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30 Septiembre 2006 |
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La Guardia Civil, enjaulada |
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Benemérita recibe la orden de recluirse en los cuarteles para
“no provocar” a los abertzales |
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Roberto R. Ballesteros.
San Sebastián. Los agentes de la Guardia Civil en el País
Vasco se aburren. Desde hace varias semanas, y según ha podido
saber LA GACETA, los guardias que trabajan en la provincia de
Guipúzcoa han recibido órdenes de no salir a la calle más de lo
estrictamente necesario.
El objetivo, según informan fuentes de la Asociación
Independiente de la Guardia Civil (Asigc), es “no provocar” a
los jóvenes abertzales, autores por otra parte de los numerosos
incidentes de kale borroka que se están cometiendo estos últimos
días. “Claro, es que con estar allí, según ellos, ya estamos
provocando”, comenta enfadado un agente del cuerpo, que prefiere
no ser identificado.
Los agentes se encuentran recluidos en los cuarteles, a
excepción de aquellos que tienen que salir para labores básicas.
“Estamos aplicando servicios mínimos”, explica uno de los
guardias afectados.
La relajación del cuerpo de seguridad más importante en lo
relativo a la lucha antiterrorista conlleva una disminución
lógica de la pelea contra la banda ETA, a cuyos miembros se ha
dejado de investigar.
El número de controles ha disminuido de manera considerable en
los últimos días, explican desde Asigc. Las salidas, cuentan, se
limitan a la realización de los servicios especiales —como el
transporte de explosivos u otros temas relacionados— y a los
asuntos rutinarios, como el tradicional patrullaje.
En Guipúzcoa hay destinados actualmente alrededor de 1.500
guardias civiles, repartidos en siete cuarteles. El centro más
importantes se encuentra en el barrio donostiarra de
Inchaurrondo. Además, existen cuarteles en Oñate, Villafranca de
Ordicia, Tolosa, Zarauz, Eibar e Irún.
Las órdenes se remontan, según los agentes consultados, a
principios de septiembre y, aunque ellos no lo quieren precisar,
su origen hay que buscarlo en el Ministerio del Interior.
De esta forma, el Gobierno cumple con una de las condiciones que
la banda terrorista ETA viene solicitando en sus últimos
comunicados: que se ponga fin a la supuesta represión de que es
objeto el mundo abertzale por parte de las fuerzas de seguridad
y los jueces.
Además, el hecho de que la Guardia Civil haya recibido estas
órdenes da explicación a su ausencia durante el acto de Oyarzun,
donde el domingo pasado tres encapuchados dispararon al aire
durante un mitin celebrado con motivo del día del soldado vasco.
La nueva situación política influye en la Benemérita en todos
los sentidos. Por un lado, como se ha indicado, los agentes
reducen las salidas y los controles para dar una imagen de menos
acoso a los violentos.
Información, sí
Por otra parte, y para contrarrestar este descenso de la
actividad operativa, recientemente se ha incrementado en 30 el
número de efectivos dedicados a los Servicios de Información.
Después de que los etarras aparecieron en el monte de Oyarzun
(Guipúzcoa) hace una semana, disparando al aire, el Ministerio
del Interior dio la orden de completar con más personal los
citados servicios.
Las nuevas órdenes se encuadran dentro de la línea marcada por
el Ministerio tras la tregua. Como reveló LA GACETA el martes
pasado, los agentes de la Guardia Civil han estado vigilándose
entre ellos, por órdenes de Madrid, para evitar que se produzcan
filtraciones de información al Partido Popular o a los medios de
comunicación.
Al mismo tiempo, la relajación en la lucha antiterrorista llevó
a Interior a trasladar a casi una veintena de agentes de elite
del Grupo Antiterrorista Rural (GAR) de la Guardia Civil a las
embajadas de Israel y del Líbano.
Tal y como informó LA GACETA el día 22 de septiembre, los
guardias especializados en la lucha contra los terroristas en
los montes del País Vasco han reducido plantilla.
El objetivo, explicaban agentes de la Benemérita, era fortalecer
la protección en aquellos lugares más conflictivos y castigados
por la guerra, como eran los mencionados países.
La Guardia Civil se encuentra en el centro de la polémica debido
a su carácter de fuerza antiterrorista en el País Vasco, además
de a su marcado perfil tradicionalmente relacionado con todo lo
español.
Este último motivo, de hecho, es lo que ha provocado el odio por
parte de todos los abertzales, y lo que ha hecho que se haya
optado por ordenar quedarse en el cuartel el mayor tiempo
posible.
La Ertzaintza escolta la marcha de Oñate
Al final se celebró. La marcha a favor de los presos de ETA
reunió a unas 200 personas el jueves por la noche, en Oñate
(Guipúzcoa). La manifestación —convocada por Gestoras pro
Amnistía y promocionada por el Ayuntamiento, que la incluyó en
el programa de fiestas de este año— fue denunciada ante el
Departamento de Interior del Gobierno vasco por el Partido
Popular (PP).
“Me parece gravísimo que el Gobierno vasco no haga nada y que el
Ayuntamiento de Oñate haya tenido una colaboración tan activa en
estos acontecimientos”, señala el único concejal del PP en el
Consistorio, Julio Pérez de Arrilucea.
El edil entendía que la marcha era ilegal, y por eso planteó la
denuncia. Argumentaba que estaba convocada por una organización
ilegalizada, y que amparar la manifestación como había hecho el
Ayuntamiento suponía colaborar con la exaltación del terrorismo.
Por ello, solicitó ante una comisaría de la Ertzaintza que la
marcha fuera impedida.
Sin embargo, consiguió el objetivo contrario. La Policía
Autónoma Vasca fue, efectivamente, al municipio minutos antes
del inicio de la marcha. Pero no para disuadir a los convocantes,
sino para escoltarlos. No sólo permitió que el acto se
celebrara, sino que estuvo junto a los abertzales para que nadie
tratara de provocar altercados.
Ahora en la Audiencia
Tras los hechos, los servicios jurídicos del PP, como contó LA
GACETA días antes de la manifestación, anunciaron medidas.
Según Pérez de Arrilucea, el partido interpondrá una nueva
denuncia. Esta vez será ante la Audiencia Nacional y tendrá un
doble objetivo.
Por un lado, denunciar la permisividad del Ayuntamiento de Oñate
y tratar de aclarar sobre quién recaen las responsabilidades de
lo ocurrido.
“Ahí estarán, por supuesto, los convocantes, pero también
salpicarán responsabilidades sobre el equipo de gobierno, que ha
anunciado los actos a través del programa de fiestas”, vaticina
el edil popular.
Por otra parte, el Partido Popular del País Vasco pretende, por
medio de la citada denuncia, evitar que se celebre el segundo de
los actos organizados por los abertzales y previstos en el
programa de fiestas patronales.
Se trata de un homenaje a los presos y refugiados etarras que
nacieron en la localidad, que se celebrará, si no lo impiden las
fuerzas de seguridad del Estado o de la Comunidad Autónoma
vasca, el próximo sábado.
Temor a nuevos atentados
Coincidiendo con los problemas en la negociación del Gobierno
con ETA, el Ejecutivo de Vitoria ha avisado a todos los escoltas
de personas particulares del País Vasco de que extremen las
medidas de seguridad en su trabajo. La alerta no puede obedecer
a otra cosa que al temor de que la banda reanude la violencia en
cualquier momento, después de tres años sin matar.
Todos los escoltas privados disponen de un teléfono móvil, por
medio del cual la Consejería de Interior del Gobierno vasco se
comunica con ellos. Tanto el jueves pasado como ayer, los
escoltas privados han recibido mensajes de texto alertándoles
sobre la necesidad de cuidar más la seguridad, la suya y la de
las personas a su cargo.
En concreto, se les recuerda la conveniencia de hacer
contravigilancias y cambios de itinerarios de sus protegidos.
Según informó ayer la agencia 'Ep', hace varios meses que los
escoltas no recibían mensajes de la Consejería de Interior en
este sentido, ya que las últimas advertencias llegaron después
de que la banda terrorista declarase un alto el fuego
permanente, el 22 de marzo pasado.
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| Editorial |
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Esconder a la
Guardia Civil |
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NO todo vale en política, ni se
justifica con buenos deseos de paz que rayan en el entreguismo.
Por eso, resulta lamentable que el Gobierno se pliegue a
exigencias de ETA-Batasuna, que acate una parte nada desdeñable
de sus reivindicaciones y que se empeñe en dar señales de cierto
optimismo frente a la tozudez de los hechos, que ya apuntan un
desenlace poco feliz.
Entre las decisiones recientes que ponen de manifiesto el
repliegue del Gobierno frente a ETA-Batasuna, es muy probable
que el enjaulamiento de la Guardia Civil en Guipúzcoa (de lo que
informa hoy ampliamente LA GACETA) sea la que produzca mayor
sonrojo ajeno entre la ciudadanía. No basta con hacer la vista
gorda ante los repetidos casos de terrorismo callejero. No basta
con restar importancia a la aparición de supuestos etarras
armados en medio de una fiesta popular. Ni con negar la
evidencia cuando se está cumpliendo milimétricamente el
calendario exigido por la banda terrorista. Además, el Gobierno
se pliega hasta el extremo y ordena a la Guardia Civil que
renuncie a su actividad ordinaria y se quede en los cuarteles.
Un dato que se hace público horas después de la cesión a otra de
las exigencias históricas de los etarras: la
internacionalización del mal llamado proceso de paz, con el fin
de que el denominado conflicto vasco sea cuestión también de
terceros países. Y resulta tragicómico, además, que el grupo
socialista acuse al PP de “fanatismo y sectarismo”. Parece que
vale más la abstracta solidaridad que la memoria de las víctimas
del terror.
El síndrome de Estocolmo es más fuerte de lo que se podía
sospechar. Basta pensar en las dificultades que el Gobierno pone
a la manifestación de la AVT en Sevilla.
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El
Saqueo de España
Datos
Económicos de España
