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 Miércoles, 30 de julio de 2008. Año: XVIII. Numero: 6799.
ESPAÑA
 
CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (3) / Los hechos
'Caso GAL': un error y 30 crímenes
Constituyeron un episodio insuperable de corrupción ética, moral y política que acabó echando a González del Gobierno
MELCHOR MIRALLES

Los GAL fueron un grupo terrorista organizado y financiado por el Gobierno presidido por Felipe González Márquez, que acabaron con la vida de 30 personas, unos cuantos de ellos terroristas y muchos otros gente que pasaba por allí, o que fueron confundidos por los sicarios y mercenarios del Ministerio de Interior. No sé explicarlo de modo más breve y lineal. Los GAL constituyeron un episodio insuperable de corrupción ética, moral, política y económica sin precedentes que acabó con González desalojado del Ejecutivo en las urnas.

Un reducido grupo de periodistas, fundamentalmente del Diario 16 verdadero y después de EL MUNDO, se empeñaron en que los ciudadanos conocieran la verdad de lo sucedido frente a un Ejecutivo empecinado en evitarlo por todos los medios a su alcance, que eran, lógicamente, muchos y muy superiores a los nuestros.

González dejó para la historia la famosa frase de «ni hay pruebas ni las habrá nunca» (de la responsabilidad de su Gobierno en los GAL). Utilizó todos los resortes, legales e ilegales, para evitar que la verdad viera la luz. Bajo su mandato se presionó a editores y periodistas; se acosó hasta la infamia a quienes estábamos dedicados en cuerpo y alma a la investigación del caso; se espió ilegalmente a ciudadanos de toda condición, profesión u oficio; se presionó y condicionó a jueces y fiscales, en algunos casos forzando el abandono de algunos; se falsificaron pruebas; se presionó a testigos; se compraron voluntades; se asesinó; se saquearon las arcas públicas; se secuestró a un anciano en pijama y su Gobierno se planteó enterrarle en cal viva, como se hizo meses antes con dos etarras...

Tras muchos años de pelea en soledad, esos periodistas y un también reducido número de fiscales y jueces, con el apoyo de otro pequeño grupo de ciudadanos decentes, la verdad se abrió camino y aportó una acumulación insoportable de pruebas, evidencias y sospechas que terminaron por conformar un puñado de sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo de España estableciendo de modo indubitado la veracidad de todo cuanto habíamos denunciado. El Estado olvidó la razón y la pasión de esos ciudadanos, de esos fiscales, jueces, de esos periodistas, y el gang de Interior transformado en batallón de la muerte.

Los GAL cometieron muchos crímenes, segaron la vida de 30 personas, mantuvieron secuestrado durante siete días a un anciano en condiciones infrahumanas, cometieron atentados indiscriminados. Y, además, fueron un gran error, un error insuperable con consecuencias gravísimas para la democracia y la lucha contra el terrorismo. Mientras los altos mandos jugaban a Al Capone y se llevaban la pasta para comprar fincas y apartamentos en Miami, los asesinos de ETA actuaban casi cada semana asesinando, sobre todo, a funcionarios policiales y militares. Los guardias civiles y policías dedicados a la lucha antiterrorista trabajaban con material de tercera, patrullaban con sus coches particulares porque el Estado no tenía vehículos suficientes y pagaban la gasolina con sus propias pesetas porque no había dinero público para sufragar el trabajo de quienes a cambio de un sueldo mínimo dedicaban su vida a perseguir a los delincuentes.

Por más que González y sus GAL consiguieran que Francia moviera algunas piezas, presionada por la ola de crímenes en su territorio, los GAL supusieron un paso atrás en la lucha contra ETA del que tardamos mucho tiempo en recuperarnos. Además del daño ético y moral a nuestro sistema democrático, desde un punto de vista operativo, se perdieron años preciosos.

Nunca sabremos qué habría pasado si los miles de millones de pesetas, dedicados a contratar sicarios de tercera y a engrosar sus cuentas corrientes, se hubieran destinado a perfeccionar la formación de los agentes, a darles medios materiales de última generación, a establecer sistemas de seguridad modernos en los acuartelamientos, a pagar salarios dignos a quienes se jugaban sus vidas para proteger las nuestras.

Ni la democracia ni el Estado de derecho resultan compatibles con el terror promovido desde ámbitos institucionales. Ni la convivencia ni los valores que articulan la vida de un pueblo pueden subsistir doblegados a la «razón de Estado» ni a un programa sostenido, a la postre, por una visión alcantarillesca de la realidad.

Al fin, como soy un optimista vital, trato de buscar una consecuencia positiva de esta crónica del horror: y me sorprendo a mí mismo queriendo creer que el resultado final (el cambio de Gobierno, las sentencias que arrojaron luz, pese a que nuestro señor X particular jamás tuvo la decencia de aceptar responsabilidad alguna), es una prueba más de la capacidad regeneradora y vital de la democracia frente a quienes se inspiraron en un sombrío y laberíntico plano de mazmorras y tenebrosos pasajes subterráneos de Piranesi para hacer política.

 © Mundinteractivos, S.A.
 

 

 
 
 
 

 

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