El negocio consistía en lo siguiente: el inversor entregaba un capital o unas cantidades periódicas a Fórum Filatélico o Afinsa, sociedades que adquirían con ese dinero sellos y otros bienes. Los inversores tenían garantía de recompra, de modo que pasados unos años podían acudir a su sociedad, que adquiría los sellos y les devolvía el capital invertido, más un interés. Ese interés se justificaba en que los bienes tangibles, por su rareza, van ganando valor con el paso del tiempo.

 

El problema es que dichas sociedades vendían al ahorrador al menos parte de las colecciones de sellos a precios muy superiores a los del mercado. Para pagar un interés sobre la supuesta revalorización de un activo con los precios ya hinchados, las sociedades acudían a la llegada de nuevo dinero, aportado por nuevos clientes. Esta forma de operar se conoce como sistema piramidal, inventado por el italiano Charles Ponzi a comienzos de siglo, quien inició un esquema similar precisamente con sellos. Estos esquemas funcionan mientras las altas rentabilidades hacen llegar nuevo dinero, con el que satisfacer los intereses y los compromisos de recompra. Pero siempre llegan a un punto en el que se revela insostenible, y se descubre el fraude. Nuestra legislación civil y penal lo tipifica como estafa.

 

El martes, 9 de mayo de 2006 los titulares de los periódicos y los noticieros de toda España abrían con la misma noticia, uno de los escándalos más sonados del Gobierno de Rodríguez Zapatero, y sin precedentes en nuestra democracia: la condena a trece años a tres policías por detención ilegal de dos miembros del partido de la oposición, entre otros delitos. Fue entonces cuando saltó la noticia. El Gobierno conocía del asunto desde 2003, cuando la Agencia Tributaria inició unas pesquisas que concluyeron en julio de 2005, y cuyos resultados fueron puestos en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Pero fue en pleno escándalo del Caso Bono cuando lo hizo saltar a la luz, con medidas espectaculares, y comparecencias de su portavoz, Fernando Moraleda, aunque fuera para declarar que no es responsable en este asunto.

 

La Fiscalía Anticorrupción ha acusado a Afinsa de estafa y falsedad documental, además de otros delitos contra la Hacienda Pública, insolvencia punible y administración desleal, y considera que su situación es de "absoluta insolvencia" y tiene un déficit patrimonial de 1.105 millones de euros, que no le permite hacer frente a los compromisos con sus 142.697 clientes. Por su parte, Fórum Filatélico ha reconocido tener un agujero de unos 1.400 millones por el desfase entre los compromisos de recompra, de 5.250 millones de euros, y los contratos de venta (3.804 millones).