El día 21 de marzo de 2005, cuando
los peritos con carnés profesionales 9, 11 y 155
conluyeron su informe sobre la sustancia hallada en el
domicilio del islamista Hasan Haski en Lanzarote, Angel
Santano, comisario jefe de la Policía Científica, se
encontraba de vacaciones.
Al frente de dicha
Unidad estaba el jefe de la secretaría técnica, Pedro
Melida, número dos de Santano.
El jefe de la Sección de Análisis, Francisco Ramírez
Pérez, tuvo que informar al jefe de la Unidad Central de
Analítica, José Andradas Heranz, de que los peritos
habían mencionado en su informe la palabra maldita: ETA.
Como ha reconocido la propia nota emitida el pasado
jueves por la Comisaría de Policía Científica, su máximo
responsable, Angel Santano, «fue informado del tema y le
pareció correcta la remisión del informe íntegro,
eliminando las observaciones».
Es decir, que Pedro Melida tuvo que llamar a su jefe,
el comisario Santano, localizarle en su lugar de
vacaciones y comentarle el asunto para ver qué se hacía.
Y lo que se acordó, sencillamente, fue confeccionar
otro informe nuevo para remitirlo a la UCIE, unidad que,
a su vez, se lo remitiría finalmente al juez Del Olmo el
29 de marzo de 2005.
En lugar de discutir con los autores del informe la
posible modificación de sus observaciones (si es que las
consideraban, como dice la citada nota de Interior,
«elucubraciones sin fundamento científico»), tiraron por
la calle de en medio: se confeccionó un informe falso en
el que se eliminaron de un plumazo los párrafos molestos
que hacían referencia a posibles vínculos entre el
atentado cometido en los trenes de ercanías de Madrid y
ETA.
Es de suponer que una decisión de ese calado, en la
que los conjurados asumían la comisión de, al menos, dos
delitos, fue consultada con el entonces responsable de
la Comisaría General de Información y jefe directo de
Santano, el recientemente destituido Telesforo Rubio.
Debió de ser así porque el informe de los peritos
salió, en efecto, de la Unidad Central de Analítica el
día 21 de marzo con destino a la UCIE, a la que, junto
con el documento firmado por los tres peritos, se le
hizo entrega de los restos de las muestras analizadas.
Por tanto, en el libro de registro de la Unidad
Central de Analítica debía figurar la fecha de salida de
dicho informe: el 21 de marzo de 2005.
Francisco Ramírez, que asumió la responsabilidad de
firmar el informe falso (él nunca llegó a realizar
ningún análisis de la sustancia que resultó ser ácido
bórico), tenía, por tanto, que llevar a cabo una nueva
falsificación para que no quedara constancia de la
existencia del primer y auténtico informe.
Esa nueva vulneracion de la legalidad consistía en
eliminar del libro de registro el nombre del perito que
recepcionó la sustancia y que, como es preceptivo, la
remitió posteriormente a la UCIE, para, en su lugar,
poner el suyo. Así mismo era necesario cambiar la fecha
de salida del informe: en lugar del día 21 de marzo,
debería figurar el 22 de marzo.
Y así se hizo, utilizando la poco sofisticada técnica
(sobre todo, teniendo en cuenta que nos hallamos ante
supuestos expertos de la Policía Científica) del borrado
con típex, se eliminó el nombre del perito número 9 para
sustituirlo por el de Ramírez. El enmascaramiento se
completó apuntando a bolígrafo la nueva fecha (22 de
marzo de 2005) justo encima del nombre de Ramírez. Ni un
párvulo habría realizado una labor tan poco refinada.
Antes de que desaparezca dicha hoja de registro, el
juez, o la Fiscalía, deberían ordenar la remisión del
libro de registro de la Unidad al juzgado como prueba de
la falsedad urdida para evitar que Del Olmo tuviera
conocimiento de los posibles nexos entre el 11-M y la
organización terrorista ETA.
Ramírez, que, como es lógico, conoce la ley de
Enjuiciamiento, que establece un mínimo de dos peritos
para la firma de los informes que se remiten al juez,
buscó en la Unidad de Análisis algún policía que
quisiera adjuntar su rúbrica al final del informe falso,
pero no encontró a nadie dispuesto a cometer tamaña
tropelía.
Así que, ante la falta de voluntarios que dieran
cobertura al informe confeccionado a base de recortes y
manipulaciones, se decidió remitir el escrito con una
sola firma. Era un riesgo que había que asumir ante la
gravedad de la situación (un asunto, al que, según la
nota del Ministerio del Interior, no se le dio la «menor
importancia»).
No era la primera vez que el juez Del Olmo, e incluso
la fiscal Olga Sánchez, habían requerido la firma de dos
peritos para aceptar los informes periciales como
buenos. Uno de los más aficionados a firmar informes en
solitario era el jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez
Manzano. Como muestra, un botón. A raíz de una
información publicada por EL MUNDO sobre el desarrollo
por parte de ETA de la técnica que permite usar los
teléfonos móviles de igual forma en que se hizo en el
atentado del 11-M, el juez Del Olmo solicitó el 12 de
abril de 2006 un informe al comisario jefe de los Tedax.
El 10 de abril de 2006, Sánchez Manzano remitió su
informe al juzgado asumiendo en solitario la paternidad
del mismo. El 18 de abril, la fiscal Olga Sánchez le
remitió un escrito al jefe de los Tedax en el que
advierte: «INTERESA que dicho informe sea emitido como
pericial y firmado por 2 peritos, al encontrarnos en la
tramitación de un procedimiento ordinario, arts. 456,
459 y concordantes de la L.E. Crim.». Pues bien, contra
toda lógica, el informe falso firmado por Ramírez fue
dado por bueno, ya que no se solicitó por parte del
juzgado que fuera avalado por, al menos, dos firmas. En
fin. Cosas que pasan.
Afortunadamente, en la Unidad de Análisis de la
Policía Científica, como en la mayoría de las unidades
del Cuerpo Nacional de Policía, sus funcionarios no sólo
son honestos, sino que atesoran una elevada
cualificación profesional.
Por ello, llama la atención la virulencia con la que
la Comisaría General de Policía Científica arremetió en
su nota del pasado jueves contra la solvencia de sus
tres peritos, a los que prácticamente calificó de
ineptos. Lo que no dijo la nota de Interior es que los
tres peritos firmantes del informe en el que se
mencionaba a ETA han participado en todos los análisis
de explosivos realizado por dicha Unidad relacionados
con el atentado del 11-M.
Si son tan dados a «elucubraciones» y consideraciones
«sin fundamento científico alguno» ¿por qué entonces
fueron ellos los que analizaron los restos de la Kangoo,
la muestra patrón de Goma 2 ECO, la dinamita hallada en
la mochila de Vallecas, los restos de explosivo
encontrados en las placas de porespán del zulo de la
casa de Morata, etc.? ¿Es que acaso no hay otros peritos
en la Unidad? ¿O es que se trata de algunos de los
mejores expertos en realizar dichos análisis y por ello
se les han encargado los trabajos fundamentales en la
investigación del mayor atentado que ha sufrido este
país en toda su Historia? En efecto, los peritos que
firmaron el informe auténtico sobre la sustancia
encontrada a Hasan Haski, forman uno de los mejores
equipos de la Unidad de Análisis de la Policía
Científica. Lo que ocurre es que no son dóciles
corderitos.
Y, por ejemplo, llamaron la atención al juez Del Olmo
sobre la no coincidencia entre los componentes del
explosivo hallado en la Renault Kangoo y en la mochila
de Vallecas. Como se recordará, Sánchez Manzano
pretendía hacer creer al juez que la dinamita de la
citada mochila de Vallecas también contenía «metenamina»
(sustancia que había aparecido milagrosamente en el
resto de explosivo hallado en la Renault Kangoo y en la
muestra patrón de Goma 2 ECO), para que, de esa forma,
le cuadrase su bárbara manipulación. Mientras Sánchez
Manzano y otros siguen en sus puestos tranquilamente, a
los profesionales que hacen su trabajo se les fustiga y
denigra.
casimiro.g.abadillo@el-mundo.es