El 11-M se gestó aquí. La sentencia
del Tribunal Supremo sobre los atentados cierra la
puerta a las especulaciones que situaban el origen de la
planificación directa de la matanza en una suerte de
conspiración internacional, responsabilidad de Al Qaeda
para castigar a España por el apoyo de Aznar a la Guerra
de Irak, y con conexiones con otras células islamistas
distribuidas por toda Europa.
La resolución subraya,
sí, lo obvio: que la red de Osama bin Laden fue un
referente para el grupo de El Chino y El Tunecino, pero
destaca que «no aparece relación alguna de carácter
jerárquico con otros grupos o con otros dirigentes de
esa organización». De ahí, concluye que «la célula que
operaba en Madrid, en la medida en que ha sido
identificada, no depende jerárquicamente de otra» y
puede considerarse una banda terrorista «independiente».
Es decir, que los «raterillos» de Lavapiés, como se
refiere a ellos The Times, no tienen ningún vinculo
comprobado con Al Qaeda, ni siquiera muy remoto, al
contrario de lo que han alentado la Fiscalía y el
Gobierno desde los atentados. Y desde aquel 11 de marzo
de 2004, El País ha sido el órgano de propaganda que ha
servido al Ministerio del Interior para mantener
permanentemente, a partir de informaciones manipuladas o
falsas, un estado de opinión proclive a asumir que Bin
Laden tuvo una conexión directa con el 11-M, y a excluir
cualquier otra hipótesis.
La resolución del Supremo está constreñida por los
hechos que la Audiencia Nacional encontró probados tras
el juicio, y éstos, a su vez, se encuentran muy
condicionados por la instrucción del juez Juan del Olmo,
en la que el interminable secreto de sumario no permitió
participar a otra acusación que no fuese la pública, ni
se dejó resquicio a líneas alternativas de investigación
que la unívoca propuesta por la Policía.
Además, si algo deja claro la sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid por la manipulación del
informe sobre el ácido bórico es que los mandos
policiales nombrados y premiados por el Gobierno
supervisaban todos los informes que se incorporaban al
sumario, llegando hasta donde hiciese falta para
eliminar cualquier referencia que pudiese resultar
molesta cuando se hiciese pública.
Pues bien: pese a todas esas circunstancias
favorables, el resultado es el de un rotundo fracaso
para las tesis oficiales recogidas en el sumario. La
cúpula a la que Del Olmo atribuía la «planificación
ideológica» del 11-M con la documentación que le
proporcionaron los informes policiales no tenía «ninguna
relación» con los atentados, según el Supremo. El
Egipcio es inocente porque no hay nada contra él (y no
por haber sido condenado en Italia), y Haski y Belhadj
son miembros de células de Marruecos y Bélgica que no
tenían nada que ver con la de Madrid.
Durante todo el proceso judicial, El País ha abusado
de las fuentes oficiales, y viceversa, y ha publicado,
con gran despliegue tipográfico, todas las informaciones
que le filtraban desde Interior, obviando consciente y
premeditadamente el mínimo examen crítico que exigiría
el respeto a sus lectores. El panorama retrospectivo es
desolador. Siempre a remolque, el diario de Prisa ha
realizado un descomunal esfuerzo para ayudar al Gobierno
a esconder las dudas que las exclusivas de EL MUNDO
siguen haciendo planear sobre aspectos esenciales de la
matanza: quién ideó el 11-M, qué estalló en los trenes y
quién montó las bombas.
'El Egipcio', el mito necesario.
El País llevó a cabo una auténtica operación de
marketing periodístico para vender a El Egipcio a la
opinión pública como ese líder yihadista rodeado por un
halo mítico que necesitaban la Fiscalía y el Gobierno
para convencer al mundo de que fue Al Qaeda y nadie más
quien decidió causar una matanza en España tres días
antes de las elecciones generales, con las previsibles
consecuencias políticas que traería consigo.
Primero se acuñó su culpabilidad, luego se le ligó a
la cúpula de Al Qaeda, se le vinculó a los atentados y
se le magnificó como estereotipo del crimen. La
Audiencia Nacional lo absolvió y, ahora, el Supremo lo
deja más claro, si cabe.
Ya cuando fue detenido, en junio de 2004, El País lo
celebró presentando la noticia en portada a todo trapo,
con un titular inusual, a una línea y cuatro columnas:
«El 11-M fue un proyecto mío». En realidad, lo que la
policía italiana había escuchado era «el hilo de Madrid
fue mío». Luego, en el juicio, la realidad resultó ser
un verdadero fastidio: los traductores españoles
demostraron que ni siquiera eso.
Pero, hasta entonces, el periódico de Prisa ya le
había atribuido el montaje de las bombas (24 de
septiembre de 2004), lazos con Al Qaeda que luego no
aparecieron por ninguna parte (12 de septiembre de
2004), un atentado inmediato en el metro de París del
que nunca más se supo (10 de junio de 2004) e incluso
conexiones nunca comprobadas con los atentados del 11-S
(25 de octubre de 2004). Mentiras cocinadas por la
Policía y servidas por la Fiscalía al juez y por El País
a la opinión pública.
El periódico gubernamental alcanzó la cumbre del
prejuicio y la sima de la ética periodística cuando
intentó presentar la imagen externa del procesado
durante el juicio como una prueba de su culpabilidad. El
27 de febrero de 2007, el artículo titulado La marca
indeleble de El Egipcio habla de su cicatriz en la
frente y su «porte innegable de ulema» para vincularlo
con el 11-M.
Investigado hasta la extenuación, resultó que no hubo
ni una mísera llamada entre El Egipcio y el resto de los
acusados. Fue absuelto: todo un descalabro.
La obsesión: Al Qaeda.
La operación en torno a El Egipcio no fue sino la
punta de lanza de una estrategia informativa destinada a
convencer a la ciudadanía de que en el centro de la
trama del 11-M se encontraba el mismísimo Osama bin
Laden. Cuando todos los medios centraban su atención en
investigar y publicar informaciones relacionadas con el
proceso de paz, casi siempre muy comprometidas para el
Gobierno, El País se dedicó a saludar con grandes
espacios en portada las actuaciones policiales contra el
terrorismo islamista, como Nova o la del comando Dixán.
Otros dos grandes fiascos judiciales, que más parecen
ahora como destinados a crear cortinas de humo.
El diario de Prisa fue siempre muy dócil con los
informes policiales que utilizaban los términos Al Qaeda
o Bin Laden para relacionarlos con el 11-M: nunca les
dio menos de cuatro columnas. «La fecha del ataque del
11-M fue fijada el día siguiente de que Bin Laden
amenazara a España», tituló el 5 de agosto de 2005, con
el subtítulo «Al Qaeda sabía que las elecciones eran en
marzo». La fiscal Olga Sánchez abrazó con furor esa
tesis, rechazada por los tribunales por insostenible.
Además de los ya señalados «lazos con la cúpula de Al
Qaeda» que atribuyó a El Egipcio y El Tunecino, el 29 de
septiembre de 2006 El País abría su portada con el
titular, basado en un informe policial, «La autoría
intelectual corresponde a la insurgencia iraquí y Al
Qaeda». Ese mismo día, el resto de periódicos informaba,
casualmente, de la huelga de hambre de De Juana Chaos y
la rebaja de penas de la Fiscalía.
Incluso durante el juicio, el 6 de marzo de 2007, el
periódico gubernamental insistía: «La Policía enmarca el
11-M en la estrategia diseñada por Al Qaeda para la
guerra de Irak». Pues agua.
Qué estalló en los trenes.
Al lector que haya seguido sólo a través de El
País las informaciones sobre los análisis de los
explosivos le faltan piezas indispensables para
comprender por qué la sentencia del Supremo no descarta
«la utilización de otro tipo de dinamita» distinta a la
oficial Goma 2 ECO en los focos de los trenes.
Posiblemente, no comprendan por qué su periódico pasó de
sostener que la dinamita se había contaminado en la
fábrica a mantener que se mezclaron cartuchos de dos
tipos distintos y, de ahí, a la teoría de las moléculas
voladoras en el laboratorio de los Tedax.
La resolución del Supremo asume que pudieron
mezclarse Goma 2 ECO y EC, pero no da una explicación
razonable a la aparición de la nitroglicerina, que desde
1992 no forma parte de ninguna de las dos, pero sí del
Titadyn.
En esta materia, El País ocultó sistemáticamente los
datos que contravenían la versión más sumisa a los
intereses del Gobierno y de su Fiscalía para mantener
anestesiados a los sectores de la opinión pública más
afectos, y evitar que se extendiesen las miradas
críticas hacia la actuación de determinados mandos
policiales en los días posteriores al atentado, y sus
consecuencias políticas.
Siempre un paso por detrás de las exclusivas de EL
MUNDO, al que acabó de convertir en el referente
indispensable de las informaciones sobre la matanza, El
País alcanzó aquí el frenesí de su tendencia a escribir
al dictado del poder, sin contrastar nunca si la
exclusiva que llegaba desde un teléfono oficial tenía o
no alguna verosimilitud.
Esta labor de intoxicación comenzó el 14 de febrero
de 2007, cuando los medios dieron cuenta del contenido
del informe preliminar de la nueva pericia sobre los
explosivos. Los análisis hallan elementos de Goma 2 ECO
en todos los escenarios del 11-M, tituló El País. Falso.
Lo relevante de aquel estudio era, precisamente, que en
los análisis había aparecido un elemento que no forma
parte de la Goma 2 ECO: el DNT.
El diario de Prisa esconde ese dato a sus lectores
(lo cita de pasada) y miente cuando dice que sí es
«componente de Goma 2 ECO». El debate suscitado por la
difusión de la noticia a través de EL MUNDO forzó a El
País a buscar una explicación.
Así, por ejemplo, el 23 de febrero, el periódico
gubernamental presentaba un artículo cuya tesis
principal era que «el dinitrotolueno no es un componente
específico de la Goma 2 ECO pero, según la fábrica, los
restos que aparecen en los explosivos intactos obedecen
a una contaminación en sus tolvas [...]». Al menos en
otras cuatro ocasiones sostuvo El País esta teoría
descabellada. Cuando la Unión Española de Explosivos
remitió un comunicado descartando esa posibilidad, el
diario de Prisa decidió que lo mejor era no publicarlo.
La aparición del DNT tuvo como consecuencia la
introducción en la escena informativa de la dinamita
Goma 2 EC, que podría haber actuado como contaminante.
Esa marca también se distribuía a Mina Conchita. Caída
la teoría de la contaminación en fábrica, comenzó a
elaborarse la de la mezcla indiscriminada de Goma 2 ECO
y Goma 2 EC, que aparece publicada por primera vez el 3
de marzo de 2007.
Las tesis oficialistas encontraron su mayor
inconveniente cuando EL MUNDO adelantó que los nuevos
análisis habían detectado la presencia de la sustancia
maldita: nitroglicerina. El golpe fue tan fuerte que El
País tardó varios días en contárselo a sus lectores.
Para evitar que el certificado de la fábrica Maxam
que acredita que la Goma 2 EC no contiene nitroglicerina
desde 1992 fuese un problema, El País lo ocultó en el
último párrafo de una noticia irrelevante.
Poco a poco, fue surgiendo desde instancias
policiales la teoría de la «contaminación ambiental» en
el laboratorio de los Tedax, aireada por el diario
gubernamental. Cuando la química de esta unidad
testificó que guardaba las muestras en «una habitación
sin luz, con temperatura constante, en un armario
metálico, dentro de una bolsa, dentro de la cual había
una caja de cartón con bolsas de plástico que contenían
sobres que, a su vez, contenían bolsas cerradas con
cinta adhesiva con los vestigios», El País no lo
publicó.
El diario de Prisa quiso rematar su trabajo de
manipulación publicando el 29 de marzo de 2007 que la
Goma 2 ECO recogida en Mina Conchita tras el 11-M ya
tenía nitroglicerina. Ese mismo día, guardias civiles
que hicieron esos análisis declararon en el juicio que
ese dato era falso. ¿Qué hizo El País? No decir ni
palabra.
Quién montó las bombas.
El País ha dado pábulo a los informes policiales
(ergo, del Ministerio del Interior) que buscaban dar
respuesta al interrogante que constituye que una célula
integrada por delincuentes comunes pudiese disponer de
13 bombas («muy ingeniosas», como las describió el tedax
Pedro) que estallaron con un alto grado de fiabilidad y
toda su capacidad mortífera.
Algunas de las teorías elaboradas han sido
delirantes. Ninguna como la que sitúa a Emilio Suárez
Trashorras como el elemento que adiestró a los
islamistas en el manejo de explosivos (12 de octubre de
2004). El diario de Prisa lo siguió intentando,
atribuyendo indistintamente la autoría de los artefactos
a El Chino (el 23 de agosto de 2005) y a El Egipcio (24
de septiembre de 2004). También situó su origen en un
campamento fantasma en Jalalabad (Afganistán), el 27 de
septiembre de 2006.
Todo para llenar a costa de su propia credibilidad un
vacío que sigue ahí: los jueces no se creyeron nada.