrazak Azzi, Nouredine y Azzeline Bellid, Samir
ben Abdellah y Driss Chebli.
A este grupo se uniría posteriormente Allekema
Lamari (que a partir de 2002, tras salir de prisión,
mantuvo contactos con Chedadi, Chebli, Afalah,
Bouchar y Bouharrat, según información del CNI que
recoge el auto). El papel de Lamari, que durante
mucho tiempo fue considerado por el CNI como líder
del comando que cometió el atentado, queda relegado
en el escrito del juez a «uno más del grupo, sin
ninguna capacidad de liderazgo».
Según el auto, estrechamente ligado al Grupo de
Leganés -a través de El Tunecino- estaría el grupo
capitaneado por Osman el Sayed, Mohamed el Egipcio,
y en él estarían integrados Basel Ghalyoum, Fouad el
Morabit, los hermanos Almallah Dabas y Mourad
Chabarou.Este grupo habría dado cobertura para la
huida de España a dos de los presuntos autores que
actualmente se encuentran en busca y captura:
Mohamed Afalah y Mohamed Belhadj (quien habría
estado viviendo durante un periodo de tiempo en su
casa de Bélgica tras el 11-M).
El Grupo de Lavapiés estaría liderado por el
marroquí Jamal Zougam y en él estarían encuadrados
Mohamed Chaoui, Mohamed Bekkali, Abdelaziz Benyaich
y Rachid Bendouda.
El Grupo de Delincuentes tendría como jefe a El
Chino y a él pertenecerían Abdennabi Kounjaa, los
hermanos Mohamed y Rachid Oulad, Abdililah el Fadual
el Akil, Rachid Aglif (El Conejo) y Otman el Gnaoui.
Empecemos por este último grupo por ser el que, en
principio, nada tenía que ver con los islamistas
radicales. Como pone de relieve el auto, la Udyco
(Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado) de
Madrid llevaba meses investigando a El Chino y a su
banda.Tan es así, que el 29 de febrero de 2004,
cuando Jamal Ahmidan venía de Asturias con su coche
cargado de dinamita, la Policía estuvo grabando sus
conversaciones con Otman el Gnaoui, entre otros, que
había salido desde Madrid para encontrarse con él en
las cercanías de Burgos:
«- O: Sí.
- J: ¿Dónde estáis?
- O: Ahora nos faltan 15 kilómetros de Burgos.
- J: Espéranos en cualquier gasolinera de la salida.
- O: Vale, Jamal».
Pocos minutos antes de la citada conversación, la
Guardia Civil había puesto dos multas a El Chino,
que viajaba en un Toyota Corolla (matrícula 9231 CDW)
por no presentar el recibo del seguro del coche y no
tener los papeles en regla. Hay que recordar que el
citado vehículo era robado y que Ahmidan llevaba un
pasaporte falso a nombre de Youssef ben Salah.
Teléfonos
Esa misma noche, la dinamita transportada por El
Chino, Mohamed Oulad y Kounjaa (que viajaban en otro
coche) recaló en la casa de Morata de Tajuña. Ese
mismo día, Ahmidan habló por teléfono con gente tan
destacada en la trama de la dinamita como Suárez
Trashorras o Carmen Toro.
Ni que decir tiene que, además de El Chino, la Udyco
tenía intervenidos los teléfonos de El Gnaoui,
Hicham Ahmidan (primo de El Chino), Lofti Sbai o
Rafá Zouhier.
Gracias a las grabaciones de dicha unidad, y ya tras
el 11-M, la Policía pudo saber que Zouhier trabajaba
como confidente de la UCO (Unidad Central Operativa)
de la Guardia Civil.
En una de las conversaciones grabadas por la Udyco
(17 de marzo de 2003), Zouhier le describía a El
Chino a su controlador, el agente Víctor, para que
pudiera detenerlo.
El hilo de Zouhier nos lleva precisamente hasta
Asturias. El marroquí no sólo informó en 2003 a la
UCO de que en Asturias había gente dispuesta a
vender dinamita, sino que viajó hasta Avilés en un
coche alquilado con dinero de la Guardia Civil para
señalarle sobre el terreno al capitán de la UCO
conocido como Víctor quiénes eran los implicados en
la trama: Antonio Toro, Suárez Trashorras, Javier
González Díaz, El Dinamita, etcétera.
La trama asturiana no sólo era conocida por la UCO a
través de Zouhier, sino que dicha unidad trasladó un
informe sobre la misma a la Comandancia de Avilés en
febrero de 2003, según revela el auto del juez.
Por si esto fuera poco, el ex minero Trashorras (a
quien Del Olmo imputa no sólo la comisión de 191
asesinatos en los trenes, sino también el asesinato
del GEO Torronteras en Leganés) era confidente del
jefe de Grupo de la Brigada de Estupefacientes de
Avilés, Manuel García Rodríguez, Manolón.
Trashorras le había hablado a Manolón sobre los
«moritos» con los que hacía negocios desde meses
antes del atentado. Alguno de ellos (El Chino y
Mohamed Oulad, al que los asturianos llamaban El
Risitas) acudieron incluso a la boda de Trashorras
con Carmen Toro, que se celebró en Avilés.
Es decir, que el Grupo de Delincuentes y la trama
asturiana de la dinamita estaban controlados tanto
por la Guardia Civil (UCO y Comandancia de Avilés)
como por la Policía (Udyco y Comisaría de Avilés).
Pero vayamos ahora a los integrados en grupos
radicales islamistas.
Prestemos atención a lo que dice el auto del juez
sobre el llamado Grupo de Leganés.
Su primitivo jefe, Maymouni (conocido como Mustafá),
cuñado de El Tunecino, en el momento de su detención
en mayo de 2003 en Marruecos, «había dejado en
suspenso la célula de Madrid al parecer de que [sic]
ésta pudiera estar infiltrada por los Servicios de
Seguridad españoles», según reza el auto de Del
Olmo.
No le faltaba razón a Mustafá para tener la mosca
tras la oreja.A raíz de los atentados de Casablanca,
el Grupo III de la Brigada Provincial de Información
de Madrid desarrolló una amplia operación en torno a
una serie de domicilios (páginas 1.354 y 1.355 del
auto de procesamiento): calles de la Virgen del
Coro, Francisco Remiro y Lavapiés.
El primero de ellos era propiedad de los hermanos
Almallah Dabas y en él se daban charlas
proselitistas de apoyo a la yihad. Además, allí
vivían Basel Ghalyoum y Fouad el Morabit. Y por allí
pasaban, entre otros, El Tunecino, que vivía en la
calle de Francisco Remiro y tenía, a su vez,
controlado policialmente su propio domicilio.
En la primera semana de marzo de 2004 (una antes del
atentado), el Juzgado Central de Instrucción número
4 (al frente del cual estaba el magistrado Fernando
Andreu) autorizó la intervención del teléfono de El
Tunecino, que, además de ser investigado por la
Brigada Provincial de Información de Madrid, estaba
en la lista de sospechosos de la UCIE (Unidad
Central de Información Exterior, especialista en
terrorismo islamista, dependiente de la Comisaría
General de Información).
Pero, es más, previamente a estos seguimientos, el
citado grupo había sido objeto de investigación por
parte del magistrado Baltasar Garzón.
En el verano de 2002, el entonces juez titular del
Juzgado Central de Instrucción número 5, ordenó la
intervención del teléfono de El Egipcio, así como la
vigilancia de su domicilio, donde la Policía detectó
la presencia de El Tunecino y de Ray Mohamed
(conocido como Mourat).
La información que tenía Garzón sobre este grupo era
completísima.No sólo gracias a la labor de la
Policía, sino también al trabajo que durante tres
años (hasta julio de 2003) desarrolló el confidente
conocido como Cartagena (testigo protegido 11.304).
Según relata el auto de procesamiento (páginas 1.224
a 2.241), Cartagena aportó datos muy relevantes
sobre El Tunecino, Larbi ben Sellam, Faisal Allouch,
El Egipcio, Jamal Zougam, Mohamed Afalah, El
Mensajero y El Chino.
Los testimonios de Cartagena han sido de gran
utilidad no sólo en las investigaciones previas al
11-M, sino en la llamada operación Nova, que destapó
un plan para hacer saltar por los aires la Audiencia
Nacional.
Son igualmente importantes las revelaciones que hizo
la testigo protegida S-20-04-W-18, que desde 2002
hasta diciembre de 2003 informó a la Brigada
Provincial de Información de Madrid sobre el grupo
en el que estaban integrados los hermanos
Almallah.Incluso llegó a entregarles a los policías
algunos de los vídeos proselitistas que se
visionaban en el local de la calle de la Virgen del
Coro.
Asimismo, indicó a los agentes un piso donde
mantuvieron una reunión en Lavapiés Maymouni y El
Tunecino. Fue dicha testigo protegida quien dio la
información de que Amer Azizi había salido de España
disfrazado de mujer. Pero, además, transmitió dos
datos muy relevantes. El primero de ellos es que
cuenta una reunión entre El Tunecino y El Chino en
octubre de 2003, con lo cual se ponía de relieve la
confluencia de dos grupos fundamentales para la
comisión del atentado: el Grupo de Leganés y el
Grupo de Delincuentes. El segundo es que su marido,
Mouhannad Almallah, «siempre le decía que hablaban
de cometer algún atentado y llegó a decirle que un
día iba a cometer un atentado con su coche en las
torres de Plaza de Castilla» (página 1.222 del
auto).
Sin embargo, éstas no eran las únicas fuentes de
información de las que disponían los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad sobre el núcleo central de
islamistas radicales al que el juez denomina Grupo
de Leganés.
Como el propio Del Olmo confirma en su auto, el
Juzgado Central número 5 había autorizado la
intervención del teléfono de Said Berraj en
diciembre de 2003. Y, de hecho, sus comunicaciones
estaban intervenidas cuando se produjo el atentado.
El Mensajero estaba controlado no sólo por la UCIE,
sino por la Brigada Provincial de Información de
Madrid.
Berraj, según el auto de procesamiento, mantuvo
contactos antes y después del 11-M con Mohamed
Belhadj (actualmente huido), que fue quien alquiló
el piso de Leganés donde se suicidaron siete de los
autores materiales del 11-M: El Chino, El Tunecino,
Lamari, los dos hermanos Oulad, Kounjaa y Rifaat.
Pero, además, Lamari estuvo controlado por el CNI a
través del confidente Safwan Sabagh (conocido como
El pollero de Valencia).El Pollero aportó
información a los servicios secretos no sólo sobre
Lamari, sino sobre Mohamed Afalah (otro de los
huidos) y Abdennabi Chedadi y reveló también
contactos de este grupo con El Tunecino en los meses
previos a la matanza.
Respecto al llamado Grupo de Lavapiés, su hombre
clave y uno de los imputados por el juez Del Olmo
como autor material de la masacre, Jamal Zougam,
estaba siendo controlado telefónicamente desde hacía
meses por orden del juez Garzón. Su casa ya había
sido registrada con motivo de la operación Dátil y,
en 2003, fue objeto de investigación tras los
atentados de Casablanca.
Es decir, que todos los grupos que participaron en
la comisión del 11-M estuvieron de una u otra forma
bajo control policial en los meses previos al
atentado.
¿Puede atribuirse única y exclusivamente a la
descoordinación policial el hecho de que, a pesar de
tener tan abundante información por diversas
fuentes, pudiera llevarse a cabo el mayor atentado
de la Historia de España?
Sin duda, la descoordinación ha sido un factor real
y esencial para que los terroristas pudieran llevar
adelante sus planes.
Sin embargo, eso no lo explica todo. Seguramente, ni
la Guardia Civil, ni la Policía, ni el CNI pensaron
nunca que un grupo variopinto de delincuentes e
iluminados podría llevar a cabo una acción similar a
la que se produjo el 11 de Marzo.
Es realmente muy extraño que no se filtrara entre la
confusa y extensa maraña de los implicados algo que
llamara la atención a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado sobre sus macabros planes.
Algunos indicios muy relevantes (por ejemplo, los
dos individuos que compraron los teléfonos que
sirvieron de temporizadores para las bombas y que no
han sido reconocidos por los dueños de la tienda
entre los imputados) llevan a pensar que hubo un
elemento externo que hizo de catalizador del
atentado, que, de hecho, se preparó en su fase final
en tan sólo 11 días: la dinamita llega a Madrid el
29 de febrero por la tarde y los teléfonos se
compran entre el 4 y el 8 de marzo. |
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