La semana pasada, Antonio Rubio dio
cuenta en las páginas de este periódico de la falta de
interés por parte de la Policía para seguir el rastro de
33 billetes de 500 euros (2,75 millones de pesetas)
aparecidos entre los escombros del piso de Leganés.
Según dicha información, esos billetes no habrían salido
de ninguna de las cuentas bancarias de los imputados en
la matanza del 11-M. Entonces, ¿a quién pertenecía el
dinero?; ¿cuál era su procedencia?
El misterio comenzó a
desvanecerse cuando un miembro de la Comisaría General
de Información me susurró al teléfono: «Naturalmente, no
se ha investigado porque ese dinero... fue proporcionado
por la Policía».
Sorprendente. Sin embargo, lo más increíble de este
caso no es que los billetes de 500 euros salieran de los
fondos reservados de las fuerzas de seguridad, sino cómo
llegaron al piso de Leganés donde los siete islamistas
implicados en el 11-M se suicidaron el 3 de abril de
2004.
LA DEUDA
Todo
comenzó poco antes de esa fecha, cuando uno de los
imputados, Rachid Aglif, conocido como El Conejo,
transmitió a sus amigos su justificado miedo ante las
amenazas de muerte de Jamal Ahmidan, El Chino, por el
impago de una deuda contraída con él por la compra de
drogas (en concreto, pastillas).
Uno de los compañeros de El Conejo le dijo que
conocía a un policía que vivía en el barrio de Lavapiés
con el que tenía cierta confianza. Se trataba de un
inspector que había estado varios años destinado en el
País Vasco dedicado a tareas de información en la lucha
contra la organización terrorista ETA.
Aglif, que regentaba una carnicería en ese mismo
barrio, aceptó hablar con el agente. El Chino se había
convertido ya en uno de los principales sospechosos de
los atentados del 11-M. El pacto que le ofreció el
policía era tan simple como provechoso para la
investigación de la masacre: si se le proporcionaba el
dinero de la deuda con Jamal Ahmidan, él debía facilitar
la captura del presunto terrorista.
El citado inspector de policía acudió a la sede de la
Comisaría General de Información y contó con todo
detalle el asunto a uno de los altos mandos de la Unidad
Central de Información Exterior (UCIE) (probablemente
Mariano Rayón, entonces comisario jefe de la Unidad
especializada en terrorismo islamista).
El responsable de la UCIE olfateó enseguida las
posibilidades que ofrecía el acuerdo con el amenazado y,
de hecho, el propio Aglif acudió posteriormente al
complejo de Canillas para contar de viva voz su versión
de los hechos.
LA TRAMPA
Los miembros operativos de la UCIE se pusieron manos
a la obra. Instalaron una cámara de vídeo en la
carnicería de Aglif y montaron un dispositivo para
seguir a Ahmidan cuando éste acudiera al local a cobrar
el dinero que le debía El Conejo, y, de paso, a comprar
cordero, ya que era uno de sus clientes habituales.
Asimismo, los agentes de la UCIE colocaron un chip
rastreador en la bolsa donde metieron el dinero de la
deuda para poder así localizar la guarida de El Chino.
No se conformaron con eso. Además echaron mano de uno de
los amigos de Aglif, el también marroquí Hicham Rousafi,
para que siguiera los pasos de Ahmidan tras salir del
establecimiento sin que aquel se percartara.
El «día D», es decir, la fecha elegida para tender la
trampa a Jamal Ahmidan, fue el 2 de abril de 2004.
Precisamente ese día, El Conejo citó a El Chino en su
tienda para saldar sus cuentas.
Pero, justo un día antes, agentes adscritos a la
Comisaría General de Información detectaron una casa en
la localidad granadina de Albolote, a la que llegaron a
través del seguimiento de los teléfonos móviles, donde
se suponía que podían estar escondidos los miembros de
la célula responsable del atentado de los trenes.
En la madrugada del día 2 de abril, un equipo de los
GEO entró en la citada vivienda. El núcleo duro de la
UCIE que había organizado la operación para capturar a
El Chino a partir de la carnicería de Lavapiés, recibió
la orden de trasladarse también a Granada. La Comisaría
General de Información estaba convencida de que Ahmidan
se había refugiado allí junto al resto de sus
compinches. A pesar de que, en efecto, se encontraron
rastros de su estancia, la casa estaba vacía.
Aunque los miembros de la Unidad de Información
Exterior que montaron el dispositivo se habían
desplazado a Albolote el día anterior, el dispositivo de
la carnicería no se desmanteló.
Muy al contrario, la operación siguió su curso.
Agentes de la Comisaría General de Información no
adscritos a la UCIE fueron los encargados de llevarla a
cabo.
LA BOLSA EQUIVOCADA
El 2 de abril, el tiempo pasó lentamente. Era ya la
hora de cerrar y Ahmidan no había aparecido por la
tienda de Aglif. Pero, justo cuando éste se disponía a
marcharse a su casa, apareció Rifaat Anouar, uno de los
hombres de confianza de El Chino.
Rifaat, como era de esperar, además de recoger el
dinero de la deuda, compró también cordero. Pero, para
desesperación de los policías, sacó el dinero de la
bolsa donde estaba instalado el chip rastreador y lo
metió en la que él había traído para llevarse la carne.
Sin embargo, aún quedaba el recurso de Hicham Rousafi,
que se encontraba al acecho a unos metros de la tienda.
El amigo de Aglif, en efecto, siguió al compinche de El
Chino cuando salió de la carnicería hasta la estación de
metro más cercana y no le perdió la pista hasta que
aquel se bajó en Zarzaquemada. Según contó después a los
agentes, pudo seguir sus pasos hasta un lugar muy
cercano a la calle Martín Gaite.
Faltaban tan sólo unas horas para que la Policía
llegara hasta ese lugar donde, efectivamente, se
encontraba El Chino y toda su pandilla. Según el
testimonio confidencial antes relatado, los billetes de
500 euros localizados por la Policía tras el estallido
que hizo saltar por los aires la vivienda pertenecían a
la partida entregada a El Conejo como cebo para atrapar
a Jamal Ahmidan.
EPILOGO
Rachid Aglif, tal vez por miedo, no ha querido contar
ante el tribunal lo sucedido para utilizarlo en su favor
(al fin y al cabo, colaboró con la Policía en la
localización de El Chino). El policía de Lavapiés que
puso en contacto a El Conejo con los miembros de la UCIE
murió semanas después de los hechos víctima de un
infarto. A él se refirió en su declaración ante el
tribunal Mohamed Chaoui cuando dijo que un conocido
suyo, Hassan Serroukh, tenía «un amigo en los cuerpos y
fuerzas de seguridad» (aunque se equivocó al afirmar que
era «un agente del CNI»).
Hicham Rousafi declaró ante el juez Del Olmo el 26 de
abril de 2005. Pero, cuando dijo que «ayudó a la
policía» e incluso que «acompañó» a los agentes «a poner
una cámara en la carnicería de Rachid Aglif», nadie le
preguntó por esos hechos. O, al menos, sus respuestas no
constan en el sumario.
Hoy concluye el juicio oral por el 11-M. La vista
oral ha puesto de relieve multitud de lagunas en el
sumario. Pero, todavía, muchos aspectos de la masacre
siguen siendo una incógnita. Este caso es un buen
ejemplo.