ANTONIO RUBIO
MADRID.-
Félix Hernando, coronel jefe de la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil,
cometió falso testimonio en su comparecencia ante la
Comisión de Investigación del 11-M del Congreso.
Hernando omitió el 20 de julio de 2004 que su Unidad
había elaborado el 6 de marzo de 2003 un documento donde
ya se informaba detalladamente sobre las personas que
estaban llevando a cabo tráfico de explosivos, armas y
drogas.

El informe de la Unidad
Central Operativa (UCO) está datado el 06-03-03, con la
Clave: «MAL COM 016», la Referencia «TK» y el
destinatario es la «Comandancia de Oviedo». Y en el
apartado «ASUNTO» figura: «Ampliación de información
sobre depósitos de explosivos». Efectivamente, la
información que se recoge en el documento oficial
explica la llegada a Madrid, desde Asturias, de Antonio
Toro y un tal Emilio con el fin de vender una importante
cantidad de Goma2, comprar una pistola y dos fusiles de
la marca rusa Kalasnikov, adquirir una importante
cantidad de hachís y encargar la «eliminación» de una
persona.
El documento de la UCO, del que no tuvo conocimiento
la Comisión de Investigación del 11-M, refleja paso por
paso los movimientos de los asturianos un año antes de
los atentados: «El pasado día 6 del presente mes (sic),
Antonio Toro y Emilio (hermano de la novia de Antonio)
llegaron a Madrid a bordo de un vehículo monovolumen de
alquiler de la casa Hertz». En Madrid, el seguimiento de
los vendedores de explosivos también fue exhaustivo:
«Una vez en la capital se trasladaron hasta la casa de
alquiler de vehículos del aeropuerto de Barajas en donde
cambiaron el vehículo por otro monovolumen Renault de
color verde, matrícula 2720BXW».
En esas fechas los agentes de la UCO todavía no
tienen claro que Emilio Suárez Trashorras es el que
ejerce de novio de la hermana de Toro y no al revés.
Sin embargo, los miembros de la Unidad Central
Operativa no pierden el rastro de Antonio Toro y su
acompañante desde que llegan a Madrid e informan: «En
este viaje intentan contactos con diversas personas a
fin de obtener lo siguiente». Y los subordinados del
coronel Félix Hernando detallan todas las cuestiones:
«En relación con la Goma2, están intentando conseguir
algún comprador».
El siguiente movimiento de Toro y Suárez Trashorras
-en aquella fecha la UCO todavía no tenía centrado e
identificado al cuñado de Toro-- consiste en: «Quieren
adquirir un arma corta con silenciador y dos Kalasnikov.
En relación con estas últimas hacen referencia a que
sean iguales a las que utilizaron dos búlgaros que hace
unos días mataron a dos individuos en Madrid».
Efectivamente, el 26 de febrero de 2003 fueron
asesinados en Madrid dos individuos búlgaros que se
dedicaban al robo de vehículos. Fueron tiroteados con un
fusil de asalto del calibre 762.
Según el informe de la UCO, Toro es el que lleva toda
la iniciativa en las operaciones: «Antonio Toro comenta
que en el transcurso de la semana pasada la Policía, sin
especificar Cuerpo, le registró sus locales». El
asturiano cree saber quién fue la persona que lo delató:
«Antonio está convencido de que una persona que él
conoce es el chivato de la Policía por lo que quiere
eliminarlo, para lo que está intentando buscar a algún
ciudadano marroquí o de algún país del Este que pueda
hacer este trabajo».
En noviembre de 2004 el confidente marroquí Rafá
Zouhier, que avisó en varias ocasiones a la UCO de que
Toro y Suárez estaban traficando con explosivos, reveló
a EL MUNDO que Carmen Toro y su marido, Emilio Suárez
Trashorras, le encargaron que buscara a una persona para
que eliminara a Francisco Javier Villazón Lavandera.
El matrimonio estaba convencido de que Lavandera fue
el causante del registro del domicilio y garaje de
Antonio Toro, donde la Policía encontró 84 kilos de
hachís, tres de cocaína, 16 cartuchos de Goma2 y
detonadores.
Cuando el coronel Hernando compareció en la Comisión
de Investigación del 11-M aclaró que el tráfico de
explosivos que habían investigado «era de ámbito local,
reducido a la Comunidad Autónoma de Asturias». El jefe
de la Guardia Civil argumentó que por ese motivo remitió
sus informaciones «al coronel jefe de la zona de
Asturias para que continuara con las investigaciones». Y
sentenció que «la competencia en la continuidad de la
investigación es de la zona de Asturias y no de la UCO».
Félix Hernando, además, dijo que el 27 de febrero de
2003 «le doy todos los datos -en referencia al jefe de
la zona de Asturias- que hasta ahora hemos podido
conseguir: los iniciales que nos dice Rafá Zouhier, las
investigaciones y los datos que nosotros hemos concluido
después de que este equipo de vigilancia se desplazara a
la zona, la muestra del explosivo, etcétera...». El
coronel concluye su exposición sobre este punto
diciendo: «Y cerramos el documento».
El coronel Hernando no descubre en ningún momento
ante la Comisión del 11-M que hay un informe posterior
al que él realiza el 27 de febrero de 2003, donde se
explica que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras se
movían con total impunidad por Madrid y que llegaron
hasta la provincia de Cádiz. Es decir, que las fechorías
que llevaban a cabo los asturianos eran de ámbito
nacional y no comunitario o provincial.
El documento de la UCO del 6 de Marzo de 2003 también
aclara que «el mismo día que estuvieron aquí -en
referencia a Toro y Suárez- se desplazaron hasta Cádiz
en el monovolumen Renault Megane con el objeto de
formalizar una compra de hachís bastante importante».
El siguiente punto del que informa la UCO en su
documento es de extrema importancia y vuelve a tocar el
tema de la venta de explosivos por parte de Toro y
Suárez Trashorras: «En fechas próximas, es posible que a
lo largo de esta semana, pretenden ponerse en contacto
con un súbdito de Uruguay, cuyo único dato conocido
sobre éste es que es identificado como MARTIN, que está
interesado en la compra del explosivo y que lo pagaría
con cocaína».
Los subordinados del coronel Hernando también aclaran
en su informe que el tal Martín de Uruguay «está
interesado en vender armas a Antonio». Y hacen la
siguiente observación: «Se están realizando gestiones
para averiguar la identidad del chivato y de Martín».
Informaciones posteriores, que se remontan al 16 de
Marzo de 2003, aclaran quién es y a qué se dedica el tal
Martín de Uruguay: «La fuente facilita los siguientes
datos: MARTIN R... O... Domicilio: Paseo ... Fuenlabrada
(Madrid). Vehículos: Posee dos Volkswagen Golf». Ese
informe de la UCO está encabezado con la referencia
«Ampliación de información sobre tráfico de armas» y
hace mención a que existen dos confidentes policiales
que han confirmado el tema y califican la información de
nivel «A-1». Ésa es la valoración más alta que se da a
una fuente en información.
Esa misma información sobre Martín R... O... también
está complementada con otra serie de datos que aporta el
GDO (Grupo de Delincuencia Organizada) de la Guardia
Civil y que en el documento se indica que «se adjunta» y
se suma a una serie de «datos de tráfico».
Es decir, el uruguayo que vivía en Madrid y se
dedicaba al tráfico de armas y que pretendía adquirir
explosivos estaba perfectamente identificado por la UCO.
El coronel Félix Hernando reiteró en varias ocasiones
durante su comparecencia que «después de remitir este
informe -se refiere al del 27 de febrero de 2003- y
dejar la puerta abierta para algún dato que
posteriormente pudiera dar el informador, ya no hicimos
nada porque no nos compete; compete a la comandancia de
Asturias». Del otro informe, el del 6 de Marzo de 2003,
Hernando no reveló ningún detalle y lo ocultó a sus
señorías.
Además, el jefe de la UCO se dedicó durante toda su
comparecencia ante la Comisión de Investigación del 11-M
a tirar balones fuera y en un momento determinado
explicó a sus señorías que «no es mi competencia el
control y la vigilancia de los explosivos...Mi
especialidad es exclusivamente la investigación».
Hernando asumió, a la pregunta de «¿fallaron las
alarmas?» del diputado Jané i Guasch, de Convergencia i
Unió, que «indudablemente, fallaron los controles o los
seguimientos, etcétera». |