La respuesta fue un comunicado de la Dirección General de la Policía plagada de sofismas y de flagrantes mentiras. En el mejor estilo al que acostumbra el ministro del Interior, la nota intenta ridiculizar el contenido del informe de los tres peritos, que presenta como absurdo con el argumento de que el ácido bórico es una sustancia común que se utiliza en decenas de aplicaciones que van desde la droguería al uso como insecticida.

No vamos a polemizar sobre el empleo del ácido bórico, pero tanto Hasan Haski, en cuyo domicilio se encontró este compuesto, como ETA se dedican a poner bombas y no a elaborar perfumes. También el fanático que derribó el edificio de Oklahoma, provocando cientos de muertos, utilizó un vulgar fertilizante que había comprado en una droguería.

Voluntad de ocultación

Lo esencial no es nada de ésto sino la supresión en el informe de los posibles vínculos con ETA, que pone de manifiesto la voluntad de ocultación de datos relevantes al juez. Ya decidirá la Justicia si esta falsificación tiene o no consecuencias penales. De momento, el juez Del Olmo remitió ayer los dos informes a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tendrá que valorar si hay indicios de delito para iniciar una investigación judicial, deduciendo testimonio.

Lo que los peritos decían en su informe -y que fue suprimido en el entregado al juez- es que el ácido bórico sirve para «conservar» explosivos o para «enmascarar» su detección. La misma sustancia había sido encontrada en un piso franco de Salamanca de ETA y uno de los miembros de este comando declaró a la Policía, a finales de 2001, que planeaban una gran masacre en Madrid como volar Torre Picasso. ¿Era o no relevante que el juez dispusiera de esa información?

La manipulación de este informe guarda extraordinaria similitud con el caso Bono, en el que no se dilucidó si el ministro de Defensa había sido o no agredido -lo de menos es el uso del ácido bórico- sino si la Policía había falsificado informes para detener a dos militantes del PP. Los tribunales condenaron a los agentes policiales y a sus jefes al quedar demostrado que se habían tergiversado los informes.

Habla el comunicado de «elucubraciones y consideraciones subjetivas» de los tres peritos. Los tres tienen una acreditada profesionalidad y uno de ellos está considerado como el mayor experto de la Policía en esta materia. Su informe respondió exactamente a lo que sus jefes les habían solicitado.

La nota de la Dirección General de la Policía contiene dos mentiras flagrantes que revelan la voluntad de engañar o confundir a la opinión pública. La primera es que el informe de los tres peritos es «un simple borrador». No lo es porque estaba rubricado en todas sus páginas y porque, como se puede comprobar, tiene un número de registro. ¿Desde cuándo los borradores son firmados y registrados?

El documento cumple todos los requisitos legales y va firmado por tres peritos. Por el contrario, el informe remitido al juez sólo va firmado por Francisco Ramírez cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal requiere la firma de dos peritos para acreditar su validez.

Mutilación del informe

La segunda de las mentiras de la nota es que al juez Del Olmo se le remitió «el informe íntegro, eliminando las observaciones». Estaba sustancialmente mutilado. Su contenido se había reducido de dos a una página. Además, se había falsificado su objeto y su autoría. Y, sobre todo, se había eliminado una información que los tres peritos consideraban muy relevante para el juez. Por eso, se hizo el cambiazo.

Descubierta la operación, Interior intenta ahora despistar a la opinión pública con esta nota plagada de falsedades mientras el ministro Rubalcaba amenaza con acciones legales que nunca va a iniciar. Ojalá se querellara contra EL MUNDO porque ello permitiría demostrar lo burdo de este engaño, que, por cierto, la nota oficial atribuye sin recato a Angel Santano, comisario general de la Policía Científica y políticamente cercano al PSOE. ¿Será la próxima víctima de la cúpula policial?

La manipulación es tan grosera que en el informe remitido al juez se dice que «va extendido en dos hojas de papel» y que «las dos primeras» incluyen «la rúbrica de los firmantes». El informe sólo tiene una firma, por lo que es obvio que al falsificador se le olvidó cambiar esta frase del documento original. El lapsus revela que los autores del segundo informe querían hacer creer al juez que éste era el auténtico y el único realizado por la Policía.

Rubalcaba dijo hace pocos días que el Gobierno había remitido al juez todos los informes del 11-M y que, en ninguno de ellos, había referencia a posibles vínculos de los islamistas con la banda terrorista ETA. El ministro no dijo la verdad y ello le pone en situación muy comprometida. Ayer, en lugar de dar una explicación coherente, intentó engañar a la opinión pública con una nota repleta de mentiras y falsedades. No será con este tipo de triquiñuelas como el Gobierno pueda recuperar un crédito que ha perdido por su falta de interés en esclarecer la verdad. Insistimos en recordar las palabras de Rubalcaba el 13-M: «España no se merece un Gobierno que mienta». ¿Quo vadis, Zapatero?