El hecho se produjo el 26 de julio de 2004. Trigos, miembro de la UCO, intentó convencer al comandante Francisco Javier Jambrina, segundo jefe de la Comandancia de Oviedo, para que «destruyese la nota del 6 de marzo de 2003, de la que sólo obraba copia en las dos unidades».

Esa nota, cuyo contenido reveló ayer EL MUNDO, recogía una información que la UCO recibió en aquellas fechas sobre dos individuos asturianos, «Antonio Toro» y «Emilio [posteriormente se supo que se trataba de Emilio Suárez Trashorras]», que intentaban vender explosivos en Madrid, comprar armas cortas y largas (pistolas y fusiles repetidores), encargar la eliminación de una persona y traficar con cocaína y hachís.

Para llevar a cabo todos esos actos delictivos, Toro y Trashorras se pusieron en contacto con un uruguayo llamado Martín R. O. y se desplazaron de norte a sur de la Península, desde Asturias hasta Cádiz pasando por Madrid, utilizando dos Renault Megane que alquilaron en Hertz. Es decir, las actuaciones de los dos delincuentes asturianos eran de ámbito nacional y no regional, como mantuvo Hernando en su declaración ante la Comisión de Investigación.

Trigos reconoció el 26 de enero de 2005 ante el juez Juan Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez que, efectivamente, había llamado a Jambrina, y explicó sus motivos: «Que la conversación tuvo su razón de ser por las manifestaciones que había realizado el 20 de julio de 2004 ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados D. Félix Hernando Martín, coronel jefe de la UCO, en las que se refirió a que la única nota interna que se transmitió desde la UCO a la Comandancia de Oviedo fue la del 27 de febrero de 2003».

Ese mismo día, el 26 de enero de 2005, y ante Del Olmo y Sánchez, Jambrina declara y aclara cómo fue aquella llamada de Trigos: «Hubo una conversación con el alférez, se produce la tarde anterior al día en que iban a comparecer ante la Comisión los dos oficiales de la UCO, el alférez lo llama al móvil y le dice que si no le importaría destruir la nota del 6 de marzo, ya que sólo consta en las dos unidades».

La respuesta del comandante al alférez, según consta en la declaración judicial del primero, fue contundente: «No la voy a destruir». Jambrina, además, explica que se sintió muy molesto con el subordinado de Hernando porque «no le dio ninguna explicación para solicitar algo así».

Pero la principal sospecha que llevó al segundo jefe de la Comandancia de Oviedo a negarse a la destrucción de la prueba que demostraba que Hernando había ocultado información a la Comisión del 11-M fue: «Me llamó la atención porque en la nota del 6 de marzo de 2003 se ponía en evidencia que había una delincuencia organizada de ámbito que supera la comunidad autónoma [se refiere a Asturias], que es ámbito de intervención de la UCO».

Jambrina también descubre en su declaración judicial que Trigos no le ofrecía «confianza». Jambrina, tras negarse a destruir el informe del 6 de marzo de 2003, como solicitaba el subordinado del jefe de la UCO, reconoce que se sintió «molesto». «Lo puse a parir y conservé la nota».

Trigos, que era uno de los controladores del confidente marroquí Rafá Zouhier, argumentó ante el juez y la fiscal: «Es cierto que llamé al comandante Jambrina, pero simplemente le dije que procurase que la nota [se refiere a la del 6 de marzo de 2003] no se filtrase a los medios de comunicación».

Se da la circunstancia de que el propio Trigos omitió en su primera declaración ante Del Olmo que Zouhier avisó a la UCO de que los asturianos Toro y Trashorras estaban traficando con explosivos y que disponían de 150 kilogramos de Goma 2 para vender al mejor postor. Esa primera declaración judicial del suboficial de la UCO se produjo el 12 de mayo de 2004, dos meses después de los atentados.

Ese hecho se supo porque EL MUNDO así lo reveló antes de la comparecencia de Hernando en la Comisión. Después, el jefe de la UCO terminó reconociendo en el Congreso que su Unidad había recibido esa información con anterioridad a los atentados del 11-M y, sin querer, dejó en evidencia que el alférez Trigos no había dicho toda la verdad ante Del Olmo.

Y el juez, aprovechando la nueva declaración del subordinado del coronel Hernando sobre la destrucción de una prueba, preguntó al alférez Trigos: «¿Por qué omitió la información que dio ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados [se refiere al coronel Félix Hernando] sobre que Rafá Zouhier había advertido de que los asturianos tenían 150 kilos de explosivos?».

La respuesta del miembro de la UCO fue simple y poco ingeniosa: «Pudo ser que ese día se me olvidó decirlo». Después del olvido, el suboficial recuperó la memoria: «Pero es cierto que Rafá me dijo que había 150 kilos de explosivos a disposición de los asturianos». Y concluyó el agente de la UCO: «Rafá me dio esa información el 6 de marzo de 2003 sobre las 22.00 horas por teléfono».

Esa última fecha, 6 de marzo de 2003, que señala Trigos en su segunda declaración judicial, coincide con la que aparecía datada en el documento que Hernando omitió a la Comisión del 11-M y que su subordinado intentaba destruir, según manifestó judicialmente Jambrina.

Tras la declaración de Jambrina y de Trigos, Del Olmo decide ese mismo día, el 26 de enero de 2005, someter a un careo a los dos miembros de la Guardia Civil para intentar aclarar quién dice la verdad.

Jambrina, según se recoge en el acta del careo, manifiesta que «la petición fue de destruir el documento, al margen del sentimiento que se tenía en la Comandancia por lo que consideraban un traslado de responsabilidades de la UCO a Asturias».

Trigos intentó, al parecer, dar más explicaciones sobre los motivos que lo llevaron a llamar al comandante Jambrina: «La petición fue exclusivamente de evitar filtraciones, no hubo solicitud de destruir ningún documento y sí es cierto que hubo un nivel de cierta crispación verbal por la cuestión de las actuaciones de la UCO y de la Comandancia de Oviedo y de la Guardia Civil de Asturias, especialmente atendiendo a la comparecencia del coronel Hernando en la Comisión de Investigación el día 20 de julio de 2004».

El subordinado de Hernando se atrevió incluso a hacer una valoración sobre lo que pudieron pensar en la Comandancia de Oviedo cuando él llamó a Jambrina: «A lo mejor en la Comandancia, tras la conversación mantenida con el comandante Jambrina, la interpretación que dieron a la misma fue que la UCO quería ocultar la nota, y que la petición podía entenderse así».

Del Olmo, instructor del sumario del 11-M, llegó a la siguiente conclusión después de escuchar en un careo a Jambrina y a Trigos: «Este instructor aprecia una dosis de firmeza y serenidad en sus manifestaciones por parte del comandante Jambrina que no apreció en las manifestaciones del alférez Trigos, por cuanto éste trata de una forma verbal más locuaz de introducir elementos que este instructor considera de desvío de atención respecto de lo que es el núcleo de controversia».

Del Olmo también explica el «comportamiento y actitud» de los dos agentes: «Con una dosis de mayor nerviosismo gesticular por parte del señor alférez, tanto en brazos y manos como en la posición que ha adoptado en el sillón, como en ciertas miradas de inseguridad».

La última de las conclusiones a la que llega el juez es realmente llamativa: «El distinto rango que en la escala profesional tienen uno y otro careado, que desconoce el instructor si puede influir o no en la actitud mostrada por el señor alférez».

Y ya entonces, hace más de dos años, apareció la pista del coronel Hernando, la mano derecha de Rafael Vera y su maletín, porque era el que llevaba personalmente a Suiza el pago a sus señoras del silencio de Amedo y Domínguez. Naturalmente, fue muy comentado que el Gobierno del PP, que tenía a gala luchar contra el terrorismo sólo desde la legalidad, mantuviera al frente de la UCO, la unidad de elite de la Guardia Civil, a un hombre encausado por esas actividades delictivas -va a ser juzgado ahora- y hasta lo condecorase y ascendiese. Cuando Hernando llegó a aquella epopeya de la prevaricación y el perjurio al por mayor que fue la Comisión parlamentaria del 11-M, dirigida por el PSOE con la complicidad de los demás grupos para crucificar al PP, mintió, como casi todos los uniformados y no pocos civiles. Y ahora conocemos tres presuntos delitos gravísimos perpetrados por Hernando y su alférez Trigo: el de falso testimonio de Hernando, que mintió sobre su conocimiento de las andanzas explosivas de Toro y Trashorras a nivel nacional; los de encubrimiento e infidelidad en custodia de documento público por parte de Trigo, que, en vísperas de la declaración de Hernando, trató de destruir la prueba del delito. Un guardia civil se negó, pero el PSOE también se negó por tres veces a entregar a Zaplana el documento ahora aparecido. El estilo, entre delictivo y chapucero, recuerda mucho al del falsificador Santano y la trama del bórico. Así que no sabemos quién echó a volar la cometa, pero ya van apareciendo los hilos. Y si el juez Del Olmo y la fiscal Sánchez hubieran querido investigar los delitos de los que tuvieron detallada y careada noticia, posiblemente conoceríamos la hilatura completa.