madrid- La decisión adoptada por el Tribunal Supremo el 27 de marzo del año 2003 de ilegalizar a Batasuna supuso un durísimo golpe tanto político como económico para el brazo político de ETA. Institucionalmente, dejó a la izquierda abertzale sin representación municipal y sin el poder que ello otorga; económicamente, sin una importantísima fuente de financiación para todo el entramado. Es por eso que la formación de Arnaldo Otegi considera prioritaria su presencia en los comicios municipales del próximo mes de mayo.
   De repetirse los resultados de las elecciones municipales de 1999, las últimas a las que pudo presentarse la formación abertzale antes de ser ilegalizada, la vuelta a las urnas les reportaría a los batasunos 49 alcaldías y casi 900 concejales (891) en el País Vasco y en Navarra.
   La gestión directa de ayuntamientos les permitiría controlar áreas tan importantes como las policías municipales y tener acceso a informaciones muy sensibles para la seguridad. No en vano, el informe que la Abogacía del Estado presentó en agosto de 2002 para que se pusiera en marcha su proceso de ilegalización afirmaba que uno de los objetivos de Batasuna era tener acceso al censo electoral para que la banda terrorista pudiera «multiplicar los efectos de la violencia terrorista». El entonces delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuategui, afirmó que el partido liderado por Arnaldo Otegi había entregado el citado censo al «comando Madrid» entonces desarticulado para que esta célula pudiese cometer sus atentados con la información en él contenida.
   Para la izquierda abertzale, el poder municipal siempre ha sido fundamental para controlar lo que en su jerga se conoce como «frente de masas», que no es sino el de los ciudadanos, a los que considera más sencillo influenciar desde los ayuntamientos, por su cercanía, que desde otras esferas de poder, como las diputaciones provinciales o el Parlamento de Vitoria.
   De recuperar el medio centenar de consistorios que estaban en sus manos antes de su ilegalización, los batasunos pasarían a gestionar la nada despreciable cantidad de 200 millones de euros anuales (800 en la legislatura) en concepto de presupuestos, según un informe que hizo la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) en 2003 basándose en datos del instituto de estadísticas vasco (Eustat).
   Gran parte de este dinero podría ser desviado a sus arcas por ejemplo en concepto de subvenciones hacia las organizaciones afines a su ideología. No en vano, en los meses previos a lo que ya se antojaba como su casi segura ilegalización, los consistorios gobernados por los abertzales desviaron importantes partidas presupuestarias para abonar las citadas subvenciones o para contratar o adjudicar servicios a aquellos sujetos afines a la ideología abertzale.
   Si la puerta de la legalidad volviese a abrirse para Batasuna, se cerraría otra como es la de la polémica sobre si el Partido Comunista de las Tierras Vascas es o no su heredero en el Parlamento vasco. Eliminada esta barrera, los batasunos recuperarían de pleno derecho sus escaños y, con ellos, las suculentas subvenciones que llevan aparejados. En 2003, por ejemplo, justo antes de su ilegalización, los abertzales recibieron 709.000 euros en subvenciones.