Las absoluciones por los atentados
del 11-M dictadas hace tres semanas por el Tribunal
Supremo ya han tenido consecuencias en otra
investigación sobre islamismo. La Fiscalía de la
Audiencia Nacional ha pedido al magistrado Pablo Ruz que
deje en libertad provisional al sirio nacionalizado
español Moutaz Almallah, considerado por la Policía como
uno de los posibles ideólogos de la masacre del 11-M y
hermano de Mouhannad Almallah, absuelto recientemente
por el Alto Tribunal.
Según indicaron fuentes
jurídicas, el informe remitido la semana pasada por el
fiscal Miguel Angel Carballo al juzgado Central de
Instrucción número 6 -que hasta hace poco ocupó el juez
Juan del Olmo- aplica al caso de Moutaz los requisitos
que el Supremo exigió para considerar a los acusados del
11-M como integrantes de una organización terrorista.
El resultado es que también este otro miembro de la
familia Almallah cae del lado de quienes, pese a haberse
demostrado que eran musulmanes de ideas radicales
partidarios de la yihad, aún no habían decidido «pasar a
la acción». En la sentencia del pasado 17 de julio, el
Alto Tribunal incluyó dentro de este grupo, además de a
su hermano Mouhannad, a Basel Ghalyoun y Abdelilah
Fadual Akil, también condenados por la Audiencia
Nacional.
Moutaz, de 40 años, fue detenido en Reino Unido en
marzo de 2005 a petición de Del Olmo. Por aquel
entonces, la Policía mantenía que, «sin la base
doctrinal, el reclutamiento, adoctrinamiento y
dirección» de los Almallah, «los atentados del 11-M,
posiblemente, no se habrían producido», según consta en
el sumario instruido por la masacre.
Moutaz fue entregado a España el 8 de marzo de 2007,
tras una larguísima disputa judicial contra la
extradición y con el juicio del 11-M ya en marcha. Tras
su llegada, Del Olmo le imputó un delito de pertenencia
a una organización terrorista por el que aún no ha sido
procesado.
El informe policial de 2005 que facilitó su
extradición describía a Moutaz como un peligroso
islamista que había participado en radicalizar a otros
musulmanes, entre ellos algunos de los que se
implicarían en el 11-M. Destacaba que había cambiado
Madrid por Londres en 2003 atendiendo la llamada de Omar
Mahmoud Toman, Abu Qutada, considerado el principal
líder salafista en Europa. También se relacionaba con
Mohamed Bahaiah, Abu Khaled, supuesto correo personal de
Bin Laden implicado en el 11-S. El trío de amistades
peligrosas se completaba con Abu Dahdah, condenado como
líder de la célula española de Al Qaeda.
«Vinculación directa»
Todo ello llevó a la Policía a mantener que los
Almallah tenían «una vinculación directa con Al Qaeda» y
que, juntos, representaban «el escalón más alto del
11-M, sólo equiparable a El Haski o Belhadj» (exculpados
por la Audiencia).
«Si Al Qaeda dio la orden de atentar en España, fijó
la fecha e inició el proceso de ejecución, los hermanos
Almallah constituyeron la base doctrinal más próxima a
la organización de Bin Laden», añadía la Policía tres
años antes de que Supremo ratificara que no existían
vínculos entre Al Qaeda y la célula del 11-M.
Moutaz era el propietario del local de la calle
Virgen del Coro de Madrid regentado por su hermano, en
el que residieron o visitaron algunos de los implicados
en la masacre, como los suicidas Serhane ben Abdelmajid
Fakhet El Tunecino y Rifat Anuar. En el local, vigilado
por la policía hasta semanas antes del 11-M, se
celebraron reuniones en las que se exaltaba la yihad. En
el registro, los agentes encontraron diversos textos de
Bin Laden. También un documento de la compraventa de un
piso entre Moutaz y el ex policía Maussili Kalaji, en
cuya tienda se liberaron los móviles del 11-M. Kalaji,
también español de origen sirio, no llegó a estar
imputado pese a los informes policiales que lo
reclamaban.
A esas reuniones se sumaban otras del mismo tipo en
el río Alberche, pero a ninguna le dio el Supremo
particular relevancia incriminatoria, ya que no se ha
aclarado lo que defendió cada uno de los participantes.
Tampoco está claro que en esos encuentros se hablara de
pasar a la acción en España.
Otro de los indicios en su contra es que al procesado
Basel Ghalyoun se le encontró un teléfono móvil cuyo
titular del contrato era Moutaz, pero Ghalyoun acaba de
ser absuelto. Con todos estos indicios neutralizados, en
las diligencias previas 157/2006 constan aún menos
indicios que los manejados por la Fiscalía contra el
absuelto Mouhannad.
Pese a lo contundente y extenso de su informe, el
fiscal se limita a pedir la libertad provisional del
imputado y no el archivo de la causa. Según fuentes
jurídicas, esto se debe a que aún están pendientes de
concluirse los análisis del contenido de los ordenadores
incautados a Moutaz en el Reino Unido. Una vez
terminados, y salvo que arrojen algún resultado
sorprendente, es probable que, con los mismos
razonamientos, el Ministerio Público pida el
sobreseimiento de la causa.
Además de la determinante postura del fiscal, el
magistrado deberá tener en cuenta los argumentos de
otras acusaciones personadas en la causa, a las que ya
ha pedido que se pronuncien sobre la conveniencia de
mantener la medida cautelar sobre Moutaz.
Según indicaron fuentes jurídicas, los más de tres
años que el imputado ha pasado ya en prisión no
supondrían un obstáculo para prorrogar esa situación, ya
que sólo desde marzo del año pasado está a disposición
de la Justicia española.
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