En un comunicado oficial, el Ministerio que dirige Pedro Solbes admite que el propietario de Gestynsa es padre del asesor de Moncloa, pero califica de «rotundamente falso» que éste haya realizado gestiones para paralizar la investigación abierta a Gestynsa y que ésta se haya prolongado durante un plazo «inusualmente largo». El organismo quiso con ello «desmentir la información publicada por EL MUNDO» en su edición de ayer. El comunicado, de tres páginas, dedica el grueso a detallar un calendario de actuaciones que demuestra que el organismo encargado de investigar a Gestynsa, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), ha actuado en todo momento con serio riesgo de dejar prescribir las presuntas irregularidades de esta auditora. Apuró con ella aún más los plazos que con Carrera Auditores, la encargada de fiscalizar a Fórum Filatélico.

Según fuentes oficiales, el ICAC no puede incoar expediente sancionador a una auditora dos años más tarde de firmar las cuentas. Es decir, como en el caso de Gestynsa se ha escudriñado su deficiente labor de control de las cuentas de Afinsa en el ejercicio de 2002, el plazo empieza a contar en junio de 2003 y termina en ese mismo mes de 2005. Pues bien, el presidente del ICAC, José Ramón González, acordó incoar expediente sancionador a Gestynsa el 19 de mayo de 2005, diez días antes de que prescribiera esa posibilidad y año y medio después de iniciar la investigación. Gestynsa es una pequeña auditora con sólo seis empleados, según publicó ayer el diario Expansión y, según Hacienda, el objetivo no era cotejar las cuentas de Afinsa, sino el trabajo de la auditora.

Una vez incoado el expediente, sólo puede pasar un año más antes de notificar al afectado una resolución sancionadora. Y, de nuevo, el ICAC apuró plazos. La notificación fue el pasado 6 de abril, 43 días antes del límite, y eso que el Ministerio sabe desde junio de 2005 que la Agencia Tributaria había concluido que había actividad delictiva en Afinsa y que la auditora no había reflejado su situación patrimonial.

El comunicado oficial del Ministerio de Economía asegura que «las sanciones impuestas a ambas empresas de auditoría y a sus socios se califican como graves por incumplimiento de las normas de auditoría que pudieran tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo, y por consiguiente, en su informe».No detalla por qué el ICAC no aplicó la sanción máxima -Afinsa deja a más de 150.000 personas presuntamente estafadas-. Según la legislación vigente, el ICAC puede considerar la infracción «muy grave», cuando aprecia «la emisión de informes de auditoría de cuentas cuya opinión no fuese acorde con las pruebas obtenidas por el auditor en su trabajo, siempre que hubiese mediado dolo o negligencia especialmente grave e inexcusable».

Al no apreciar ese hecho, no sólo la sanción económica a Gestynsa es la mitad -un máximo de 150.000 euros-, sino que la auditora se libra de la peor sanción, la inhabilitación para seguir operando.Fuentes oficiales señalaron que el expediente no puede ser aún hecho público, por no ser firme. Gestynsa lo ha recurrido ante Solbes por considerar excesivo el castigo del ICAC. En el relato de los hechos, que hacía ayer el Ministerio, resalta que Francisco Blázquez -no su hijo Jorge- hizo una gestión personal ante el presidente del ICAC. El pasado 17 de enero, tras saber que podía ser sancionado, pidió ver a González «para explicarle verbalmente el contenido de las alegaciones presentadas». Blázquez eligió esta vía, pese a que el presidente del ICAC, que toma la decisión última de sanción, sólo puede basarse en documentos escritos y tiene que motivar su resolución. González sometió, no obstante, como es preceptivo, su decisión a consulta del Comité de Auditoría, en que participan, entre otros, representantes de la CNMV y el Banco de España. Este «dio su conformidad», según el Ministerio.

El director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, respaldó ayer a su colaborador. Afirmó en el Senado que la información publicada por EL MUNDO habla de una conversación entre dos personas [este diario publicó que Blázquez había realizado diversas gestiones]. Una de ellas, el vicepresidente [parecía aludir a Pedro Solbes], ya lo ha negado, y la otra [en alusión a Jorge Blázquez] no lo ha desmentido, pero piensa acudir a los tribunales, que serán los que tendrán que desmentir «este tipo de calumnias», Ante las críticas del PP, Sebastián afirmó que su oficina «no es enigmática» y que su función es asesorar al presidente Dijo que él no presta «atención a chismorreos».