La Fiscalía de la Audiencia
Nacional ha pedido al juez que rechace todas las
peticiones de diligencias relativas al 11-M presentadas
por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). El
escrito que ésta ha dirigido al magistrado Pablo Ruz,
que se hizo cargo del juzgado tras la salida de Juan del
Olmo, solicita media docena de medidas relacionadas con
los explosivos de la masacre que, a juicio de la
asociación, podrían arrojar alguna luz sobre posibles
autores o cómplices de la masacre.
La respuesta remitida al
juzgado por el fiscal del caso, Miguel Angel Carballo,
ha sido que la propia referencia a la sentencia del 11-M
que la AVT incorpora en su escrito debería llevar al
rechazo de la petición, ya que prueba que la materia fue
tratada en el juicio por la masacre, y hay que remitirse
al resultado que allí se obtuvo. El fiscal también
subraya que las diligencias aún abiertas en la Audiencia
con relación a las vinculadas a los atentados se centran
en la localización de presuntos autores o colaboradores
que huyeron o que siguen sin identificar, así como a
quienes pudieran haberles ayudado.
Las peticiones incluían que se reprodujese una
explosión en un vagón de las mismas características que
los del 11-M, «realizando diferentes pruebas de
explosivos Goma 2 ECO, Goma 2 EC y Titadyn». El objetivo
es determinar «qué tipo de explosivo pudo ser utilizado
en los trenes», así como su cantidad y el tipo de
iniciador que pudo utilizarse.
Para justificar ésta y otras peticiones, la AVT
argumentaba que la sentencia de la Audiencia Nacional
reforzaba la necesidad de practicar las diligencias, ya
que no despejaba completamente las dudas sobre el
explosivo empleado. Principalmente, que «no se sabe con
absoluta certeza la marca de la dinamita que explotó en
los trenes, pero toda o gran parte de ella procedía de
Mina Conchita».
Según la asociación, «si no se sabe con absoluta, ni
regular, certeza la marca del explosivo que explotó en
los trenes -hay dinamitas plásticas tipo goma de
diferentes composiciones y marcas, que tienen distintos
orígenes-, no se podrán realizar las investigaciones
necesarias para conocer si hubo uno o varios
suministradores, quiénes fueron y a quiénes se lo
facilitaron, y, por lo tanto, a los autores
intelectuales, materiales, cómplices y resto de personas
que, de una forma u otra, hayan participado en el
atentado».
La AVT también reclamaba una pericial sobre los
explosivos fabricados en España, Francia y Austria desde
1999, que contengan elementos detectados en la
investigación que no forman parte de la Goma 2 ECO
empleada mayoritariamente en la masacre. Principalmente,
DNT y nitroglicerina.
Igualmente, pedía «los libros de registro de los
explosivos que se encuentren en cualquier dependencia,
almacén, cuarto, etcétera, del centro policial de
Canillas, especialmente de los Tedax y de la Policía
Científica, así como el inventario y la cantidad de
explosivos almacenados en cada uno de ellos».
También solicitaba que se analice pericialmente el
ambiente en el que estaban almacenados los restos -no se
hizo durante la pericial principal- para comprobar si es
posible que se produjera la contaminación esgrimida por
la Policía Científica.
Todas las medidas fueron planteadas por primera vez
en mayo de 2007. Entonces, tanto la Fiscalía como Del
Olmo consideraron necesario esperar a que se dictase la
sentencia del 11-M. En febrero, con la sentencia en la
mano, la AVT reiteró sus peticiones.