Ello constituye, sin duda, un gran escándalo pero hay otro escándalo dentro del escándalo: que sea una vez más este periódico quien haya tenido que descubrir este secreto inconfesable, tan extraordinariamente relevante para la investigación judicial.

Según la narración efectuada por Sánchez Manzano ante el juez Del Olmo en julio pasado, el único examen de los focos de los explosivos lo realizó en la mañana del 11-M una funcionaria que no pudo determinar su composición «ni cuantitativa ni cualitativa» porque carecía de medios. A pesar de la importancia del asunto, no se hizo ningún informe por escrito hasta el 26 de marzo. Y el informe no se remitió al juez hasta que éste lo solicitó un mes después. Iba firmado por la funcionaria y por Sánchez Manzano, que no es técnico, incumpliendo los requisitos que fija la ley de Enjuiciamiento -que exige la firma de dos expertos- para que un informe pericial sea válido.

La principal prueba incriminatoria contra el comando de Leganés en el 11-M reside en que las Fuerzas de Seguridad hallaron en el piso restos de Goma 2 Eco, el explosivo que, según consta en el sumario, se utilizó para volar los trenes. Pero ahora resulta que no hay análisis científico ni documento alguno que pruebe que el explosivo de los trenes era Goma 2 Eco.

En el informe remitido al juez se dice que se hallaron «componentes genéricos de la dinamita» en los focos de los trenes, pero no se determinan qué componentes y en qué proporción. Y ahora Sánchez Manzano, tras sus contradicciones en el Congreso, reconoce que el análisis no fue «científico».

Ningún tribunal serio puede aceptar en estas condiciones como probable la hipótesis policial sobre la Goma 2 Eco. Y ello nos conduce a la pregunta esencial, que Del Olmo no planteó a Sánchez Manzano y que formularía cualquier persona con sentido común: ¿por qué no se enviaron las muestras obtenidas el 11-M por los Tedax al laboratorio de la Policía Científica, que posee todos los medios para efectuar esos análisis?

No hay respuesta, como tampoco la hay al hecho de que el juez Del Olmo aceptara como válido un informe policial tan endeble como el del 26 de marzo y haya mantenido en secreto la declaración de Sánchez Manzano en una pieza separada que se ha negado a incorporar al sumario.

No hay la menor duda de que la actuación profesional de Sánchez Manzano, destituido de su cargo en diciembre, oscila entre la incompetencia extrema y la conspiración para obstruir la acción de la Justicia. Merecería una investigación interna y una dura sanción por su como minimo flagrante incapacidad.

Queda además patente la grave negligencia en la investigación del juez Del Olmo, que ha ocultado las declaraciones de Sánchez Manzano en un intento de autoprotegerse y tapar su propia ineptitud. Su actuación no sólo merecería una seria investigación disciplinaria o penal, sino que además pone en evidencia la desastrosa instrucción del mayor atentado de la Historia de España. ¿Seguirá diciendo ahora la prensa gubernamental que todo está muy claro y que EL MUNDO siembra dudas sin fundamento?