Madrid- El Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido rodearse de personal de la Agencia Tributaria para vigilar de cerca todo el procedimiento administrativo y jurídico provocado a partir de la llamada «operación Atrio» que culminó con la intervención judicial de Afinsa y Fórum Filatélico el pasado día 9 de mayo. Juana Lázaro, subsecretaria del departamento que dirige Pedro Solbes, es la encargada de reclutar a los inspectores, subinspectos y agentes tributarios, que han debido trasladar su actividad profesional de la Agencia Tributaria al Ministerio de Economía con el fin de formar un «gabinete de crisis» que evite males mayores para el Estado ante las responsabilidades civiles que empiezan a exigir los casi 400.000 damnificados por el escándalo de los sellos.
   Responsabilidad patrimonial. El Gobierno no parece tenerlas todas consigo o, al menos, esto es lo que opinan los abogados de los inversores tras conocer la formación de este equipo de expertos fiscales que van a aserorar al vicepresidente económico. No en vano, el titular de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, anunció el pasado viernes la presentación de una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Estado que puede costar al erario público 3.500 millones de euros, de acuerdo con el «agujero» contabilizado en las dos sociedades intervenidas.
   La Agencia Tributaria tiene un papel decisivo en la clarificación de todo el proceso por cuanto que ha mantenido posiciones divergentes sobre la naturaleza de la actividad llevada a cabo por Afinsa y Fórum Filátélico. Las primeras inspecciones, que datan de los ejercicios 1993 y 1994, y que se extienden tanto a las empresas como a sus clientes, se limitan a cuestionar la deducibilidad fiscal de determinadas provisiones por riesgos y gastos que se consideraron correctas a efectos contables, pero no tributarios.
   En cualquier caso, la Agencia Tributaria nunca discutió entonces la naturaleza de los contratos que efectuaban ambas sociedades con los inversores ni alertó sobre los eventuales déficits patrimoniales y consiguientes delitos que han sido imputados posteriormente por la Fiscalía Anticorrupción.
   El cambio de criterio se fundamenta en las actas levantadas durante los dos últimos años por la inspectora María Teresa Yábar Sterling, quien califica la actividad de las empresas ahora judicialmente intervenidas como préstamos financieros, lo que implica una consideración de balance totalmente distinta a la que requiere un negocio puramente mercantil.
   En el supuesto de contratos de préstamo con pacto de recompra, la situación patrimonial de Afinsa y Fórum Filatélico estaría, en efecto, abocada a la quiebra por cuanto que los bienes tangibles, en este caso los sellos, no alcanzarían el valor que se deriva de los compromisos contraídos con los clientes.
   Negocio y supervisión financiera. El debate sobre la consideración comercial o financiera del negocio de los sellos es esencial, por lo tanto, para determinar la existencia del escándalo, pero desde una perspectiva política el problema del Gobierno reside en que si prospera la versión que pretende demostrar la estafa, los damnificados tendrían también muchas posibilidades de hacer valer sus derechos sobre la eventual negligencia del Estado en lo que concierne a la falta de supervisión financiera y también a la dispar actuación de la Hacienda Pública. De ahí que el ministro prefiera curarse en salud y buscar asesoramiento directo entre los propios funcionarios de la Agencia Tributaria.
   Cabe señalar que toda la actuación de Hacienda ha sido puesta en evidencia por los propios servicios jurídicos de la Agencia Tributaria que, en última instancia, analizaron todo el expediente fiscal sobre las dos empresas de bienes tangibles.
   El director del servicio jurídico de la Agencia, Maximino Linares, consideró en julio del pasado año que «aunque la sensación de riesgo es elevada, resulta igualmente difícil tipificar los hechos descritos como delito de estafa». A la vista de ello, y teniendo en cuenta las acusaciones de la mencionada inspectora de la Agencia Tributaria, el responsable del dictamen señaló la conveniencia de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, que ha seguido los postulados de María Teresa Yábar Sterling con la consiguiente intervención judicial de Afinsa y Fórum Filatélico.