El marroquí Jamal Zougam, según el juez Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez, fue una de las piezas fundamentales en la estructura de los atentados del 11-M y, además, está acusado de ser uno de los terroristas, vivo, que colocaron las mochilas-bomba en los trenes de la muerte.

Allekema Lamari, argelino y miembro del Grupo Armado Islámico (GIA), estaba considerado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como el jefe militar del comando del 11-M y se suicidó el 3 de abril de 2004 en el piso de Leganés junto al resto del comando.

Abdelkader Farssaoui mantiene en su denuncia ante la Audiencia Nacional que los agentes policiales le dieron una serie de instrucciones sobre un marroquí que tenía una tienda de teléfonos móviles en el barrio madrileño de Lavapiés: «En uno de los encuentros con la UCIE me hablaron de Jamal Zougam para que me acerque a él y así poder facilitar información sobre su persona y las actividades que desarrolla».

Tras un tiempo siguiendo y controlando a Zougam, Cartagena llega a la siguiente conclusión sobre el presunto terrorista: «Pasado un tiempo no les he podido [se refiere a los agentes de la UCIE] dar información sobre el mismo, porque parecía que lleva una vida normal».

En ese momento, siempre según el escrito-denuncia que Abdelkader Farssaoui presentó el pasado viernes en la Audiencia Nacional, los agentes policiales se abrieron con su confidente y le confesaron cuáles eran sus auténticas pretensiones: «Es cuando me dicen que no le pudieron encausar [se refiere a Zougam] por el 11-S, y que quieren que intente acercarle a las reuniones de Serhane El Tunecino -que estaba ejerciendo de líder del grupo- para así tenerle controlado como a los demás».

En las «notas informativas» que la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) elaboró a partir de las informaciones facilitadas por Farssaoui y que EL MUNDO reveló el 31 de mayo de 2005 se recogía una serie de datos sobre Zougam y su tienda de Lavapiés. En la «Nota número SIETE» (17-febrero-2003) se indicaba: «Ha confirmado que en los mencionados rezos del viernes también asisten a esa mezquita dos individuos marroquíes, que trabajan ambos en la tienda que tiene en Lavapiés el marroquí Mohamed Chaoui. En ese momento se le muestran varias fotografías en las que reconoce a ambos individuos, que el pasado lunes coincidieron con él en la fiesta del cordero, que llegaron en un vehículo marca Mitsubishi, 0720 BLX. A dicho vehículo le figura como titular Jamal Zougam».

En la tienda de telefonía de Lavapiés trabajaban Jamal Zougam, su hermanastro Mohamed Chaoui y Mohamed Bakali. Zougam y Chaoui fueron detenidos tras los atentados del 11-M. El primero está acusado por ser uno de los autores materiales de aquella matanza y el segundo salió en libertad seis días después de su arresto.

EL MUNDO ha podido saber que cuando la Policía investigaba la célula de Al Qaeda en España -que, según sentencia judicial, dirigía Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah- se reunió en dos ocasiones con Jamal Zougam para convencerlo de que debía trabajar para ellos como colaborador. Zougam rechazó de manera rotunda la oferta de los agentes policiales.

Otro de los trabajos y objetivos que la UCIE encomendó a Cartagena, con anterioridad a los sucesos del 11-M, fue el control y seguimiento de Allekema Lamari. Ese argelino estuvo en la cárcel en España entre 1997 y 2002 por pertenecer al Grupo Islámico Armado (GIA) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantiene que fue el jefe militar del comando que atentó en el 11-M.

Abdelkader Farssaoui, en referencia a la destrucción de determinadas pruebas incriminatorias contra los agentes de la UCIE, recuerda en su escrito-denuncia: «Se aprovecharon para poder deshacerse de algunas pruebas, por ejemplo, grabaciones telefónicas con algunos agentes de la UCIE y también fotografías de Allekema Lamari que me fueron facilitadas por la UCIE para que yo pudiera localizar a dicha persona, un pequeño informe sobre el mismo y otros informes no relacionados».

Cartagena amplía sus comentarios-declaraciones sobre el jefe militar del comando terrorista: «Cuando localizo a Allekema Lamari se lo comunico [se refiere a los agentes policiales], estaban interesados y me pidieron datos sobre la zona donde se encontraba, y me dijeron que yo me fuese de esa zona».

El colaborador policial concluye ese punto con la siguiente afirmación: «Días después, pregunto sobre él y me dicen que está controlado y que mi tarea de observarle ha finalizado».

Desde el primer momento en que Allekema Lamari salió en libertad, en el año 2002, estuvo controlado y financiado económicamente por un hombre del CNI, el sirio Sabagh Safwan. A través de Safwan los agentes del CNI estaban al tanto de todos los movimientos del terrorista argelino, hasta el punto de que en una ocasión el sirio trasladó a Lamari desde Valencia a Madrid para que se entrevistara con El Tunecino.

Por esas circunstancias el juez Del Olmo solicitó el 22 de noviembre de 2004 al secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, que remitiera a su juzgado toda la información que tuviera sobre Allekema Lamari y que le hubiera proporcionado el CNI.

Camacho contestó al magistrado el 7 de diciembre de 2004 y aclaró que sobre las «notas o comunicaciones recibidas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativas a Allekema Lamari, en el año 2003 y en el año 2004, le comunico que la documentación relativa al periodo del 6 de noviembre de 2003 al 6 de marzo de 2004 no se encontraba en este Ministerio, ni en esta Secretaría de Estado, ni en ninguna de las dos direcciones generales, Policía y Guardia Civil, a nuestra llegada a este Ministerio en el mes de abril pasado». Hay que recordar que el PSOE ganó las elecciones el 14 de marzo de 2004.

El secretario de Estado, al parecer, no sabía que la propia Policía había encargado a Cartagena el seguimiento y control de Allekema Lamari y que los agentes de la UCIE tenían amplia y detallada información sobre el jefe militar del comando terrorista del 11-M.

Abdelkader Farssaoui acaba el punto relativo a Allekema Lamari en su escrito-denuncia de la siguiente forma: «También me dijeron que si alguien me preguntaba sobre Allekema Lamari les dijese que no le conocía. Aunque yo lo he localizado y fue transmitida la localización a la UCIE».

En otro momento de la denuncia, Cartagena recuerda las advertencias que recibe de los agentes policiales: «Me aconsejaron de que no hablase con nadie y, de que [sic] en el caso de detención por otro servicio, que no hable nada hasta que estén ellos presentes. Y que me deshaga de mi tarjeta telefónica (tragándola si hace falta)».

El confidente policial subraya en sus nuevas declaraciones judiciales que los policías españoles le pidieron que se infiltrara en los servicios secretos marroquíes: «Me pidieron acercarme a los servicios secretos marroquíes para espiarles y me dijeron que tenían grandes sospechas acerca de algunos agentes de dicho servicio, prometiéndome encubrimiento». La propuesta de la UCIE no fue considerada por Cartagena: «Yo rechacé porque no quería meterme en problemas con un país donde he nacido y he crecido y donde tengo a mi familia».

Otro de los puntos que el imam de la mezquita de Takouma (Madrid) refleja en sus nuevas declaraciones es que recibió instrucciones de la UCIE para que no revelara que estuvo en el chalé que Jamal Ahmidan, El Chino, tenía en Morata de Tajuña (Madrid) y donde los terroristas prepararon las mochilas-bomba de los trenes de la muerte.

Sobre ese apartado, Cartagena es muy directo: «Me dijeron en diversas ocasiones que si algún juez me preguntaba si había estado en la finca de Morata de Tajuña, les debería decir que nunca he estado... aunque yo he estado una vez allí y he facilitado los datos».

Por las afirmaciones del confidente policial se deduce que la UCIE tenía conocimiento de que El Chino y los suyos tenían un centro de reunión fuera de Madrid mucho antes de que se llevaran a cabo los atentados del 11-M.

Por último, Abdelkader Farssaoui recuerda, con respecto a los agentes de la UCIE que «todo lo declarado ante el juez Garzón fue lo que ellos mismos me pidieron que declarase».