El abogado de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT) Juan Carlos Rodríguez
Segura mantuvo ayer ante el tribunal que para que se
produjera la masacre del 11-M tuvo que darse «una
confluencia de organizaciones terroristas».
Se trata de la tercera
ocasión en la que la Sala escucha a las acusaciones
afirmar que las deficiencias en la investigación han
acabado con un banquillo en el que faltan piezas clave.
Las palabras del letrado de la AVT -que en este juicio
actúa también como acusación particular de 15 víctimas-
se suman a las expuestas la semana pasada por la propia
AVT y por la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M.
Las acusaciones particulares siguen exponiendo sus
conclusiones. La representada por uno de los letrados de
la AVT quiere que se investigue qué hay por encima de
los «delincuentes comunes» que se sientan en el
banquillo. Otras siguen a pies juntillas la versión
oficial; recurriendo, si es preciso, al 'Asturias,
patria querida'.
El letrado presentó una versión endurecida del
escrito defendido la semana pasada en nombre de la AVT.
«No indultemos a la serpiente hasta que no estemos
seguros», indicó Rodríguez Segura en referencia a la
posible participación de ETA en la masacre. Según
explicó, no ha sido posible determinarlo «porque no se
ha investigado». Los que sí ha quedado claro a su juicio
es que quienes se sientan en el banquillo -«un grupo de
traficantes, confidentes y delincuentes comunes»- no
tenían capacidad para montar un atentado de la
envergadura del 11-M.
«Sostenemos que detrás de estos atentados ha
existido una confluencia de organizaciones terroristas
que debe ser investigada, puesto que en el presente
proceso no se ha realizado dicha investigación,
centrándose únicamente en los procesados y con un mínimo
de investigación para negar cualquier otra línea
posible», dijo. «En este sentido», añadió, «nos
encontramos con que, más que investigar las intervención
de concretas organizaciones terroristas, lo que se ha
pretendido ha sido analizar todos y cada uno de los
datos existentes por separado, no en su conjunto, para
de esta manera desvirtuar una investigación concreta».
Rodríguez Segura y su compañera Manuela Rubio han
ejercido la acusación más alejada de la versión
mantenida por la Fiscalía. Las discrepancias con el
Ministerio Público aparecen ya en el mismo marco de Al
Qaeda, en el que la fiscal encuadró el 11-M como
respuesta a la intervención de España en la Guerra de
Irak. «Para nosotros, el 11-M sólo tuvo un fin, un fin
espurio: acabar con el legítimo Gobierno de España como
firme baluarte de la lucha antiterrorista», consideró.
En su intervención, el letrado puso en duda alguna de
las piezas clave que sirvieron para iniciar la
investigación. Como ejemplo, indicó que la única
hipótesis lógica respecto a la mochila de Vallecas es
que «fue colocada con posterioridad a las explosiones,
de tal manera que sembraba una dirección de
investigación distinta a la mantenida hasta ahora».
Entre las víctimas representadas por este letrado se
encuentra Gabriel Moris, que perdió a su hijo en los
atentados y que ha sido uno de los ocho expertos de la
pericial sobre los explosivos. Del resultado de esta
prueba, explicó, se extrae «la posibilidad» de que lo
que estalló en los trenes «fuera Titadyn con cordón
detonante».
Después de celebrado el juicio, dice en su escrito
dirigido al tribunal, no hay «nada sobre los artefactos
de los trenes: ni el tipo de explosivo, ni el tipo de
detonador, ni el tipo de iniciador. Si a todos esos
datos les sumamos el hecho de la destrucción de los
trenes, no cabe sustraerse a la sensación de que desde
el principio se produjo un posible intento deliberado de
ocultar por todos los medios cómo estaban hechas las
bombas de los trenes, por si la sombra de la serpiente
se revelaba más positiva».
Rodríguez Segura fue la primera de las seis
acusaciones que intervinieron ayer. La siguiente en
hacerlo, en representación de Isabel Pinto Libramiento,
también fue muy crítica con la Fiscalía en el apartado
de los explosivos. «La deficiente investigación
impide concluir qué estalló, pero es imposible mantener
que sólo estalló Goma 2 ECO», mantuvo el abogado
Francisco Javier Rodríguez Fernández.
Igualmente, dijo que ha quedado «sin respuesta
objetiva» por qué se guardaron tan pocos restos de los
trenes, por qué los vagones se destruyeron, por qué las
muestras no fueron a la Policía Científica o por qué han
aparecido elementos propios del Titadyn.
En su intervención, como ya había hecho Rodríguez
Segura, criticó el trato del fiscal jefe de la Audiencia
Nacional, Javier Zaragoza, hacia algunas víctimas, e
indicó que la «esquizofrenia procesal» de la que habló
hubiera podido desaparecer si la Fiscalía no se hubiera
empeñado en mantener el secreto de sumario.
Esta acusación, como las que le siguieron, puso un
celo especial en resaltar la participación en los hechos
de Antonio y Carmen Toro: «Los hermanos Toro saben más
de los que aparentan y dicen».
También el letrado que intervino a continuación, en
representación de Mario Pelicari Giraldini, hizo un
exhaustivo repaso de los indicios que pesan sobre los
dos miembros de la trama asturiana. En el apartado de
los explosivos, el abogado José Antonio Sanz Grasa no
puso objeciones a las tesis de la Fiscalía.
En la sesión de la tarde, la abogada María Teresa
López Pariente volvió a criticar al fiscal Zaragoza. En
cuanto a la autoría de la masacre -tras citar a los
Reyes Magos y pasar por la relación Oriente-Occidente-,
dijo que sólo se había podido «intuir» el papel de Al
Qaeda. «Lo que sí ha quedado claro», añadió, «es la
falta de profesionalidad, de diligencia, e incluso la
ineptitud, de las Fuerzas de Seguridad a la hora de
emplear las informaciones de las que disponían para
evitar que sucediera lo que sucedió», dijo.
En esta misma línea, el letrado José Enrique Verdugo
-que a su vez se remontó 17 siglos, «a don Rodrigo y la
traición de don Julián»- dedicó una parte relevante de
su intervención a criticar al Ministerio del Interior
por el «descontrol» de explosivos que había en Asturias
antes de los atentados.
La exposición del abogado, que representa a Laura
Isabel Cuesta Muñoz, se alineó con el Ministerio Fiscal
en cuanto a los explosivos. Dio por buena la teoría de
la contaminación y mantuvo que, aunque por sí solos los
análisis no lo hayan probado, una multitud de indicios
permiten afirmar que estalló Goma 2 ECO.