El servicio telegráfico de la policía (Tepol) remitió a las 21.00 horas del 15 de marzo de 2004 un fax al Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional (Tomo 4, pags. 690-693).

En dicho fax, la policía le solicitaba a Del Olmo, con «carácter urgente», un mandamiento judicial para que la compañía Amena le facilitase todos los datos en relación a las 30 tarjetas vendidas por Sindhu Enterprise al locutorio Siglo Nuevo (Jawal Mundo Telecom), regentado por Jamal Zougam.

La orden del juez solicitando tales datos a la compañía Amena tiene fecha de 16 de marzo de 2004 (Tomo 4, página 696).

Según el escrito de acusación de la fiscal, a dicho lote pertenecían siete tarjetas que «se utilizaron [la recuperada en la bolsa de Vallecas y seis más] para encender los siete teléfonos móviles bajo el área de influencia de la BTS de Morata de Tajuña el día 10-3-04».

Como expone en el mismo escrito la fiscal Sánchez, «el registro del IMEI [identificación interna específica del aparato telefónico] tiene una caducidad de 72 horas si no tiene actividad, por lo que el resto de los artefactos (hasta 13) fueron programados con anterioridad a esas 72 horas de almacenamiento de los registros».

Es decir, según la versión de la fiscal, corroborada en multitud de informes policiales obrantes en la causa, si las tarjetas de los móviles se activaron el día 10 de marzo (un día antes del atentado), la BTS de Morata habría registrado la información sobre dichos móviles ese día y habría sido almacenada en la central de conmutación de la compañía, como máximo, hasta el sábado día 13. En ningún caso, hasta el martes día 16 de marzo, fecha en la cual el juez Del Olmo libró a Amena el mandamiento judicial solicitando la información sobre dichas tarjetas.

El jefe del departamento del Magreb de la UCIE (Unidad Central de Información Exterior) cuando se produjo el atentado fue aún más preciso en su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional el pasado jueves día 1 de marzo. El mencionado oficial dijo que las tarjetas se activaron «entre las 16.00 y las 19.00 horas del día 10 de marzo». Eso quiere decir que los datos referentes a las siete tarjetas que se activaron bajo la BTS de Morata, y dado que una vez activadas no realizaron ni recibieron ninguna llamada, se habrían borrado automáticamente a las 72 horas.

Es decir, que a partir de las 19.00 horas del sábado 13 de marzo, Amena no habría podido facilitar ningún dato a la Policía sobre las tarjetas que se activaron bajo la BTS de Morata entre las 16.00 y las 19.00 horas del día 10 de marzo de 2004.

Los responsables de la UCIE y la propia compañía tendrán que explicar cómo se obtuvo esa información, que ha servido para avalar la hipótesis de que los terroristas del 11-M montaron en la casa de Morata de Tajuña las 13 bombas que hicieron saltar por los aires cuatro trenes de cercanías, causando la muerte a 191 personas.

En su afán por localizar a los responsables de la matanza, las distintas unidades de la Policía iniciaron a partir de la mañana del día 11 una auténtica carrera contrarreloj.

La pista más relevante que llevaría a las primeras detenciones fue la bolsa o mochila hallada en la Comisaría de Puente de Vallecas en la madrugada del día 12 de marzo, conteniendo más de 10 kilos de Goma 2 ECO, metralla y un teléfono marca Trium T-110 conectado a un detonador.

Sobre las 4.00 horas del día 12 de marzo, cuando ya el tedax Pedro había desactivado la bomba, el aparato de teléfono fue llevado a las dependencias de dicha Unidad, en el complejo de Canillas. Su jefe, Juan Jesús Sánchez Manzano, la trasladó allí personalmente acompañado por el responsable de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro Jaén.

Para sorpresa de la policía, el teléfono conectado al detonador estaba apagado. ¿Cómo lo encendieron si no conocían su número PIN? Esa operación, clave para la investigación, no ha sido descrita en el sumario. Según fuentes solventes, uno de los jefes de sección de los Tedax abrió el teléfono, sacó la batería y la tarjeta e introdujo la suya. Después, marcó su número PIN y el teléfono se encendió.

Así fue como los Tedax supieron que el despertador del móvil, en modo de vibrador, estaba programado para las 7.40 horas.

Ahora bien, ¿estaban programados también el día y la hora?

El juez Del Olmo tuvo mucho interés en conocer ese dato fundamental.Tan es así que el 20 de octubre de 2005 (más de 19 meses después del atentado) ordenó a los Tedax un informe pericial sobre el asunto. El 7 de noviembre de dicho año, Sánchez Manzano le remitió al juez su informe pericial, en el que se afirmaba que «cuando se procedió al estudio del teléfono, su hora coincidía con la real y tenía activadas las funciones de alarma (7.40) y vibrador».

El comisario jefe de los Tedax no dijo la verdad al juez. Una vez que se quita la batería y la tarjeta al Trium T-100, es necesario volver a introducir los datos correspondientes al día y la hora.Es imposible que supieran que «la hora era la correcta» (como afirma también la fiscal en su escrito de acusación) si, como relataron el propio Sánchez Manzano y el comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, ante la Comisión de Investigación del 11-M, el teléfono se desmontó para extraer la tarjeta.

Ahora bien, ¿cómo llegó la policía al locutorio de Zougam a partir de dicha tarjeta?

El día 12 de marzo, a las 16.48 horas, el juez Del Olmo remitió un escrito a la dirección de la compañía Amena para que informase a la Brigada Provincial de Información (unidad que se hizo cargo de la investigación hasta que fue asumida por la UCIE el día 13 de marzo) de los datos de llamadas entrantes y salientes del teléfono 652282963 (correspondiente a la tarjeta que había dentro del móvil de la bolsa de Vallecas). También hizo lo propio con Amena, Movistar y Vodafone para que facilitasen a la policía la información referida al aparato con número de IMEI 350822350844612.

Sin embargo, como se supo después, el número de IMEI que figuraba en la pegatina del teléfono no era el que se correspondía con ese terminal, así como tampoco la tarjeta asociada a dicho número.Ese hecho retrasó durante muchas horas la investigación.

De tal forma que, hasta las 17.15 horas del día 13 de marzo, la Brigada Provincial de Información no dio los datos correctos al juez Del Olmo para que éste, a su vez, remitiera el mandamiento judicial tanto a Amena (tarjeta) como a Movistar (IMEI del aparato telefónico) para que le facilitasen todos los datos solicitados.

Es decir, que el mandamiento judicial no debió llegar a las compañías telefónicas hasta bien pasadas las 18.00 horas del sábado 13 de marzo. Lo normal es que entre la petición policial y el libramiento de la orden por parte del juez pasen unas dos horas. Por lo tanto, es imposible que se diera información relativa al activado de tarjetas antes de la misma hora a la que se produjo la transmisión de la orden judicial referida al día 10 de marzo.

Aunque resulta muy difícil, cabe la posibilidad de que el dato del encendido de la tarjeta hallada en la bolsa de Vallecas en la BTS de Morata se lograra antes de que vencieran las 72 horas en las que se produce el borrado automático desde que se registrara su IMEI.

Sin embargo, como ya se ha dicho, es materialmente imposible que se lograran obtener los datos de registro de IMEI de las otras seis tarjetas. Al menos, de forma legal. Cuando se remitió la orden del juez Juan del Olmo, habían pasado más de 48 horas desde que la información sobre las mismas había sido borrada automáticamente en la central de conmutación de Amena.

Incluso admitiendo que la policía, en su afán por descubrir a los culpables de la masacre, hubiese tratado de conseguir la información sin orden judicial, los tiempos hacen prácticamente inverosímil que eso se hubiera podido conseguir.

Para empezar, los propietarios de Sindhu Enterprise (los que vendieron las tarjetas al locutorio de Zougam) no prestaron declaración hasta pasadas las 16.00 horas del sábado día 13 de marzo (Tomo 6 del sumario, páginas 1.350 a 1.361). Fue en dicha declaración, realizada ante funcionarios de la UCIE, cuando, por primera vez, los propietarios de dicha tienda facilitaron a los agentes los números de las 30 tarjetas que fueron vendidas el 25 de febrero al locutorio sito en el barrio madrileño de Lavapiés.

Es decir, que por lo menos hasta pasadas las 17.00 horas del sábado 13 de marzo la unidad policial no pudo hacer gestiones ante Amena para que le facilitara los datos sobre dichas tarjetas.Hay que recordar que, según el jefe del departamento del Magreb de la UCIE, las tarjetas se conectaron a la red entre las 16.00 y las 19.00 horas del día 10 y que, por lo tanto, a las 19.00 horas del sábado todos, absolutamente todos los datos almacenados referidos a esas tarjetas quedaron automáticamente borrados.