Del tronco de ese escándalo surgieron otras tramas de corrupción aún mayores, como la del cobro de comisiones por la adjudicación de las obras del AVE o el convoluto de Seat, entre otras muchas, todas vinculadas al partido que desde 1982 gobernaba en España con mayoría absoluta. Los largos procesos judiciales acabaron confirmando las informaciones reveladas a lo largo de varios años por EL MUNDO, y casi siempre culminaron en condenas para sus protagonistas.

El perejil de todas esas salsas fue Aida Alvarez, que ocupó entre 1987 y 1989 nada menos que el cargo de coordinadora de Finanzas del PSOE y fue estrecha colaboradora de Alfonso Guerra, entonces vicesecretario general y verdadero hombre fuerte del partido, y número dos del Gobierno de Felipe González. Apenas hubo algún sumario sobre la corrupción socialista en el que no se mencionase a Alvarez y a su compañero sentimental, Miguel Molledo.

El destacado papel de ambos en el aparato del partido ya les permitió adquirir en 1989 un fastuoso chalé de cuatro plantas y cerca de 300 metros cuadrados en una lujosa zona residencial de Madrid. La vivienda, según reveló EL MUNDO el 4 de enero de 1993, contaba con equipamientos insólitos en aquella época: gimnasio, sauna, jacuzzi e, incluso, un carísimo frigorífico para conservar abrigos de pieles.

La primera vez que se le mencionó en los medios de comunicación fue en 1988, cuando su nombre apareció en la agenda de un directivo de la compañía aeronáutica norteamericana McDonnell Douglas como su contacto con el PSOE para garantizar que la empresa pública Iberia adquiriría sus aviones, como así ocurrió, a cambio del supuesto cobro de 15 millones de dólares.

En mayo de 1991, EL MUNDO destapó el escándalo: las sociedades Filesa, Malesa y Time Export habían emitido facturas a grandes empresas, como BBV o Cepsa, por servicios que nunca recibieron. La trama sirvió para financiar de forma irregular al PSOE a finales de los 80 y principios de los 90.

Este periódico vinculó en junio de 1992 a Alvarez y su compañero con este caso a través de sus empresas Distribuidora Express 2020 y Tecnología Informática 2020, que pagaron más de 100 millones de pesetas por, entre otros conceptos, el alquiler y posterior traspaso de una parte de los locales de la madrileña calle de Gobelas que el PSOE utilizó como cuartel general durante las campañas de 1989. Por estos hechos, el Supremo los condenó a dos años y cuatro meses de cárcel.

Fue durante la instrucción de ese escándalo cuando surgió el caso AVE. El contable de Filesa, Carlos van Schouwen, declaró al juez Marino Barbero que por la adjudicación del tren de alta velocidad la multinacional alemana Siemens y la francesa Alsthom pagaron comisiones de 3.000 millones de pesetas.

Primero, este periódico destapó que los socialistas Juan Carlos Mangana y Sotero Jiménez crearon GMP, la empresa que asesoró a Siemens para adjudicarse el «contrato del siglo»: la adjudicación de las locomotoras y la red de electrificado del AVE Madrid-Sevilla. Meses después, EL MUNDO llevó a Aida Alvarez al primer plano de la actualidad nacional al establecer, por primera vez, el nexo entre ella y Siemens: su empresa Tecnología Informática 2020 también prestó servicios -luego se demostró que ficticios- a la multinacional alemana. Esas sociedades firmaron contratos y facturas falsos para ocultar el pago de cantidades a los comisionistas del PSOE, que los tribunales no consideran cohechos, pero que sí sancionaron a través del delito de falsedad documental. Entonces no existía el delito de financiación ilegal, que se introdujo en el Código Penal a partir de los escándalos destapados tras el caso Filesa.

La prensa empezó entonces una carrera por conocer a un personaje desconocido hasta ese momento, del que sólo se tenía una vieja imagen de la revista Tribuna. EL MUNDO la fotografió, primero, con careta, luego con la cara tapada y, por fin, descubierta y en chandal.

Alvarez también apareció implicada en una comisión del caso Ollero y en el caso Juan Guerra (el hermanísimo utilizaba el despacho de la comisionista cuando se desplazaba a Madrid). Pero, sobre todo, en el escándalo del convoluto de Seat, que denunció este periódico: un cheque de 150 millones de pesetas que fue entregado por el presidente de la compañía al embajador alemán, Guido Brunner, y que terminó en manos de Alvarez y Juan Carlos Mangana. Estos hechos también fueron confirmados por la Audiencia de Madrid.