La llegada de Antonio Barrientos a la Alcaldía de Estepona se produce, como se ha repetido estos días, de una forma inesperada, cuando el anterior alcalde socialista de la localidad, Antonio Caba, se ve forzado a dimitir al verse involucrado en un escándalo de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Caba se marcha en abril de 2001 y lo sustituye en el cargo Barrientos, que era el sexto de la lista. ¿Por qué él?

José Luis Rodríguez Zapatero no llevaba entonces ni un año como secretario general de los socialistas, y la crisis de Estepona fue una de las primeras que se vio obligado a gestionar. José Blanco elogió la dimisión de Caba y la nueva Ejecutiva socialista apoyó como sustituto a una «cara nueva».

Así subió la figura de Antonio Barrientos, que no había cumplido aún los 40 años y que fue presentado en Estepona como «un ejemplo de la renovación y del cambio tranquilo de Zapatero» quería «imprimir en el partido». El propio secretario general acudió a Málaga un día antes de la elección de Barrientos para mantener con él un breve encuentro y expresarle su apoyo.

El nuevo alcalde mantuvo la alianza política de su antecesor -la de todas las fuerzas antigilistas: PP, PSOE, PA e IU- hasta que los populares firmaron una polémica moción de censura en noviembre de 2001 con siete ediles del GIL, que abandonaron ese partido y se inscribieron como militantes del PP.

En las elecciones de 2003, el PP se impuso a Barrientos, que ya entonces controlaba el PSOE local. Aunque la descomposición del GIL ya estaba en ciernes, todavía no había estallado el caso Malaya y Barrientos decide proponerle a los cuatro concejales que obtuvo el partido que formaron los ex gilistas, el PES (Partido de Estepona), un pacto de gobierno, junto al único edil de IU. «Son personas honestas y decentes», afirmó entonces el nuevo regidor.

Como quiera que la Ejecutiva regional del PSOE había prohibido este tipo de acuerdos con concejales procedentes del GIL, Barrientos viajó a Sevilla para sacar adelante su acuerdo. Y lo consiguió. La entonces vicesecretaria general de los socialistas andaluces, María del Mar Moreno, lo explicó en estos términos: «Con el objetivo de frenar las políticas desarrollistas y especuladoras que el PP ha puesto en marcha en Estepona, asumimos la responsabilidad de dar ejemplo desde esa ciudad de que otra política urbanística es posible en la Costa del Sol».

Dos meses después, la portavoz socialista en Marbella, Isabel García Marcos, planteó una moción de censura contra Julián Muñoz junto al Partido Andalucista y una fracción del GIL abanderada por Marisol Yagüe, provocando una dura reacción del PSOE andaluz, cuya Ejecutiva decidió expulsar del partido a todos los ediles que habían firmado la moción.

Inevitablemente, todas las miradas de volvieron hacia Estepona, donde funcionaba una coalición entre socialistas y ex gilistas. ¿Iba a mantener el PSOE su pacto de Estepona tras el escádanlo de Marbella? ¿Por qué en Marbella se expulsaba a quienes pactaban con el GIL y no ocurría lo mismo en Estepona?

Se lo preguntaron al propio Manuel Chaves el 10 de agosto de 2003, que respondió: «No tiene sentido comparar Marbella con Estepona. La diferencia fundamental es quién tiene la mayoría y que en Estepona el alcalde es el socialista Antonio Barrientos. Confío en el alcalde de Estepona».

La afirmación tajante del presidente de la Junta de Andalucía merece la pena ser leída ahora de nuevo, cuando, tras conocerse la investigación de la operación Astapa, la Fiscalía Anticorrupción ha afirmado que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba «con el mismo patrón» que el de Marbella bajo el gobierno del Grupo Independiente Liberal, el GIL.

Nadie en el Gobierno andaluz, sin embargo, detectó nada: ni los servicios de inspección urbanística, ni los delegados provinciales, ni la Consejería que tiene las competencias de ordenación territorial... Ni siquiera el hecho de que el propio Ayuntamiento de Estepona tuviera abiertos 1.578 expedientes por infracciones urbanísticas provocó la alarma de nadie ni en el Gobierno ni en el PSOE. Ni que hubiera 86 denuncias contra el Consistorio vinculadas a la disciplina urbanística -abiertas por la propia Junta de Andalucía y que ahora se esgrimen como salvoconducto en el escándalo-. El PSOE no se puso en alerta y, en las elecciones de 2007, volvió a presentar a Barrientos como candidato.

Denuncias y expedientes

Nadie se dio por enterado de lo que ocurría quizá porque, como señalaba el pasado viernes la abogada y ex parlamentaria Inmaculada Gálvez, experta en temas urbanísticos, todo tiene apariencia de «un paripé». «Lo que hacía el Ayuntamiento de Estepona -explicaba Gálvez- es abrir expedientes de sanción a las ilegalidades, pero resulta que no llegaban a ninguna parte; ahí se morían las ilegalidades, en el expediente sin resolver. Como era el Ayuntamiento el que abría los expedientes, la Junta tampoco actuaba, en teoría a la espera de que el municipio los resolviera. Ahí está el truco: al final, se consumaba la ilegalidad sin que nadie actuara».

Entre tanto, Barrientos seguía cosechando apoyos en el PSOE y presentándose como «el referente y el modelo de urbanismo en la Costa del Sol» para «erradicar de una vez por todas el urbanismo del trapicheo, del amiguismo, de las influencias o de los especuladores».

¿Es posible pensar en un despiste de la Junta de Andalucía, en el engaño colectivo al que Barrientos tenía sometidos a todos los dirigentes del PSOE, desde Javier Rojo, presidente del Senado, hasta los líderes malagueños y andaluces?

Nadie en Málaga que haya conocido a Barrientos, su forma de ser, su ritmo de vida, se toma en serio la pregunta. Las explicaciones, por el contrario, apuntan a la famosa caja b de la que se habla en el sumario de la operación Astapa y que servía, entre otros conceptos, para financiar ilegalmente al PSOE. Dicho de otra forma: si Barrientos se había convertido en uno de los principales recaudadores del PSOE, es posible explicar la inmunidad ante los escándalos urbanísticos que se han sucedido durante los últimos cinco años.

Por el momento, la única certeza que se tiene es que Barrientos jamás ha sido un alcalde más en el PSOE. Ese es el gran engaño de la operación Astapa, la gran mentira: presentar a Antonio Barrientos como un outsider de la corrupción municipal. Todos lo sabían, todos lo apoyaron, nadie actuó y, ahora, nadie conoce a nadie.