El PSE está dispuesto a suscribir
con el tripartito (PNV, EA y EB) una reforma parcial del
Reglamento del Parlamento vasco que no incluiría la
obligación de que los diputados tengan que acatar la
Constitución y el resto de normas básicas para asumir
las funciones de su cargo.
Los socialistas creen
necesaria dicha reforma y ya no ponen para su aprobación
ninguna condición, en contra de lo que hicieron durante
la pasada legislatura, en compañía del PP.
Tanto el portavoz de los socialistas vascos, Rodolfo
Ares, como el representante de esta formación en la
ponencia que estudia los cambios en el Reglamento, Oscar
Rodríguez Vaz, aseguraron a este periódico que están
dispuestos a suscribir una reforma «parcial» tendente a
agilizar y modernizar el funcionamiento de la Cámara,
aunque ello suponga dejar al margen el aspecto
fundamental de la obligación de acatar la Carta Magna
por los parlamentarios.
En la legislatura pasada no pudo salir adelante la
reforma porque PP y PSE se opusieron a ella si no se
incluía la promesa o juramento de las leyes
fundamentales. Para que el Reglamento pueda ser cambiado
se requiere la mayoría de la mitad más uno de los
parlamentarios, es decir, 38 votos, por lo que el
tripartito necesita el apoyo de uno de los grupos no
nacionalistas.
Hace casi un año se decidió aparcar el espinoso
asunto de la promesa o juramento de la Constitución para
explorar si era posible alcanzar un acuerdo en aspectos
de funcionamiento. La última reunión de la ponencia se
celebró en junio, pero desde entonces se han celebrado
varios encuentros en los que se ha producido una
coincidencia bastante amplia en tres áreas
fundamentales: la agilización de los trámites ordinarios
(registro, convocatoria de comisiones); aumentar los
mecanismos de control al Gobierno con plenos quincenales
y la delegación de voto al portavoz del grupo cuando el
parlamentario o parlamentaria esté disfrutando de una
baja o permiso de maternidad o paternidad.
La cuestión que se deberá dilucidar el próximo
miércoles, cuando está convocada la ponencia, es si las
formaciones vascas están dispuestas a asumir una reforma
parcial sobre esos asuntos en los que sí se puede
producir el acuerdo, una vez que está claro que es
imposible el consenso global. Rodolfo Ares fue
categórico al señalar que el PSE «no está cerrado a una
reforma parcial», lo que supone un cambio sustancial con
la postura mantenida en la anterior legislatura en la
que, junto al PP, exigió la inclusión del acatamiento a
las leyes básicas.
De cualquier forma, el portavoz socialista aseguró
que el acuerdo tendría que ser «por inmensa mayoría».
Oscar Rodríguez declaró que se ha alcanzado un
«preacuerdo verbal» sobre los temas básicos para
agilizar la vida parlamentaria, pero matizó que no está
«nada convencido» de que el acuerdo vaya a ser posible,
ya que, a su juicio, todavía quedan muchos aspectos por
perfilar y hay diferencias que pueden dar al traste con
el consenso, incluso para esa posible reforma parcial.
El acatamiento, promesa o juramento de la
Constitución española es un tema tabú para los
nacionalistas, que siempre lo han rechazado. Los
distintos lehendakaris, en las tomas de posesión,
utilizan una fórmula establecida por el primer
presidente vasco, José Antonio Agirre, y que no hace
ninguna mención a las leyes españolas. Tampoco los
consejeros del Gobierno expresan el acatamiento al
ordenamiento jurídico vigente.
La última polémica se ha vivido con los ertzainas,
que lo tendrán que hacer en el futuro después de una
resolución judicial.
Rafael Larreina, representante de EA en la ponencia,
se mostraba ayer optimista respecto a la posibilidad de
alcanzar un acuerdo «aunque sea parcial y que afecta a
todo, salvo a lo que no tiene que ver con el
funcionamiento de la Cámara», en referencia al
acatamiento de la Constitución. «Si se quiere, en un mes
puede estar aprobado», aseguró el representante de EA.
Menos optimista se mostró el portavoz del PP, Carlos
Urquijo, ya que, además del asunto de la Carta Magna
-que es fundamental para esta formación-, mantiene
también discrepancias en otros asuntos como el control
presupuestario, la separación de grupos de las
formaciones que concurran en una coalición o el número
mínimo de parlamentarios para formar grupo.