Cada uno de los destacados junto a estas líneas tuvieron acceso, antes, durante o después de la matanza, a datos, documentos o informes cuyo conocimiento podía haber facilitado una determinada estrategia de acción política y de control de la opinión pública. La información fue un factor que el PSOE manejó con indudable éxito para obtener la victoria en los comicios generales de 2004 y para consolidar determinadas convicciones en la legislatura que siguió. Quizá sea una casualidad, pero todos ellos han promocionado personal o profesionalmente.

En algunos casos, como el de Telesforo Rubio o Félix Hernando, todos los caminos conducen además a señalar los indudables indicios que les vinculan con el Partido Socialista. El primero se negó a contestar en la Comisión de Investigación del Congreso si había participado en la elaboración del programa electoral del PSOE; tras el 11-M, fue ascendido a Comisario General de Información para coordinar todas las investigaciones que se incorporaron al sumario de la matanza, y ahora disfruta en Moscú de uno de los destinos mejor pagados de la Policía.

El reciente ascenso a general de Félix Hernando es un caso palmario de que los servicios se pagan. Estrecho colaborador de la cúpula de Interior condenada por los GAL, fue juzgado (y absuelto) por llevar a Suiza maletines con fondos reservados a las esposas de Amedo y Domínguez. Después aparece en el 11-M como máximo responsable de la UCO, encargada de controlar a uno de los personajes clave: Rafá Zouhier, que podía proporcionar información tanto de la banda de El Chino como de la trama asturiana. En el juicio, los responsables de la Comandancia de Oviedo acusaron a Hernando de mentir cuando intentó lavarse las manos.

Otros cargos no han recibido prebendas tan evidentes, pero también se han visto beneficiados. Es el caso de Carlos Corrales, que era el máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica. Fue el encargado de dirigir las investigaciones sobre los explosivos y, entre otros puntos, sobre la polémica furgoneta Kangoo. Ahora está en el Consejo Asesor de la Policía.

En la carrera fiscal también ha habido quien ha crecido. La misma Olga Sánchez, por ejemplo, ascendida al Supremo. O Pedro Martínez Torrijos, el fiscal del caso del ácido bórico, que ha realizado una auténtica defensa de los mandos que manipularon un informe para evitar que en el sumario se vinculase a ETA con el 11-M, aunque fuese muy colateralmente. Antes, representó al Ministerio Público en el caso de las sedaciones del hospital Severo Ochoa de Leganés, también para pedir la absolución del doctor Montes. Ahora, Martínez Torrijos ha ascendido a la Audiencia Nacional.

JORGE DEZCALLAR

Era el director de los servicios de Inteligencia cuando tuvo lugar la Guerra de Irak, cuando siete agentes del CNI fueron asesinados en una emboscada en Bagdad y cuando se produjo el 11-M. En la Comisión de Investigación, reveló datos que fueron utilizados para criticar al ex presidente Aznar (como que el CNI barajó desde el principio la pista islamista o que se les dejó «fuera de juego» en la investigación). Tras la victoria electoral de Zapatero, fue designado embajador en El Vaticano, uno de los destinos de mayor prestigio. Después, fue director internacional de Repsol YPF y ahora, embajador en Estados Unidos, la más importante de las misiones diplomáticas.

OLGA SANCHEZ

La fiscal del 11-M se volcó más allá de su obligación profesional en la defensa de las tesis oficiales y en el ataque, en ocasiones, a las discrepantes. La que ella representaba fue la única parte que pudo participar en la formación del sumario de la matanza, proponiendo, impulsando y supervisando pruebas, ya que el juez Del Olmo mantuvo el secreto hasta el final de la investigación. Fracasó en su intento de vincular la matanza a la red islamista Al Qaeda a través de tres supuestos líderes intelectuales, que resultaron absueltos, pero, aun así, fue ascendida después del juicio a la Fiscalía del Tribunal Supremo, puesto al que aspiraba desde hacía años.

JOSE MANUEL GARCIA VARELA

Era el responsable de los servicios de Información y la Policía Judicial de la Guardia Civil en el 11-M. Ahora, ascenso tras ascenso, ocupa la dirección adjunta y la subdirección operativa del Instituto Armado. Es el máximo responsable de la Guardia Civil, sólo por debajo del mando único. En la Comisión de Investigación, descartó que pudiese existir ningún vínculo entre ETA y el comando islamista que perpetró los atentados, aunque también reveló que, en los días previos a las elecciones, nunca se descartó del todo la pista etarra, y que la islamista no fue prioritaria hasta el mediodía del 13-M.

FELIX HERNANDO

Dirigía la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el 11-M. Rafá Zouhier, condenado por poner en contacto a Emilio Suárez Trashorras con la banda de El Chino, era uno de sus informadores. Ha sido ascendido hace unos días por decisión del ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, ahora que ocupa de forma interina la cartera de Defensa. Un informe de la Comandancia de Oviedo acusa a Hernando de mentir en el juicio y en la Comisión parlamentaria cuando dijo que dejó de investigar la trama de los explosivos en 2003. Fue juzgado y absuelto por entregar maletines con fondos reservados de Interior a las esposas de Amedo y Domínguez.

MARIANO RAYON

El día del atentado era el comisario responsable de la Unidad Central de Información Exterior (Ucie), encargada de investigar las tramas islamistas. Su unidad fue la que se hizo cargo de las investigaciones sobre los atentados tras descartarse la pista de ETA. Fueron sus subordinados los que localizaron al ahora condenado Emilio Súarez Trashorras como implicado en la trama. En el juicio reconoció que el seguimiento a El Tunecino se mantuvo hasta el mismo 11-M. Tras las elecciones fue enviado a trabajar a una embajada, la de Roma, una de las mejor valoradas. Es uno de los responsables policiales de la etapa anterior que mejor salieron parados.

MIGUEL ANGEL SANTANO

Era el responsable de la Policía Científica de Madrid. Como tal, su equipo recibió y analizó la polémica furgoneta Kangoo, donde aparecieron las primeras pruebas que empezaron a inclinar la opinión pública a decantarse por la pista islamista. Tras las elecciones de 2004 ascendió y ahora ocupa el máximo rango dentro de la Comisaría General de Policía Científica. Cuando ya ocupaba este cargo, varios mandos a sus órdenes manipularon un informe que se iba a incorporar al sumario de la matanza para evitar una mención que vinculaba colateralmente a ETA con el 11-M. Por ello, está pendiente de sentencia en el caso del ácido bórico.

TELESFORO RUBIO

Era un comisario zonal de Madrid. Tras el 11-M, pasó a hacerse cargo de la Comisaría General de Información, desde donde pilotó todas las investigaciones policiales sobre la masacre tras las generales. Apenas un mes después de acceder al cargo, compareció ante la Comisión parlamentaria. Se negó a aclarar si preparó en la sede del PSOE su comparecencia y si había participado en la elaboración de una parte del programa electoral de los socialistas. También se le relaciona con el chivatazo a la trama de extorsión de ETA. Ahora ha sido destinado a la embajada de España en Moscú como agregado de Interior, uno de los destinos mejor pagados en la Policía.

PEDRO LAGUNA

Era coronel y jefe de la Guardia Civil de Asturias cuando estalló el 11-M. Fue ascendido a general por el Gobierno del PSOE, poco después de que se cerrara la Comisión de Investigación del Congreso. Es el actual responsable de la Guardia Civil en Castilla y León. La Unidad Central Operativa (UCO) le remitió en 2003 un informe sobre la trama de los explosivos que controlaban Toro y Trashorras, pero él decidió no investigarlo, sin transmitirlo a sus subordinados. El documento sólo fue revelado meses después del 11-M, ya después de que Laguna hubiese abandonado su destino en Asturias.

MADRID.- El juez Javier Gómez Bermúdez es, sin duda, la persona a la que su relación con el 11-M ha proporcionado mayor relevancia pública. Por dos veces, el Supremo anuló su nombramiento como presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Desde ahí, se autodesignó para presidir el juicio. La mayoría conservadora del CGPJ insistió tres veces en designarlo para el cargo, hasta que el Alto Tribunal lo confirmó.

En diciembre, firmó junto a vocales progresistas un manifiesto anti-PP promovido por Jueces para la Democracia, pese a que él pertenece a la APM, que siempre apoyó su candidatura a la Sala Penal.

Su esposa, Elisa Beni, vendió miles de copias de un libro que contaba interioridades del juicio y por el que fue destituida como jefa de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El instructor del sumario del 11-M, Juan del Olmo, disfruta ahora del tranquilo destino que él quería: la Audiencia de Murcia. Impidió la participación en la formación del sumario de las defensas y de otra acusación que no fuese el Ministerio Fiscal. Después del juicio, obtuvo de un permiso de cinco meses con todos los gastos pagados en París para llevar a cabo un estudio que él mismo propuso argumentando su experiencia al frente del 11-M.

MADRID.- Algunos altos cargos policiales salieron intactos, pese a las evidentes negligencias que cometieron antes o después de la matanza. El caso más claro es el del teniente coronel Bolinaga, que era jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Gijón. Fue destituido y, después, sancionado por el Tribunal Supremo por ocultar al juez la cinta encontrada en la localidad asturiana de Cancienes en la que el confidente Lavandera revela, en el año 2001, que Toro y Trashorras traficaban con cientos de kilos de dinamita y buscaban a alguien que supiera montar «bombas con móviles». Se le buscó un destino tranquilo (Toledo). La única consecuencia que sufrió por su actuación fue la pérdida de 10 días de sueldo.

Juan Jesús Sánchez Manzano era el máximo responsable de los Tedax en los atentados. Pese a las graves irregularidades en su gestión y las contradicciones entre sus versiones en el Congreso y en el juicio, el Gobierno le mantuvo en su puesto. Actualmente ya no ocupa la plaza de jefe de los Tedax, pero sigue en la Policía.

Rodolfo Ruiz era el comisario jefe de la comisaría de Vallecas, donde apareció la polémica mochila. Fue juzgado por el caso de los militantes del PP detenidos tras la presunta agresión a Bono en la manifestación de la AVT. Conservó su sueldo pese a la condena inicial.

elmundo.es

Especial:

11-M, la sentencia.