«La sentencia ha acabado con la pesadilla de cuatro policías honestos que se han visto involucrados en este tema por aquéllos que quisieron colar a los españoles la patraña de que ETA estaba detrás del 11-M», aseguró el ministro en una declaración institucional tras la que no hubo posibilidad de preguntar.

La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil -órgano encargado de abrir el expediente disciplinario a los funcionarios con conductas presuntamente irregulares o ilegales- también se pronunció inmediatamente tras la sentencia. En un comunicado, manifestó su «satisfacción por la decisión judicial que reafirma la integridad de los policías ante las calumnias vertidas desde algunos sectores. Con la sentencia ha sido demostrada la falsedad de las acusaciones contenidas en los ataques injustificados a los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía».

Y es que la sentencia del caso del ácido bórico dictada por la Audiencia Provincial de Madrid aclara que su actuación no fue delictiva, pero sí que hubo graves irregularidades en la tramitación de los informes. La sentencia establece que el polémico informe en el que los peritos apuntaban la existencia de ácido bórico, y que ya había aparecido en operaciones contra ETA, fue alterado de manera «irregular» siguiendo «un método inadecuado e impropio de cualquier organismo oficial». Los mandos juzgados actuaron «muy probablemente abducidos por la enjundia y relevancia sociopolítica del caso», indicaba la sentencia.

Las sanciones

Según explicaron fuentes sindicales de la Policía y se precisa en la propia legislación sobre Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, existen abundantes elementos en la sentencia como para que Interior sancione a los mandos de la Policía Científica por falta grave. En la relación de hechos considerados como falta grave se indica: «La emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar abiertamente a la verdad, desnaturalicen la misma valiéndose de términos ambiguos, confusos o tendenciosos, o la alteren mediante inexactitudes, siempre que el hecho no constituya delito o falta muy grave», indica el artículo 7, punto 12 de la legislación disciplinaria de los policías.

La Audiencia Provincial indicó que el comportamiento en la manipulación de los informes, efectivamente, no era delictivo, pero le dio un varapalo duro a la forma de trabajar de la Policía Científica en el caso del informe.

En caso de ser sancionados por falta grave, la Dirección General de la Policía podría suspender de funciones «por menos de tres años». Asimismo, les podría trasladar de forma forzosa e inmovilizarles en el escalafón por un periodo no superior a cinco años. Además, podría aplicarles la pérdida de cinco a 20 días de remuneración y suspensión de funciones por igual periodo», aclara la ley en su artículo 12.

Pero para que esta situación se produjera, el Ministerio del Interior debería haber actuado contra estos cuatro funcionarios de forma similar a como actúa contra el resto de policías que son acusados en un procedimiento penal. Porque el trato que han recibido estos mandos por parte de los responsables de Interior no es el que reciben todos los funcionarios de policía. Como recuerdan las fuentes sindicales consultadas por este periódico, cuando a un agente se le abre una investigación judicial, el Ministerio del Interior debe abrirle un expediente y adoptar medidas cautelares según sea la gravedad de las acusaciones, según se recoge en el régimen disciplinario de la Policía Nacional.

Ese expediente interno debe paralizarse y no resolverse hasta que se pronuncie la autoridad judicial. Pero mientras se produce esa parálisis, la autoridad administrativa puede adoptar medidas cautelares sobre los investigados. Son incontables los casos de agentes de la autoridad que, tras abrírselas una causa penal en los tribunales se ven sometidos a medidas administrativas preventivas: suspensión de empleo y sueldo. En el caso del comisario Miguel Angel Santano y sus subordinados, no solo no sufrieron medidas preventivas, sino que ni siquiera les fue abierto el expediente que se correspondía con la causa penal abierta contra ellos.

El hecho de que la Justicia les haya absuelto de un delito no significa que no tengan que responder a nivel administrativo de los hechos denunciados en la sentencia, las irregularidades respecto a la elaboración de un peritaje sobre el 11-M.

elmundo.es

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'Falsificar', según el Diccionario de la RAE, es «imitar o copiar algo haciéndolo pasar por auténtico». Exactamente eso fue lo que dijo EL MUNDO que había hecho la cúpula de la Policía Científica, y exactamente eso es lo que la sentencia de la Audiencia Provincia de Madrid dice que hicieron: alterar un informe policial, introduciendo «inveracidades». «Se produjo una 'mutatio veritatis' [mutación de la verdad] objetiva», abunda la resolución. También coincide la interpretación que hizo este periódico del móvil de su actuación con la que hace el tribunal: «Todo apunta a que el detonante de tal oposición [de los mandos sobre el documento original] fue la referencia al informe derivado del registro en un 'piso franco' de ETA», precisa la sentencia. Es decir, que no querían que al sumario del 11-M se incorporase nada que tuviese relación con la banda terrorista por colateral que fuese. Aunque la Audiencia afirma que no hay delito, sino una «irregularidad administrativa», lo que hicieron fue 'falsificar'.

Sólo el corporativismo mal entendido explica la reacción de uno de los sindicatos policiales a la hora de cerrar filas en torno a los funcionarios. La defensa que el SUP hace de ellos como «buenos profesionales» es particularmente estrambótica en el caso del comisario Santano, a quien el tribunal ni siquiera creyó en su declaración, y por ello asegura en el fallo que estaba «al tanto de toda la operación» mediante la que se alteró el documento. Además, llega a afirmar que su actitud «es incompatible con la responsabilidad derivada de su cargo».

El papel del perezoso diario El País merece un pequeño comentario. Ayer arremetió contra EL MUNDO y volvió a hablar de «conspiración» y de «bulo». No es ninguna sorpresa: el periódico de Prisa ha ido a remolque informativo en el 11-M y ha aceptado gustoso el papel de portavoz oficial de las filtraciones interesadas de Interior, incluidas las que señalaban la autoría de El Egipcio en base a una señal en su frente.

Lo verdaderamente preocupante del caso del bórico ha sido precisamente la conducta que ha mantenido el Ministerio del Interior desde el principio. Tal y como hoy informamos, Rubalcaba empezó por incumplir el Régimen Disciplinario de la Policía, que obliga a abrir un expediente a todo funcionario imputado hasta la resolución del caso. No sólo no se siguió el procedimiento, sino que ascendió a Santano a comisario principal con el proceso judicial abierto. El martes, pese al varapalo que para los policías supone el fallo, el ministro les presentó como víctimas de una confabulación y les calificó de «honestos». ¿Por qué no depura ahora sus flagrantes responsabilidades como funcionarios? Esta sospechosa actitud es un indicio de que la orden de orientar la investigación con un criterio político la dio alguien que estaba por encima de Santano. Quizás el ministro, que ayer animaba a EL MUNDO a «bajarse del burro», podría ayudarnos a dar con su nombre. Y si investigar el 11-M o pedir que se cumpla la ley es para él estar encima del sufrido animal, tendremos que decirle que mejor avanzar en pos de la verdad a lomos de asno que enmascararla con malas artes con tal de seguir montado en el machito con matrícula del parque móvil.