El juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón dejó ayer en libertad a todos los
presuntos islamistas que ordenó detener la semana pasada
en Cádiz, Madrid y el área metropolitana de Barcelona.
Estaban acusados de facilitar la huida de cinco
implicados en los atentados del 11-M.
El juez ha impuesto, a
petición de la fiscal Dolores Delgado, comparecencias
semanales a tres ellos, un padre y sus dos hijos: My
Driss ben Moussa, Youssef ben Moussa y Bilal bin Moussa.
Otros dos -Mohamed ben Hesaien y Abdelaziz Laakel-
comparecerán ante el Juzgado de forma quincenal.
Además, el magistrado ha prohibido a los cinco
abandonar el territorio español, según informaron a
Europa Press fuentes jurídicas.
En cuanto al resto de los detenidos que no estaban
encarcelados por otras causas (My Mhamed Idriss Hachim,
Fouad Dkikar, Mustafá Filali y Mohamed ben Hesaien), han
quedado en libertad sin la imposición de medidas
cautelares.
El juez no ha fijado tampoco medidas para los cuatro
arrestados en esta investigación que cumplían prisión
por otras causas -Samir Tahtah, Kamal Ahbar, Omar
Nakhcha y Driss Belhadi-, que permanecerán, eso sí,
encarcelados, en cumplimiento de sus condenas
anteriores.
Los presuntos islamistas fueron detenidos en ocho
domicilios de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y
Cerdañola del Vallès (Barcelona), Madrid y Algeciras
(Cádiz) y en las cárceles del Puerto de Santa María
(Cádiz), Teixeiro (La Coruña), Zuera (Zaragoza) y Dueñas
(Palencia).
Según informó el Ministerio del Interior, los ocho
primeros detenidos, de nacionalidad marroquí, fueron
arrestados por la realización de labores de apoyo en la
ocultación y posterior huida de otros tantos terroristas
de Al Qaeda; entre ellos, algunos implicados en los
atentados de Madrid.
En concreto, se les acusó de acoger, ocultar y
facilitar la huida a Mohamed Larbi ben Sellam, Daoud
Ouhnane, Mohamed Afalah, Othman El Mouhib y Abdelilah
Hriz.
Las investigaciones desarrolladas son continuación de
las llevadas a cabo en el año 2005, bajo el nombre de
operación Tigris, en la que se desarticuló una
estructura terrorista que se encargaba del
adoctrinamiento, reclutamiento, financiación y envío de
terroristas a Irak, con la misión de cometer acciones
suicidas contra las tropas extranjeras y otros objetivos
fijados por la organización Al Qaeda.
La operación policial, denominada Amat, fue llevada a
cabo por agentes de la Comisaría General de Información
del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con las
brigadas de Información de Barcelona, Madrid y
Algeciras, y bajo la dirección del Juzgado Central de
Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que
dirige Baltasar Garzón.
Los agentes se incautaron, entre otro material, de
resguardos de envío de dinero a Marruecos, alrededor de
7.000 euros en metálico, un ordenador portátil y otros
dos de sobremesa y varios teléfonos móviles.