Ayer comentábamos en estas páginas el agravio comparativo que el trato de favor a Vera supone para otros reclusos. Al caso de Roldán se suman otros, como el del ex director de la Policía, Rodríguez Colorado, también condenado por los fondos reservados y que sólo obtuvo el tercer grado después de devolver los 89 millones de pesetas que se había llevado. En este contexto, resulta inevitable preguntarse ¿por qué el Gobierno favorece de manera tan descarada a Vera? Todos los indicios -incluido el clamoroso silencio del PSOE- otorgan verosimilitud a la hipótesis planteada por el PP de que es un «pago a los silencios del ex secretario de Estado». Cabe recordar que, en octubre de 2004 -seis meses después de que Zapatero llegara al poder-, Vera publicó una carta en El País en la que veladamente amenazaba con tirar de la manta si el Gobierno no accedía a su petición de indulto. Esto se une al hecho clave de que la persona que como ministro del Interior ha concedido el tercer grado es la vez una de las más interesadas en que Vera no lleve a término esa amenaza. Como bien ha subrayado el PP, Alfredo Pérez Rubalcaba era portavoz de aquel Gobierno de Felipe González que puso tanto empeño en ocultar los gravísimos delitos cometido por Vera y sus compinches, incluida la desviación de dinero destinado a la lucha contra el terrorismo. Rubalcaba fue el cerebro de una bochornosa labor de encubrimiento político.

Este dato agranda todavía más el escándalo que supone el trato de favor a Vera. Y pone seriamente en entredicho no sólo las propias promesas de regeneración democrática realizadas por Zapatero cuando todavía era líder de la oposición, sino también el contundente compromiso expresado hace unos meses por María Teresa Fernández de la Vega tras disolver el Ayuntamiento de Marbella. Entonces, la vicepresidenta justificó su decisión por la «alarma social» que produce «el lado repugnante de quienes se enriquecen ilícitamente parapetados en la vida pública» y afirmó que el Gobierno «no tolera ni tolerará jamás procesos corruptos». Pues bien, ningún caso en la historia de la democracia española es más «repugnante» ni produce más «alarma social» que el de Vera. Si la Fiscalía -es decir, el Gobierno en su conjunto- permite que se cometa semejante atropello quedará en evidencia que el felipismo y el zapaterismo tienen más eslabones que la singular trayectoria del ministro Rubalcaba.