Las pretensiones de la Generalitat de actuar sobre el dinero que va a parar a las regiones con menos recursos financieros es mayor, si cabe, desde que el ministro de Economía, Pedro Solbes, obligado por las promesas de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, se comprometiera a que ninguna comunidad autónoma perderá ni un céntimo de euro con el nuevo sistema.

Por esa razón, el Govern del PSC, ERC e ICV considera que todo el margen para ganar recursos está vinculado a la nueva inyección de dinero aportada por el Estado. Reducir los mecanismos de solidaridad interterritorial figura, como siempre lo han estado, en el primer punto del decálogo de intenciones de la Generalitat en la negociación. Ese precepto ya aparecía cuando se negociaba el Estatut.

Es por ello que la Generalitat quiere limitar al máximo, al 65%, los recursos asignados al reparto entre comunidades autónomas, basándose únicamente en la sanidad, la educación y otros servicios básicos, y evitando el 80% que pretende destinar a ese objetivo el gabinete de Solbes. Para ello es necesario concretar los recursos y el modo de reparto de los tres fondos en los que piensa el Ministerio de Economía como nuevo mecanismo de solidaridad.

Equilibrio territorial

El fondo de garantía, utilizado para atender los servicios públicos fundamentales, es el mayor instrumento pensado para asegurar el equilibrio financiero de las comunidades. Este fondo se nutrirá de los recursos dependientes de la cesta de impuestos cedidos a las autonomías (con mayor peso del impuesto de la renta, el IVA y los impuestos especiales) y se crea con el objetivo de que todas las comunidades del régimen común puedan contar con la misma asignación presupuestaria para prestar sus servicios.

Una de las grandes dudas del conseller de Economía, Antoni Castells, es qué sucederá con los recursos que sobren de ese fondo. El consejero persigue que se quede en manos de las autonomías que mayor esfuerzo fiscal efectúan, las que más recursos aportan al sistema. Pero Solbes quiere que esos recursos vayan a parar a un segundo fondo pensado para financiar otras competencias transferidas y para evitar que ninguna comunidad ingrese menos a causa de las características de la nueva financiación. En todo caso, el Ministerio ya ha anunciado que para cubrir ese fondo será necesaria una inyección adicional de recursos del Estado.

En un tercer fondo, el de convergencia, puede estar la solución final al conflicto con Cataluña, pero, dada la ambigüedad de Solbes y de su número dos, Carlos Ocaña, Castells no da nada por garantizado. Las arcas del Estado aportarán todos los recursos de este fondo, que serviría para contentar a unos y otros. A las más pobres, porque contribuye a paliar diferencias entre comunidades. Y a las más ricas, porque impedirá que las menos dinámicas les superen en recursos por habitante. ¿Es posible todo?

La Generalitat ha sido cauta, muy cauta, a la hora de negociar el nuevo modelo de financiación y poner sobre la mesa sus pretensiones. Como el Gobierno, se ha limitado a exponer líneas generales, sin un porcentaje, sin una cifra pretenciosa. Pero entre los que entienden algo del problema de la financiación autonómica en Cataluña sí que se oye una cifra que podría darse por buena al concluir la negociación: alrededor de 3.500 millones de euros, si bien no todos en el primero o segundo año de vigencia del nuevo sistema.

Sólo gracias al rendimiento de la cesta de impuestos incluida por el Estatuto -y trasladada por el Gobierno al resto de comunidades-, Cataluña ingresaría 4.870 millones de euros según la liquidación de 2006. Eso, si no fuera porque la crisis inmobiliaria se ha llevado alrededor de 2.000 millones a cuenta de la caída de la recaudación del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Pero el mal que aqueja al objetivo de Cataluña es otro, y nunca escondido: los mecanismos de solidaridad, o lo que ya se ha convertido en el efecto Extremadura.

Esta comunidad, también gobernada por el PSOE, recauda por tributos propios y cedidos un 38% menos que la media española, el equivalente a 1.032 euros por habitante. Cataluña -como Madrid o Baleares- ingresa por ese capítulo un 31% más que el promedio. En cambio, el mecanismo de solidaridad actual revierte esas posiciones y, al ejecutar la redistribución, las regiones más ricas se quedan por debajo de las más pobres en recursos disponibles per cápita. Y eso es lo que no quiere que vuelva a suceder el tripartito, que culpa de esa situación al déficit -más gastos que ingresos- con que cierra año tras año su Presupuesto y el incremento de su endeudamiento, uno de los mayores de España.

Concreción. El tripartito reclama al Gobierno que concrete las bases de la propuesta presentada, sobre todo en lo que se refiere a cifras y porcentajes, pero también en conceptos clave para el reparto.

Los nuevos recursos. Dado que el nuevo modelo respetará el 'statu quo' de ingresos, el 'Govern' cree que sólo podrá ganar recursos con la inyección de más dinero del Estado. El 'Estatut'. Por activa y por pasiva, los miembros del Gobierno autónomo catalán aseguran que no firmarán ningún acuerdo que no respete la literalidad del nuevo marco estatutario.

Lealtad institucional. La Generalitat de Cataluña quiere el compromiso del Estado para que cada transferencia de competencias cuente con una asignación presupuestaria.