Los GAL fueron un grupo terrorista
organizado y financiado por el Gobierno presidido por
Felipe González Márquez, que acabaron con la vida de 30
personas, unos cuantos de ellos terroristas y muchos
otros gente que pasaba por allí, o que fueron
confundidos por los sicarios y mercenarios del
Ministerio de Interior. No sé explicarlo de modo más
breve y lineal. Los GAL constituyeron un episodio
insuperable de corrupción ética, moral, política y
económica sin precedentes que acabó con González
desalojado del Ejecutivo en las urnas.
Un reducido grupo de
periodistas, fundamentalmente del Diario 16 verdadero y
después de EL MUNDO, se empeñaron en que los ciudadanos
conocieran la verdad de lo sucedido frente a un
Ejecutivo empecinado en evitarlo por todos los medios a
su alcance, que eran, lógicamente, muchos y muy
superiores a los nuestros.
González dejó para la historia la famosa frase de «ni
hay pruebas ni las habrá nunca» (de la responsabilidad
de su Gobierno en los GAL). Utilizó todos los resortes,
legales e ilegales, para evitar que la verdad viera la
luz. Bajo su mandato se presionó a editores y
periodistas; se acosó hasta la infamia a quienes
estábamos dedicados en cuerpo y alma a la investigación
del caso; se espió ilegalmente a ciudadanos de toda
condición, profesión u oficio; se presionó y condicionó
a jueces y fiscales, en algunos casos forzando el
abandono de algunos; se falsificaron pruebas; se
presionó a testigos; se compraron voluntades; se
asesinó; se saquearon las arcas públicas; se secuestró a
un anciano en pijama y su Gobierno se planteó enterrarle
en cal viva, como se hizo meses antes con dos etarras...
Tras muchos años de pelea en soledad, esos
periodistas y un también reducido número de fiscales y
jueces, con el apoyo de otro pequeño grupo de ciudadanos
decentes, la verdad se abrió camino y aportó una
acumulación insoportable de pruebas, evidencias y
sospechas que terminaron por conformar un puñado de
sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal
Supremo de España estableciendo de modo indubitado la
veracidad de todo cuanto habíamos denunciado. El Estado
olvidó la razón y la pasión de esos ciudadanos, de esos
fiscales, jueces, de esos periodistas, y el gang de
Interior transformado en batallón de la muerte.
Los GAL cometieron muchos crímenes, segaron la vida
de 30 personas, mantuvieron secuestrado durante siete
días a un anciano en condiciones infrahumanas,
cometieron atentados indiscriminados. Y, además, fueron
un gran error, un error insuperable con consecuencias
gravísimas para la democracia y la lucha contra el
terrorismo. Mientras los altos mandos jugaban a Al
Capone y se llevaban la pasta para comprar fincas y
apartamentos en Miami, los asesinos de ETA actuaban casi
cada semana asesinando, sobre todo, a funcionarios
policiales y militares. Los guardias civiles y policías
dedicados a la lucha antiterrorista trabajaban con
material de tercera, patrullaban con sus coches
particulares porque el Estado no tenía vehículos
suficientes y pagaban la gasolina con sus propias
pesetas porque no había dinero público para sufragar el
trabajo de quienes a cambio de un sueldo mínimo
dedicaban su vida a perseguir a los delincuentes.
Por más que González y sus GAL consiguieran que
Francia moviera algunas piezas, presionada por la ola de
crímenes en su territorio, los GAL supusieron un paso
atrás en la lucha contra ETA del que tardamos mucho
tiempo en recuperarnos. Además del daño ético y moral a
nuestro sistema democrático, desde un punto de vista
operativo, se perdieron años preciosos.
Nunca sabremos qué habría pasado si los miles de
millones de pesetas, dedicados a contratar sicarios de
tercera y a engrosar sus cuentas corrientes, se hubieran
destinado a perfeccionar la formación de los agentes, a
darles medios materiales de última generación, a
establecer sistemas de seguridad modernos en los
acuartelamientos, a pagar salarios dignos a quienes se
jugaban sus vidas para proteger las nuestras.
Ni la democracia ni el Estado de derecho resultan
compatibles con el terror promovido desde ámbitos
institucionales. Ni la convivencia ni los valores que
articulan la vida de un pueblo pueden subsistir
doblegados a la «razón de Estado» ni a un programa
sostenido, a la postre, por una visión alcantarillesca
de la realidad.
Al fin, como soy un optimista vital, trato de buscar
una consecuencia positiva de esta crónica del horror: y
me sorprendo a mí mismo queriendo creer que el resultado
final (el cambio de Gobierno, las sentencias que
arrojaron luz, pese a que nuestro señor X particular
jamás tuvo la decencia de aceptar responsabilidad
alguna), es una prueba más de la capacidad regeneradora
y vital de la democracia frente a quienes se inspiraron
en un sombrío y laberíntico plano de mazmorras y
tenebrosos pasajes subterráneos de Piranesi para hacer
política.