Fernando Grande-Marlaska está tratando de averiguar quién fue el que filtró a los investigados de la trama etarra que había un dispositivo policial contra ellos y que se iba a llevar a cabo el pasado 4 de mayo en la frontera con Francia, cuando preveían que se iba a llevar parte del dinero recaudado por ETA entre empresarios vascos.

El magistrado coordinó una operación desarrollada el pasado martes en España y en Francia contra el entramado financiero de la organización terrorista ETA. Siete presuntos implicados fueron capturados en Francia y cinco, en España. Grande-Marlaska realizó el dispositivo policial y judicial de manera conjunta con la magistrada antiterrorista francesa Laurence Le Vert.

Según explicaron fuentes de la Audiencia Nacional, el 4 de mayo la actuación habría tenido un mayor efecto puesto que estaba previsto que el recaudador francés de ETA, José Luis Cau Aldanur (detenido en el marco de la operación del martes), fuera al bar Faisán, regentado por otro detenido, Joseba Imanol Elosúa Urbieta. Cau tenía que recoger dinero del impuesto revolucionario en el hostal de Irún para llevárselo a Francia y entregárselo al aparato económico de ETA.

Los agentes tenían previsto desarrollar en ese momento la operación. De hecho, la previsión era detener el vehículo de los sospechosos, cerca de Francia, y realizar un «registro rutinario». Si detectaban el dinero, unos 60.000 euros, se habría dado luz verde al resto de la actuación.

Pero hasta el martes no se pudo poner en marcha el dispositivo. El día que se pretendía «reventar» la trama se produjo una filtración de las actuaciones policiales previstas. Según explicaron las citadas fuentes de la Audiencia Nacional, ese mismo día 4 de mayo por la mañana, cuando Joseba Elosúa salía de su domicilio, se le acercó un individuo que le alertó de que estaba siendo objeto de control policial y de que si realizaba el pago previsto para ese día, iba a ser detenido. Pero es que, además, ese comunicante anónimo le entregó a Elosúa un teléfono móvil con el que, al parecer, mantuvo una segunda conversación abundando en el aviso sobre la vigilancia policial.

Y el chivatazo surtió efecto. Elosúa tomó precauciones para evitar una actuación policial en caliente. De hecho, tras realizar una par de llamadas cortó las comunicaciones telefónicas y acudió directamente a Francia para entrevistarse con Cau Aldanur. Se trataba así de evitar la reunión en España y pasar la frontera con los 60.000 euros fruto de la extorsión a varios empresarios.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento de estos hechos como consecuencia de las intervenciones judiciales que ya existían sobre los sospechosos. De hecho, el vehículo utilizado por el ahora detenido estaba, incluso, balizado. En las conversaciones, Elosúa habla de estos avisos e identifica como miembro del Cuerpo Nacional de Policía a su informador.

El juez de la Audiencia Nacional ha abierto una pieza secreta sobre estas filtraciones y trata de aclarar si ese contacto con el sospechoso fue hecho por un agente de la Policía, tratando así de evitar su detención.

Esta situación ha creado un fuerte malestar entre los agentes de la Comisaría General de Información. La posibilidad de que entre los policías que han participado haya un chivato que informa a la organización terrorista ETA ha roto los esquemas a un gran número de los agentes de Información que durante los últimos meses han estado cerrando el círculo contra el entramado de extorsión de ETA en Francia y en España.

Pero es que, además, los agentes que han realizado este dispositivo no se encontraron únicamente con esta sorpresa. La víspera de que se celebrara ese encuentro en el que estaba previsto poner en marcha la operación contra todo el entramado, los especialistas de información detectaron una reunión entre Joseba Imanol Elosúa y un dirigente del Partido Nacionalista Vasco. Según explicaron fuentes de la Audiencia Nacional, este encuentro se celebró el 3 de mayo en una sidrería de Rentería, donde ambos almorzaron. Los investigadores sospechan y tratan de acreditar judicialmente que este representante del PNV le entregó dinero procedente de empresarios vascos a los que ETA había extorsionado. Se baraja que se trate de la misma cantidad, 60.000 euros, que al día siguiente tenía previsto entregar Elosúa en su bar al recaudador francés. El magistrado Grande-Marlaska trata de esclarecer estos extremos.

En la operación desarrollada en España y en Francia el pasado martes la Policía capturó, entre otros, a uno de los fundadores de la organización terrorista, Julen Madariaga, quien ha renunciado expresamente a la violencia y forma parte de la Ejecutiva de Aralar, que se escindió de Batasuna tras acabar la anterior tregua.

Las pesquisas sobre esta trama comenzaron hace más de dos años. En aquel momento, el juzgado ocupado ahora por Fernando Grande-Marlaska estaba dirigido por Baltasar Garzón, que próximamente regresará al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El juez Grande-Marlaska tendrá «inmediato conocimiento» del contenido de las declaraciones de los siete detenidos en Francia. También se facilitará a la Justicia española la documentación incautada en el país vecino, según explicaron ayer los portavoces de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Juan Antonio García Jabaloy y Juan Moral.

La operación fue desarrollada por un equipo policial y judicial coordinado conjuntamente por Grande-Marlaska y la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert, por lo que no será necesario enviar comisiones rogatorias al país vecino para conocer la información que derive de las detenciones allí practicadas, entre las que está la de Madariaga.

Por su parte, el juez español remitirá a Francia el contenido de las declaraciones judiciales de los cinco presuntos miembros del aparato de extorsión de la organización terrorista capturados en nuestro país.

García Jabaloy precisó que no se contempla que Grande-Marlaska o él mismo, que es el fiscal adscrito a la investigación, estén presentes en las declaraciones en Francia, y añadió que la cooperación judicial entre ambos países se basa en la plena confianza.

Los portavoces de la Fiscalía eludieron adelantar si el Ministerio Público tiene previsto solicitar medidas cautelares contra los presuntos miembros del aparato de extorsión detenidos en España.