Nuestro periódico ha destacado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 11-M deja más incógnitas que certezas, más absoluciones que condenas. Es lo que ha subrayado también la prensa internacional.

Se han esfumado los cerebros inductores y se ha puesto en libertad a personajes como Basel Ghalyoun, considerado por la Fiscalía como autor material y para el que se pedían más de 30.000 años de cárcel, y se ha puesto en libertad a los radicales de Virgen del Coro. Ha quedado también claro que Al Qaeda no tenía nada que ver con la historia.

La sentencia dice que nos enfrentamos a un grupo independiente y autosuficiente de terroristas. La mayor masacre terrorista de la historia de Europa fue planificada y ejecutada por un grupo de delincuentes comunes, heterogéneo en su procedencia -Marruecos, Siria, España, Argelia-, algunos con ideas radicales musulmanas, otros cristianos y los más, descreídos y juerguistas.

LOS NOVATOS

Y todo ello sin llamar la atención de ninguno de los departamentos de las Fuerzas de Seguridad españolas, ni de la Inteligencia extranjera, a pesar de que, para conseguir sus objetivos, hicieron algo que jamás ha hecho ningún grupo terrorista: pedir colaboración a nativos con creencias religiosas y políticas contrarias a su ideología, que aportaron explosivos y vehículos y que casualmente estaban al servicio de la Policía.

Los partidarios de la teoría de la conspiración tienen en su contra un hecho indiscutible: nadie hubiera planificado algo tan descomunalmente absurdo.

Nuestro periódico ha comentado ya todos los aspectos esenciales de la sentencia. Hoy vamos a añadir alguna reflexión respecto a la llamada trama asturiana.

Como recordarán los lectores, los asturianos implicados en los hechos formaban una pequeña banda de delincuentes a tiempo parcial. Unos chicos de barrio, de Avilés, que habían conseguido montar un negocio de venta de coches y que trapicheaban con droga y en ocasiones con explosivos que distraían -según la sentencia del caso Pípol en la que ya fueron condenados- de una pequeña explotación minera asturiana.

Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras eran conocidos como unos jovenzuelos divertidos, camorristas y con dinero fresco. Nada excepcional. Muchachos de gimnasio que ocasionalmente podían trabajar de porteros de discoteca o agenciarte un coche guapo o unas papelinas para animar la velada.

Todos sabían que actuaban con cierta impunidad por sus conexiones con las Fuerzas de Seguridad.

En el año 2001, muchos policías de la comisaría de Gijón -según han contado ellos mismos a este periódico- se dieron cuenta de que allí había algo raro. Los pillaron en una operación rutinaria contra el narcotráfico gallego y sus ramificaciones asturianas, con abundante droga y con 16 cartuchos de dinamita, en bastante mal estado. El material estaba dentro de un vehículo en un garaje alquilado por Toro. Pero, a pesar de que se dictó un mandato judicial, no se registró su domicilio.

La orden venía directamente de Madrid. Jesús de la Morena, el comisario general de Información, llamó a Juan Carretero, responsable de la Policía en Asturias, para decirle que había tenido una llamada de Pedro Morenés, el subsecretario del Interior, en aquel momento a las órdenes de Mariano Rajoy como ministro del Interior. La obediencia en la cadena de mando no se rompió.

La dinamita quedó apartada del caso y ni Toro ni Trashorras fueron imputados por tráfico de explosivos. Fue años más tarde, tras el 11-M, cuando se añadieron estos cargos que provocaron una condena a ocho años de prisión, ratificada por el Tribunal Supremo precisamente el día anterior a que se conociera la sentencia definitiva del 11-M.

AMNESIA

La amnesia sobre este asunto fue la tónica general durante la vista oral del 11-M. Parecía como si los policías hubieran descubierto por casualidad la existencia de un tal Trashorras gracias a la investigación de la procedencia de los detonadores encontrados en la Kangoo de Alcalá y a que él mismo se presentó en la comisaría porque era amigo y confidente del inspector de estupefacientes de Avilés Manuel García Rodríguez. Pero, desde el año 2001, conocían de su existencia y encubrieron cualquier relación con los explosivos. Ni siquiera la aportación de informaciones concretas de Francisco Lavandera, primero en comisaría y más tarde ante la Guardia Civil, en aquel verano de 2001 sobre aquella trama de explosivos puso en marcha la maquinaria de la ley. Y eso que, como se demostró cuando se descubrió la cinta que le había grabado entonces el guardia civil de Información Campillo, Lavandera había contado que Toro y Trashorras buscaban a alguien que supiera fabricar bombas con móviles.

La desfachatez de los responsables de la comisaría de Gijón fue tal que enviaron un informe al juez Juan del Olmo, firmado por todos ellos, en el que negaban la existencia de la visita de Lavandera a comisaría. Finalmente Gascón, un policía honrado superado por sus remordimientos, contó que él mismo había recibido a Lavandera y que sus jefes tomaron notas de todo lo que contó.

La sentencia del Tribunal Supremo incide en la responsabilidad de Trashorras como cooperador necesario en los atentados. De hecho, le condena a la pena más grande que ha impuesto a un reo español: 34.715 años de cárcel.

El ex minero se enamoró de Carmen, la hermana de Antonio Toro. Y ahí surgieron los problemas. A Antonio no le parecía un partido adecuado. Emilio estaba bien para salir una noche de juerga, pero, en su opinión, le faltaba un tornillo. Por eso le habían declarado inútil para el servicio militar y habían terminado por jubilarlo de la mina y concederle la incapacidad laboral permanente.

Antonio no consentía que su hermana, a la que siempre ha adorado, se casara con él. La boda se retrasó en verano de 2003 precisamente porque Toro, que ya había pisado la cárcel en otoño de 2001, fue detenido de nuevo por un asunto de drogas. Al final, Carmen y Emilio se casaron el día de los enamorados, el 14 de febrero de 2004, cuando faltaba menos de un mes para los atentados.

Por cierto, la policía se empeñó, y así se lo filtró a la prensa, en que a esa boda habían asistido los marroquíes implicados en la matanza. No era cierto y ellos lo sabían. La familia aportó el vídeo de la boda en el que quedaba claro que no había ningún marroquí. La policía confiscó el vídeo y divulgó la mentira.

NADA QUE VER

Es curiosa la suerte tan dispar que han corrido estos tres personajes. Carmen ha quedado absuelta de toda culpa a pesar de que la Guardia Civil la señaló desde el principio como una persona cuyo teléfono sirvió para llamar a la vez a los terroristas y al policía Manolón. Una mujer que, según el Instituto Armado, conocía el trasiego de explosivos y que había estado muy cerca de los terroristas musulmanes, considerados culpables, en la reunión del McDonald's, en Madrid y en la casa de Morata. La sentencia señala que no se ha probado que en la hamburguesería se hablara de explosivos y que la cercanía a los autores está justificada por el parentesco con Trashorras.

Curiosamente, sucede algo parecido con Antonio Toro. La sentencia argumenta que, como en el caso de Carmen, no ha quedado demostrado que en la reunión de la hamburguesería a la que asistió se produjera ninguna compraventa de explosivos.

El Tribunal Supremo descarta que Toro hubiera participado en el suministro de explosivos a El Chino en su viaje a Asturias. Sin embargo, le condena a una pena de cuatro años, considerando que existen pruebas de que siguió traficando con dinamita después de haber sido detenido por la operación Pípol. La absolución anterior se basaba precisamente en que Toro ya había sido juzgado por tráfico de explosivos en Asturias. El tribunal distingue ahora entre el tráfico de 2001 y el de 2003, cuando la UCO, la Unidad Operativa de la Guardia Civil, le tendió la trampa a través de su confidente Rafá Zouhier. Le grabaron cuando ofrecía explosivos y le controlaron cuando entregó una muestra de los mismos.

De todas formas, al desvincular el tribunal de los atentados la reunión entre asturianos y marroquíes en la hamburguesería madrileña, la sentencia anula otro de los capítulos clave de la fiscal Olga Sánchez para hilvanar su historia.

Curiosamente, han sido los testimonios de las tres personas más próximas a Trashorras en esta trama -la que fue su mujer, su cuñado y un amigo íntimo- los que han servido para sustentar su culpabilidad. No hay ninguna declaración de nadie que no sea español que le inculpe.

El tribunal ha tenido en cuenta las afirmaciones de Carmen cuando señaló en el juicio que, durante el regreso de su viaje de novios, visitaron con Jamal Ahmidan la casa de Morata de Tajuña y éste justificó la guerra santa y criticó la intervención española en la Guerra de Irak. El argumento tiene lógica. Trashorras proporcionó explosivos a El Chino conociendo su ideología radical y, por tanto, podía suponer que usaría ese material para cometer un atentado.

AUTOINCULPACION

Lo que no se comprende, y no explica el tribunal, es cómo fue el propio Trashorras quien llamó la atención sobre esos marroquíes en su declaración espontánea a la Policía antes de que fuera detenido. Ni siquiera un esquizofrénico podría ser tan irracional de acudir a la Policía para denunciar a los presuntos culpables si fuera él quien les había proporcionado los explosivos. ¿Por qué no huyó después de los atentados? Tenía el pasaporte en regla y su padre le habría ayudado si hubiera necesitado dinero. Fue Trashorras quien insistió a su controlador policial para que se fijara en los moritos.

El Supremo dice que Trashorras podía suponer que los marroquíes iban a cometer atentados. Cualquiera que conozca a Trashorras sabe de sus fobias y de su punto de racismo. ¿Invitarles a su boda? Trashorras despreciaba a los marroquíes, detestaba su ideología. Votó al PP y estaba plenamente de acuerdo con la participación española en la Guerra de Irak. Jamás hubiera contribuido a ayudar a un islamista radical. Por otra parte, era un confidente policial, alguien que no mueve una pestaña sin contárselo a su controlador.

La sentencia da por hecho que los explosivos utilizados en la masacre salieron de Mina Conchita, a pesar de que las pruebas científicas aportadas demostraron que no se pudieron hacer análisis cuantitativos para determinar el explosivo utilizado y que los componentes hallados no coincidían con los de los explosivos de Mina Conchita. Da por probado que Emilio hizo tres envíos de explosivos a El Chino, por autobús de línea por medio de tres jóvenes. Pero ni ellos ni nadie vieron nunca esos explosivos. En el juicio sólo supusieron que los llevaron porque no pudieron revisar lo que transportaban. El tribunal no se plantea ninguna duda sobre la mochila encontrada en la comisaría de Vallecas y su rocambolesco recorrido por Madrid. Pero, curiosamente, la sentencia desmonta la versión de la Fiscalía de cómo consiguió Trashorras el material.

La versión oficial contaba con la colaboración del minero Raúl González Peláez, llamado El Rulo. El fue quien sacó los explosivos de la mina tras ponerse de acuerdo con Trashorras en un mirador de Tineo, unos días antes de la llegada de El Chino a Asturias. De hecho, la sentencia de Javier Gómez Bermúdez le condenaba a cinco años de prisión por ese suministro. El Tribunal Supremo ha considerado que no se declara probado que facilitara ningún tipo de explosivo a Trashorras y, por tanto, le deja en libertad. Se cae así, una vez más, el relato de la Fiscalía. Trashorras pudo proporcionar explosivos a El Chino pero no los que le entregó un minero desde el interior de Mina Conchita.

Claro está que, como quedó probado durante el juicio, cualquiera, incluido Trashorras, podía agenciarse explosivos en aquella explotación, dada las escasas medidas de vigilancia. También es evidente que pudo robarlos cualquier otra persona.

¿Por qué Emilio? Y aquí viene el testimonio clave en el que se basa el Tribunal Supremo. Porque así lo testificó el menor llamado El Gitanillo. La sentencia enfatiza que la prueba principal «contra Trashorras está constituida por la declaración de Gabriel Montoya [El Gitanillo] que el tribunal considera corroborada por numerosos datos objetivos externos y que ha valorado como si se tratara de la declaración de un coimputado». Un repaso somero a su historial nos coloca ante un muchacho marginal de 16 años criado en la calle, sin estudios, con el padre en la cárcel y la familia viviendo de la protección social. En el informe del centro asturiano del que fue expulsado por las constantes vejaciones a su directora, se refleja su carácter violento e inadaptado y su desprecio por la ley.

La declaración inculpatoria para Trashorras de este menor se obtuvo en las salas de interrogatorios insonorizados del Instituto Armado. Uno de los guardia civiles que participaron contó en su día a este periódico cómo habían cuadrado su declaración «para no marear al juez con contradicciones».

En su juicio, en noviembre de 2004, El Gitanillo se declaró culpable de colaboración con banda armada por transporte de explosivos. En contra de lo esperado, fue un juicio de conformidad y se terminó 20 minutos después de haber empezado. La pena máxima por su delito era de 10 años. La fiscal tenía previsto solicitar ocho años, con lo que habría tenido que ingresar en prisión al cumplir los 23 años. Pidió seis después de pactar con el acusado. El juez Vázquez Honrubia no consideró necesario seguir con la vista oral. Le impuso los seis años aceptados por ambas partes. En 2010 terminará su condena.

En la vista oral del 11-M, en la que la fiscal Olga Sánchez le trató con guante de seda -«Hola, Gabriel»-, se contradijo en su declaración al confundir el modelo del coche en el que habían trasladado los explosivos y se puso de manifiesto la inconsistencia de lo dicho por Iván Granados, el único que apoyaba su declaración.

Una carta de El Gitanillo a Trashorras -inédita hasta ahora- enviada después del 11-M y tan sólo 15 días antes de su declaración inculpatoria a la Guardia Civil pone de manifiesto la devoción que tenía el menor hacia el ex minero. En la carta se puede leer: «Hola mineruzo. Tú has sido un colega de verda y lo sigiras siendo. Ahora estoy currando haciendo aceras para sacar pasta y poder ir a berte que ya tengo muchas ganas cabronazo. Acuérdate de que tienes un colega para siempre, para lo que quieras». Dos semanas más tarde, a las 4.00 horas de la mañana del tercer día de aislamiento, los agentes de la UCE2 conseguían la declaración con el relato de cómo había acompañado a la mina a Trashorras en la noche del 28 de febrero de 2004 para entregar los explosivos a El Chino.

Pero tal vez lo más sorprendente de la sentencia en relación a El Gitanillo es su declaración sobre la metralla. El Tribunal Supremo considera muy importante para la condena de Trashorras el hecho de que El Gitanillo declarara que, en esa noche, Trashorras le dijo a El Chino: «Acuérdate de coger las puntas o los tornillos que están a unos 15 metros más adelante». Resulta patético considerar que los marroquíes necesitaran de un ex minero para agenciarse unos clavos o unos tornillos.

¿QUE METRALLA?

Pero lo más incomprensible está en la argumentación del tribunal. Dice que la entrega de ese material «no puede tener otra finalidad que actuar como metralla en un acto contra personas. Conclusión que en sus aspectos objetivos ha quedado corroborada por el hallazgo de ese material en el artefacto explosivo procedente del tren que explosionó en la estación de El Pozo y que fue desactivado en el Parque Azorín». Inaudito.

El tribunal olvida que, precisamente, fue en esta mochila, llamada número 13, en la única en la que se encontraron clavos y tornillos -en los restos de los artefactos que explosionaron no se encontró metralla apreciable- y que su análisis minucioso demostró, sin género de dudas, que ese material no tenía relación con ninguno de los clavos y tornillos utilizados en la mina. Precisamente el dato que deja en evidencia la falsedad del relato de El Gitanillo ha servido para condenar a Trashorras.

Ya se demostró en su día que El Gitanillo mentía cuando dijo que El Chino había llamado en la noche del 28 de febrero desde la mina. El juez Del Olmo comprobó que allí no podía tener cobertura. También se demostró que mentía cuando dijo que, dos o tres días antes del 28, había ido a la mina con Trashorras. Era imposible, ya que Emilio se encontraba en esas fechas en su luna de miel.

Es relevante comprobar los listados de llamadas telefónicas que efectuó Trashorras en esa noche, cuando teóricamente estaba con El Chino en la mina. Los rastros de las BTS [estaciones de control de teléfonos móviles] dejaron la localización exacta de dónde se encontraba. Lástima que la Policía, en su informe al juez, se limitara a decir que «no se dispone -en esa noche- de la ubicación de ese teléfono, ya que sólo se han facilitado los datos correspondientes desde el 1 de marzo». De las llamadas entrantes de Trashorras, en esa noche, al teléfono de su mujer «sólo se dispone de los datos de ubicación desde las 12.07 horas del día siguiente».

A El Gitanillo le queda menos de año y medio para salir de la cárcel. Sería curioso seguir sus pasos, saber si han mejorado sus condiciones económicas o las de su familia. De todas formas, si yo fuera él, miraría con mucho cuidado al cruzar cada calle. Tiene el secreto del destino de un pobre enfermo que ha servido de cabeza de turco.