La primera de esas pruebas era un informe que la UCO elaboró el 6 de marzo de 2003, en el que se demostraba que Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras traficaron con explosivos a nivel nacional. Ese documento fue ocultado por Hernando a los diputados de la Comisión.

La segunda de ellas era la declaración del comandante Francisco Javier Jambrina, segundo jefe de la Comandancia de Oviedo, donde mantenía que el alférez Jaime Trigos, de la UCO, lo llamó y le pidió que destruyera el informe que demostraba que su jefe no había dicho la verdad.

El magistrado de la Audiencia Nacional, apoyándose en un dictamen favorable al archivo por parte de la Fiscalía, consideró que las denuncias de Zouhier eran, simplemente, «valoraciones particulares» del denunciante.

Hay que recordar que EL MUNDO reveló, en sus ediciones de ayer y anteayer, que el coronel Hernando declaró en la Comisión del 11-M que el último informe que elaboró su unidad sobre los explosivos utilizados en los atentados y sobre los vendedores de esa sustancia era del 27 de febrero de 2003.

Este periódico documentó que Hernando mentía, que había un documento posterior, que correspondía al 6 de marzo de 2003, y que allí se demostraba que el tráfico de explosivos era de ámbito nacional y no regional, como declaró el jefe de la UCO en la Comisión del 11-M.

Además, se da la circunstancia de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la encargada de juzgar los atentados del 11-M, ha solicitado al Congreso que le envíe con la «máxima urgencia» la intervención que realizó el coronel Hernando ante la Comisión parlamentaria.

El informe que presentó la Fiscalía de la Audiencia Nacional para pedir el archivo de la denuncia de Zouhier está recogido en el auto que elaboró el juez Del Olmo el 14 de noviembre de 2006: «La reconstrucción de supuestos hechos realizada por el denunciante sobre la base de sus particulares valoraciones de la conducta de funcionarios de la Guardia Civil no constituye indicios de comisión de los delitos de que pudiera ser competente la Audiencia Nacional, por lo que procede el archivo de las actuaciones».

Sin embargo, el 25 de enero de 2005 el comandante Jambrina realizó una serie de declaraciones ante el juez Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez en las que reflejó que el alférez Trigos le llamó por teléfono el 26 de julio de 2004 y le pidió que destruyera el documento del 6 de marzo de 2003. Ése era el informe que Hernando ocultó a la Comisión del 11-M.

La denuncia de Zouhier contra Hernando y varios miembros de la UCO fue presentada, en un principio, en un Juzgado de Instrucción de Madrid. Ese Juzgado se inhibió y finalmente llegó hasta la Audiencia Nacional. Una vez en ese organismo superior, recaló en el Juzgado Central de Instrucción número 6, que investigaba e instruía el 11-M y cuyo titular es el juez Del Olmo.

Y Del Olmo resolvió: «Los extremos reflejados por el denunciante no constituyen datos, o indicios, en los que sustentar ninguna imputación motivadora de una actuación de instrucción judicial, especialmente cuando prolijamente han sido investigados dichos comportamientos, no sólo en la Comisión de Investigación».

Desde la presentación de la denuncia de Zouhier (agosto de 2005) hasta la resolución por parte del juez Del Olmo (noviembre de 2006) transcurre más de un año. Tras esa resolución judicial, el abogado de Rafá Zouhier, Antonio Alberca, presentó en diciembre de 2006 el correspondiente recurso.

Y ese recurso de Zouhier y de su abogado fue resuelto, de forma sorprendente, por el magistrado Del Olmo indicando que no permitía la personación de Antonio Alberca. El juez no explicó por qué resolvía que no se podía personar el abogado de Zouhier y, además, todavía no ha notificado oficialmente su determinación.

Ese hecho -la no notificación oficial del recurso- impide que el abogado Alberca pueda, a su vez, recurrir el auto del juez Del Olmo. Es decir, en estos momentos están paralizadas todas las acciones legales que Zouhier pueda llevar a cabo contra el coronel Hernando.

En la denuncia de Zouhier se recogía, de forma pormenorizada, cada una de las declaraciones realizadas por Hernando en la Comisión de Investigación del 11-M y se demostraba que el coronel secuestró información a los diputados.