Tras el 11-M, el Gobierno puso en
marcha y vendió a bombo y platillo un dispositivo
especial de vigilancia y control de polvorines en toda
España. Y le encargó el trabajo a la Guardia Civil. Se
trataba de atajar de raíz cualquier intento de que se
produjeran nuevas sustracciones de explosivos de forma
incontrolada. Se trataba de demostrar que con ese
dispositivo una situación similar a la que se produjo
entorno al 11-M en Avilés no tendría cabida.
Ahora, uno de los
detenidos como consecuencia de estas actuaciones ha
recibido el indulto parcial por parte del Gobierno. Le
ha reducido a la mitad su condena.
En el marco de ese dispositivo fue detenido en 2005
un ciudadano de la localidad barcelonesa de Gurb. En su
chalé, los agentes del Instituto Armado encargados de
llevar a cabo este dispositivo localizaron casi 800
kilos de explosivos, en concreto de Goma 2 Eco,
similares a los utilizados en los atentados del 11-M.
Este ciudadano, Antonio Delgado Méndez, fue condenado
en 2007 a cuatro años de cárcel por tenencia de
explosivos. Ahora, el Gobierno ha considerado que se
merece un gesto, una gracia, y ha decidido concederle un
indulto por la mitad de la pena. La decisión del Consejo
de Ministros se produjo el pasado viernes.
En el momento de su detención Antonio Delgado
ocultaba en su chalé 755 kilos de Goma 2 Eco, 5.312
detonadores eléctricos, 500 metros de mecha lenta y 750
kilos de nitrato amónico granulado con un 33,5% de
contenido de nitrógeno, ocho rollos de línea de timbre
de conexión y 75 litros de gasoil. También llevaba 33
cartuchos de Goma 2 Eco en su coche. Su vivienda estaba
ubicada cerca de una escuela, por lo que si el material
hubiera estallado se habría podido producir una
auténtica catástrofe. Conviene recordar que las
estimaciones oficiales situaron en el entorno de los 150
kilos de Goma 2 Eco los utilizados en la masacre del
11-M en Madrid.
El que fuera en aquellas fechas ministro del Interior
y ahora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
José Antonio Alonso, anunció en Toledo que se había
abierto un expediente disciplinario sancionador para
exigir responsabilidades a ese detenido. Ese expediente,
paralelo al proceso judicial abierto, podría acarrear
una importante sanción económica. «Seremos
extraordinariamente duros», advirtió entonces el
ministro, quien añadió que «con el tema de los
explosivos no va a haber contemplaciones de ningún
tipo».
Sin embargo, en el Boletín Oficial del Estado se
apunta otra línea de trabajo. Fechado el pasado viernes,
el texto indica que Antonio Delgado fue condenado por la
Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia del 23
de mayo de 2007, como «autor de un delito de tenencia de
explosivos, a pena de cuatro años de prisión, con la
accesoria de inhabilitación especial de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena e inhabilitación
especial para la profesión de artillero durante el
tiempo de la condena y la privación del derecho de porte
y tenencia de armas durante siete años, por los hechos
cometidos en 2005».
El Ejecutivo decide conmutar «la pena privativa de
libertad impuesta» (cuatro años) por otra de dos años de
prisión, «a condición de que el condenado no vuelva a
cometer delito doloso en el plazo de cuatro años» desde
la publicación del real decreto.
El plan especial puesto en marcha por el Ministerio
del Interior tras los atentados del 11-M dio lugar a
numerosas actuaciones por parte de los efectivos de la
Guardia Civil. Se puso al descubierto el descontrol que
existía en los almacenes privados de explosivos y se
abrió una cantidad ingente de expedientes sancionadores
a las empresas encargadas de la custodia del material.
El condenado había acumulado todo el explosivo durante
13 años y no tenía nada que ver con tramas terroristas.
PRUEBAS Y PROMESAS
El material. 755 kilos de explosivo Goma 2 Eco, 5.312
detonadores eléctricos, 500 metros de mecha lenta y 750
kilos de nitrato amónico.
El ministro. El entonces responsable de Interior,
José Antonio Alonso, dijo: «Con el tema de los
explosivos no va a haber contemplaciones».