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Cuarenta millones de euros, más de 6.700 millones de pesetas. Ésta es la cuantía de la astronómica comisión pactada entre el ex alcalde socialista de Ciempozuelos y la inmobiliaria Esprode a cambio del desbloqueo del Plan de Urbanismo del municipio. La desorbitada cifra no tiene parangón en el turbio «ranking» de los escándalos político-financieros que han salpicado nuestra historia reciente. Para hacerse una idea de la magnitud del asunto, la citada comisión multiplica por siete los pagos irregulares detectados en el «caso Filesa», el escándalo de financiación irregular del PSOE que marcó el «felipismo». Más de mil millones de pesetas -unos seis millones de euros- fueron pagados por varios bancos y empresas a cambio de supuestos informes y estudios que nunca existieron. El fin real de esta tapadera: engordar las cuentas socialistas. La equiparación entre ambos casos cobra fuerza si se tienen en cuenta las sospechas del PP: «Ciempozuelos huele a financiación ilegal del PSOE y quizás a algo más», asegura Juan José Güemes, portavoz popular de Madrid y consejero de Empleo.

Merece la pena establecer una comparación con otros destacados casos de corrupción para comprobar la envergadura de este nuevo escándalo.

 

«Caso Guerra». El PSOE proporciona a Juan Guerra -hermano del vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra- un despacho oficial en la Delegación del Gobierno de Andalucía. Aunque su función, en un principio, era ser el asistente de su hermano a cambio de un sueldo de 129.370 pesetas al mes, Juan Guerra acabó siendo juzgado por cohecho, prevaricación, usurpación de funciones o malversación de fondos. El fraude fiscal llevado a cabo ascendía a 253.627 euros (42,2 millones de pesetas).

«Caso Roldán». El ex director general de la Guardia Civil nunca entregó al Ministerio del Interior los más de 10 millones de euros (1.700 millones de pesetas) con que se lucró a base de fondos reservados, comisiones por obras y estafas a constructores. Nueve años fue la condena que recayó sobre el protagonista del «caso Roldán».

«Caso Ibercorp». En 1992, este banco, presidido por Manuel de la Concha, es intervenido después de que el Banco de España intentara sin éxito enajenar la entidad. Dos años después, en abril de 1994, se conoció que Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de España, tenía una cuenta secreta con dinero negro en Ibercorp por valor de 780.000 euros (130 millones de pesetas). El 5 de mayo del mismo año, Mariano Rubio y Manuel de la Concha ingresaron en prisión. En julio, la juez del caso les acusó de cohecho, estafa y apropiación indebida. Rubio se vio envuelto en el caso por un crédito de 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas) que concedió el instituto emisor a Ibercorp, pese a un informe desfavorable de la Inspección del Banco de España.

«Caso SEAT». Es una de las cuatro piezas en las que fue dividido el denominado «caso AVE», que a su vez fue desglosado de «Filesa», comenzó a instruirse hace doce años y que se refiere al presunto pago de comisiones por adjudicaciones del AVE Madrid-Sevilla. Este caso tiene sus raíces en un pago hecho en 1988 por directivos de la empresa automovilística al ex embajador alemán en España Guido Brunner presuntamente con la finalidad de hacer gestiones en su favor en el país germano. El pago fue de 900.000 euros (150 millones de pesetas) que posteriormente fueron ingresados en una cuenta de Aida Álvarez, ex coordinadora de finanzas del PSOE. En la resolución judicial también se describió la operación que sirvió para recalificar irregularmente los terrenos de que Seat disponía en el madrileño Paseo de la Castellana.

«Caso PSV». El escándalo de la Promoción Social de Viviendas comenzó en 1993 y fue el mayor fraude inmobiliario cometido en España. El proceso penal puso al descubierto los graves errores cometidos por UGT en su intento de prestar servicios sociales a sus afiliados. UGT apostó a fondo por la promoción de viviendas sociales, pero acabó apropiándose de 78 millones de euros (13.000 millones de pesetas), entregados por los cooperativistas para la compra de los pisos.