La magistrada ha vuelto a dar por terminada la investigación y ha ratificado la existencia de indicios de un presunto delito de falsedad documental en la conducta de Santano, Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez.

Ramírez, jefe del laboratorio de análisis químicos, fue el autor material de la alteración del dictamen de los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, alteración que llevó a cabo siguiendo «las indicaciones escritas por Pedro Mélida», número dos de la Policía Científica, «que previamente había elevado consulta al comisario» Miguel Angel Santano, precisa la juez.

La reciente práctica de pruebas pedidas por la defensa -motivo por el que Gemma Gallego revocó la conclusión de las diligencias que había acordado hace dos meses- no ha modificado, a ojos de la instructora, los datos incriminatorios existentes contra los mandos de la Policía Científica.

Al contrario: el relato de hechos imputados que la magistrada refleja en la resolución conocida ayer contiene precisiones de carácter incriminatorio -singularmente contra Santano- que no aparecían en el auto del pasado 10 de noviembre.

En aquella fecha, Gallego cerró la instrucción y abrió la fase de preparación de juicio oral contra los cuatro responsables de la Policía Científica por presuntos delitos de falsedad documental y/o falso testimonio, dando un plazo a las acusaciones para que presentasen escrito de acusación.

El abogado defensor, José Antonio Choclán, recurrió esa decisión argumentando que, al haber permanecido secreto el procedimiento, no había podido interrogar a los tres peritos autores del informe sobre el ácido bórico hallado a Hasan Haski, procesado por el 11-M.

La juez aceptó el recurso de la defensa, reabrió la instrucción y volvió a llamar a declarar a los peritos, que fueron interrogados en presencia de todas las partes.

La magistrada no considera «imprescindibles en este momento procesal» otras pruebas instadas por la defensa y la Abogacía del Estado, de manera que ha vuelto a cerrar la instrucción y a indicar los hechos presuntamente delictivos por los que, a su parecer, Santano, Mélida, Andradas y Ramírez deberían sentarse en el banquillo.

Los hechos provisionalmente acreditados en la instrucción son los mismos que la juez narró en su auto del 10 de noviembre a excepción de tres datos añadidos. El primero, que Ramírez requirió a los peritos para que cambiaran el informe «en la forma dispuesta en las indicaciones escritas por Mélida, que previamente había elevado consulta al comisario, mediante el oportuno comunicado de novedades».

La juez deja claro con ello que no ha creído a Santano cuando éste aseguró que conoció lo ocurrido con el informe del ácido bórico el pasado septiembre, cuando EL MUNDO publicó que el informe de los peritos había sido alterado para que no figurara la referencia a ETA.

El segundo dato añadido por la instructora es que Andradas, jefe de la Unidad Central de Analítica, envió el informe manipulado por Ramírez a la Comisaría General de Información (para que, a su vez, lo remitiera al juez del 11-M) «conforme a lo indicado por el comisario Santano», precisión que no figuraba en el auto de noviembre.

Firma «como único perito»

El tercer añadido afecta a Ramírez y sirve a la magistrada para señalar que, además de cambiar el objeto del informe, suprimir la identificación de los peritos y atribuirse a sí mismo la recepción de las muestras y la práctica de las pruebas analíticas, el jefe del laboratorio firmó el nuevo informe «como único perito».

Gallego ha denegado ocho diligencias propuestas por la defensa y que la juez cree innecesarias para la instrucción.

Se trataba, entre otras, de la declaración del secretario general de la Comisaría de Información, cuya comparecencia había sido solicitada por Choclán para que aclarara el alcance del encargo realizado a la Policía Científica. Gallego indica que el oficio mismo de la Comisaría de Información no ha sido impugnado y resulta «explícito».

Respecto a la declaración del funcionario que realizó una de las pruebas analíticas del informe suscrito por Escribano, López y Manrique, la instructora explica que «la conducta imputable al jefe de laboratorio no resulta ser -como asevera la defensa- no haber realizado personalmente las técnicas analíticas», sino la cadena de alteraciones que se indican en la propia resolución judicial.