Con 58 años de edad, el presidente extremeño ha confesado que necesita «un sueldo». Como funcionario en excedencia especial no tendrá dificultades para acceder de nuevo al mercado laboral, pero a lo largo de sus 23 años de mandato se ha olvidado de regular la figura de ex presidente como sí hizo Jordi Pujol meses antes de dejar el cargo y que beneficiará ostensiblemente a Maragall. Por tanto, Ibarra no tiene derecho a recibir una asignación mensual ni una pensión vitalicia, una serie de privilegios de que gozan otros presidentes autonómicos como el de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, o el Lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, y que empieza a extenderse a toda la clase política de nuestra geografía.

Los políticos no se atreven a subirse el sueldo por la carga de impopularidad y el desgaste electoral que conllevaría, pero la realidad es que están legislando a su favor para incrementar sus emolumentos y garantizarse el futuro. Así, mientras en julio entraba en vigor una nueva reforma de las pensiones de la Seguridad Social, que endurece los requisitos mínimos para cobrar la jubilación, las Cortes han decido que los diputados y senadores puedan recibir la pensión máxima (31.255,56 euros anuales) con sólo haber cotizado entre 7 y 11 años. Todo esto se suma a una serie de prebendas como la de que los diputados y senadores no pagan directamente las cotizaciones de sus nóminas, sino que las abonan las Cortes con los presupuestos, o como la de que un tercio de sus salarios no tributa al fisco (indemnizaciones por razón de servicio).

Maragall se va a convertir en un pensionista de oro cuando se le empiece a aplicar el estatuto de los ex presidentes de la Generalitat. Desde enero tiene los 65 años necesarios para su jubilación. Sin embargo, cuando cese en su cargo después de las elecciones autonómicas de noviembre podrá abrir boca cobrando nada menos que el 80% de su sueldo actual durante toda una legislatura (4 años si no se anticipan las elecciones). Es decir, que si ahora percibe unos ingresos anuales de 155.747,40, va a cobrar 124.597,92 euros por año (8.899,85 euros al mes por 14 pagas). Es la cifra que recibe Pujol y que seguirá percibiendo durante casi 12 años, ya que dicho estatuto determina una asignación mensual por la mitad del tiempo en que se permanece en el cargo (estuvo más de 23 años) con el mínimo de una legislatura, que es el caso de Maragall.

Será el president también el primero que cobrará la pensión vitalicia estipulada cuando consuma su indemnización. La pensión vitalicia será del 60% de su nómina que se irá actualizando con las revisiones anuales (93.448,44 euros), y, en caso de fallecimiento, su viuda podrá cobrar un 50%. Triplica con creces la pensión máxima de la Seguridad Social. Será el primer caso en que un ciudadano español pueda cobrar una pensión pública que supera el límite legal que anualmente se establece en la Ley de Presupuestos y que no es otro que el de la pensión máxima de la Seguridad Social. Este límite lo superarán también todo el catálogo de pensiones vitalicias previsto para los ex presidentes del parlamento catalán (el 50% de la retribución anual) y el resto de altos cargos de la Generalitat.

Sin embargo, Maragall no es el único caso de ex presidente autonómico que va a poder disfrutar de este cúmulo de ventajas que garantizan su futuro económico. Ibarretxe, y los miembros de su Gobierno se han reservado el 50% de su sueldo como pensión vitalicia (si se jubilara hoy podría percibir más de 45.000 euros anuales). Y Chaves cobraría casi 46.000 euros (el 60% de su sueldo). Todas estas pensiones se abonarán con cargo al presupuesto de cada comunidad, aunque parte de la del ex presidente andaluz se financiará con la pensión de la Seguridad Social a la que tiene derecho y el resto, hasta ese 60%, correrá a cargo de los presupuestos de la comunidad. Es decir, si la pensión pública es de 31.000 euros, el gasto presupuestario será de otros 15.000 euros.

¿Pueden cobrar estas jubilaciones por encima del tope legal? Según técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, así como de Trabajo y Seguridad Social, «el artículo 39 de la Ley de Presupuestos dice que durante 2006 la pensión pública no podrá superar la cuantía de 2.232,54 euros», es decir, 31.255,56 euros anuales. Además, añaden, «la Ley 4/1990 de Presupuestos determina el concepto de pensión pública, que se repite desde 1983, y que no es otro que el que se abona por el régimen general de la Seguridad Social, clases pasivas, regímenes especiales, mutualidades, sistemas de previsión de las comunidades autónomas, del personal del régimen local y cualesquiera otras no enumeradas que se abonen total o parcialmente con cargo a recursos públicos». Por tanto, concluyen, «es ilegal e inconstitucional que las autonomías superen ese tope y una ley autonómica no puede ir contra una ley básica como la de Presupuestos amparada en la Constitución». Oficialmente, los gobiernos autonómicos consultados prefieren no manifestarse. Y sus asesores jurídicos dicen que «no hay una doctrina jurídica clara».

«Tenemos», añaden, «dictámenes que señalan que la legislación sobre las pensiones públicas no es básica, es decir, que no se superpone a la normativa autonómica». Pero también reconocen la existencia de otros informes de expertos jurídicos que apuntan lo contrario. Sólo un recurso ante el Constitucional podría dar luz a este asunto. Pero nadie mueve un dedo porque se ha hallado una vía para que la clase política se garantice su futuro cuando deje la vida activa. Lo que parece evidente es que estas canonjías no hay quien las pare, salvo que haya un acuerdo de toda la clase política.

Canarias prepara ya su estatuto de ex presidentes, con el matiz de que su presupuesto sólo abonará la diferencia hasta llegar a la pensión máxima legal a quienes se jubilen con una cuantía inferior. Y, según fuentes del PSOE en Extremadura, «Ibarra tampoco se va a quedar sin nada, aunque siempre se ha negado a que se elabore una ley de estas características», «Hay tiempo», han declarado a este diario, «hasta mayo del año que viene para aprobar ese estatuto en esta legislatura».

Ni siquiera el presidente del Gobierno o los de las instituciones del Estado tienen derecho a una pensión vitalicia. Pero sí tienen garantizada la pensión máxima por el mero hecho de jurar el cargo en base a la reforma que se hizo en 1981 y que puso fin a las pensiones vitalicias (no hacía falta que tuvieran 65 años) de los ex ministros del régimen franquista. Un acuerdo entre UCD y el PSOE acabó con estos privilegios, que fueron reemplazados por el establecimiento durante dos años de una cesantía del 80% del sueldo para el presidente del Gobierno, ministros y presidentes de organismos institucionales y que también se ha aplicado a autonomías como Navarra, Galicia, o La Rioja. Otras están optando por la fórmula de incorporar a sus ex presidentes a los Consejos Consultivos, órganos similares al Consejo de Estado, y que se están creando en Valencia o en Castilla y León.

En plenas vacaciones, los órganos de gobierno del Congreso y del Senado aprobaron la regulación de las pensiones para los parlamentarios con el objeto de asegurarles la pensión máxima. El único requisito es haber ocupado un escaño entre siete años (el 80%) y 11 años (el 100%). El Parlamento las complementará con otra pensión hasta llegar a la máxima para quienes no consigan tener derecho a su cobro por contar con una carrera corta de cotización. No existen antecedentes ni en el sector público ni en el privado acerca de este tipo de concesiones. Además, a los diputados y senadores se les crea un Plan de Previsión, un fondo de pensiones complementario privado, a cargo del presupuesto público y al que contribuirán con el 10% de su asignación constitucional (291 euros al mes).

Precisamente, el Congreso ha solicitado al Gobierno que incremente el presupuesto de esta Cámara para el año que viene en un 9,52%, hasta llegar a 92,72 millones de euros. De esta cantidad, 1,48 millones serán para pòner en marcha el plan de pensiones para los diputados, lo que hará que el capítulo de gastos de personal se incremente en un 11,09%, informa Agustín Yanel.

Algunos parlamentos autonómicos como el andaluz o el madrileño ya disfrutan de este privilegio mientras a los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social se les pide haber cotizado 35 años, de los que 15 -las pagas extraordinarias no se incluyen- deben haberse producido entre los 50 y 65 años con el tipo de cotización máximo. Además, las cotizaciones de los parlamentarios, y los de autonomías como Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco o Andalucía, las abonan las Cámaras, según un convenio con la Seguridad Social, mientras que a los trabajadores se les cobra un 4,70% de su nómina como pago de su base de cotización. Según fuentes del Congreso, esta circunstancia se debe «a la relación especial que existe de los parlamentarios con las Cámaras ya que no tienen consideración real de empleado». Los expertos fiscales consultados tienen dudas sobre si esta circunstancia debería considerarse como salario en especie y, por tanto, debería tributar al reintegrarse en el cómputo total de su nómina.

Ninguno de los grupos políticos preguntados por este diario ha querido hacer comentarios sobre esta nueva norma ni del coste que supondrá para el erario público. La justificación de esta medida se establece en el preámbulo del nuevo Reglamento señalando que la vuelta a la ocupación anterior suele acarrear diversas dificultades, entre ellas la carencia de desempleo. Sin embargo, los políticos han elegido esta actividad de forma voluntaria y no cobran el paro porque gozan de una «excedencia especial» que les garantiza reincorporarse a sus puestos sin problema. Muchos proceden de la Administración y tienen acceso inmediato a su empleo anterior.

También se establecen otras prestaciones como la percepción de una indemnización para que sus señorías hagan frente al periodo entre la disolución de las Cámaras y la constitución de las mismas. Los que no resulten elegidos, tendrán otra cesantía equivalente a una mensualidad por cada año de mandato o fracción de seis meses. Se trata de una especie de cobro del seguro de paro, sin haber cotizado por ello, que es compatible con otra remuneración. Y, si después de haber agotado estas prestaciones, el ex parlamentario demuestra carencia de ingresos o de patrimonio, las Cámaras pagarán su Seguridad Social. Podrán recibir una ayuda de hasta el 60% de la asignación constitucional (1.339,52 euros mensuales), hasta que pueda cobrar la pensión. Las Cortes abonarán las cotizaciones de los ex parlamentarios mayores de 55 años que no se reintegren al mercado laboral hasta que tengan derecho a su retiro.

Los presidentes de Cataluña, Andalucía y País Vasco no van a pasar apuros. Maragall tendrá una pensión vitalicia de más de 94.000 euros. La de Chaves ascenderá a 46.000 y la de Ibarretxe a 45.000 euros. Los 'ex' de la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha cobrarán un sueldo de sus Consejos Consultivos. Y los de Canarias recibirán una asignación mensual hasta completar la pensión máxima.

Aunque ya hay quien estudia cómo copiar los modelos anteriores, el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, deja su trabajo sin un euro de indemnización y sin pensión vitalicia. Lo mismo ocurre en Murcia, Asturias, Baleares o Madrid. Navarra ofrece una indemnización del 80% del sueldo durante dos años, Galicia del 60% y La Rioja, 45 días por año de mandato, como si fuese un despido improcedente.