Y esa ocultación al magistrado se prolongó durante meses hasta que, desde el juzgado dirigido entonces por Baltasar Garzón, se puso en marcha la denominada operación Nova.

Dicha operación, en la que se desmanteló una célula que, al parecer, tenía muy avanzado un plan para volar la Audiencia Nacional, se puso en marcha en noviembre de 2004. Es entonces cuando irrumpe judicialmente este informador policial.

En aquella fecha, Garzón le otorgó la condición de testigo protegido.Su declaración fue clave para desmantelar toda la célula, y sirvió para blanquear a este topo ante la Audiencia Nacional. Fue a través de los medios de comunicación como el juez Del Olmo se enteró de la existencia de este colaborador policial, apodado por los agentes de la UCIE como Cartagena. Es decir, desde el 11 de marzo de 2004 hasta noviembre de ese mismo año la Policía mantuvo a su informador oculto a la Justicia. Y tras la operación Nova, tampoco emitió ningún informe sobre Cartagena al Juzgado que dirigía las pesquisas sobre el 11-M.

Según explicaron fuentes de la investigación, tras la masacre y las primeras averiguaciones que hacían sospechar que se trataba de un atentado islamista, los mandos de la UCIE optaron por no desvelar la existencia del topo. Sí contactaron con él en el Parque de Juan Carlos I, en Madrid, apenas tres días después de la masacre. En aquella ocasión, como ya desveló este periódico, el informador les recriminó a sus controladores policiales: «¿Cómo es posible que haya pasado esto con todo lo que os he ido contando?».Le encargaron, entonces, que tratara de hacer gestiones para identificar y localizar a los autores de la masacre. Ya en aquella fecha, Cartagena no estaba en Madrid, se encontraba en Almería.

El informador había comenzado a colaborar con la UCIE en octubre de 2002. Durante más de un año estuvo facilitando informes muy precisos sobre algunos de los que posteriormente han estado relacionados con las masacres de Casablanca y de Madrid. En algunos de sus informes ya alertaba de que los islamistas con los que se reunía se preguntaban por qué había que ir a Irak para perpetrar atentados cuando se podían cometer en Marruecos o en España.

Cartagena participaba e, incluso, dirigía los rezos en Villaverde con algunos de los más representativos integrantes de las redes terroristas, como Mustapha Maymouni (actualmente encarcelado como presunto cerebro de los atentados de Casablanca), El Tunecino o El Egipcio.

La Policía le encargó que se acercara al barrio de Lavapiés y controlara las reuniones en el local de Jamal Zougam (encarcelado actualmente como uno de los presuntos autores materiales de la masacre). De todo ello, el topo iba facilitando a las Fuerzas de Seguridad números de teléfono, matrículas de vehículos, viviendas donde se reunían... Incluso propuso a uno de sus controladores, apodado El Rubio, grabar las reuniones que en varias ocasiones mantuvo con estos radicales en su propia casa. Pero este mando no vio utilidad en realizar las grabaciones. De hecho, fue él quien pidió a Cartagena que abandonara la vigilancia de la célula de El Tunecino por considerar que no era relevante y que se trasladara a Barcelona para controlar a un grupo de argelinos. Finalmente, Cartagena se trasladó a Almería y abandonó el contacto con El Tunecino. Había llegado a un nivel de confianza tal con él que hasta llegó a ser testigo de su boda.

Pero las informaciones que este colaborador iba proporcionando no se perdían, iban a parar al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que, durante 2002 y 2003, estuvo ocupado por Baltasar Garzón. La UCIE facilitaba todos los datos sobre integristas radicales e indicaba al juez que habían sido obtenidos por un informador. Y Garzón incorporaba estos datos en las diligencias previas sobre redes islamistas 396/02. Fruto de dichos datos, y en el marco de estas diligencias, el juez autorizó la intervención de los teléfonos móviles de, entre otros, El Tunecino y El Egipcio.Pero la Policía no le contó a Garzón que tenía un topo dentro de la organización radical. Hablaba siempre de «un informador» en sus peticiones.

El juez Del Olmo tuvo que solicitar en varias ocasiones por escrito a su compañero Garzón el contenido de todas las notas policiales sobre los contactos con Cartagena y sus declaraciones con motivo de la operación Nova. En ellas, prestadas en noviembre de 2004, ocho meses después de la masacre, el informador relató a Garzón todos sus contactos y sus relaciones con los implicados en el 11-M. Es decir, relató de nuevo todo aquello de lo que en su día fue informando a la Policía y ésta al propio Garzón sobre la trama radical.

La declaración de Cartagena se prolongó durante más de 10 horas y, salvo la primera, el resto se centró en el 11-M, pese a que Garzón no era el instructor de la causa.

Del Olmo aún no ha tomado declaración en profundidad a este topo, ya que cuando le citó éste se remitió básicamente a lo que declaró ante Garzón.

Lo que sorprende entre especialistas en la lucha antiterrorista es que, con todos los datos facilitados por Cartagena durante más de un año sobre la célula de El Tunecino, no se hubiera actuado contra ella cuando estaba meridianamente claro que, por lo menos, se dedicaban al reclutamiento de integristas. Sorprende también que la Policía no hubiera querido grabar las conversaciones con los sospechosos, como ofreció el colaborador policial.