LA LENGUA COMUN. La ausencia de
acción política en defensa del derecho a aprender y usar
el castellano en las comunidades que han impuesto la
inmersión lingüística en sus respectivas lenguas
cooficiales ha llevado a 18 intelectuales a emprender,
por su cuenta, una lucha por la igualdad de todos los
ciudadanos y contra la discriminación de quienes quieren
usar y aprender la lengua oficial del Estado y no
pueden. Hoy, 30 años después de que la Constitución
fijara una «protección especial» para el catalán, el
gallego y el vasco, es el español -la única lengua que
todos los ciudadanos tienen el deber de conocer- el que
está en vías de extinción en Cataluña, Baleares, Galicia
y el País Vasco. No en la calle, pero sí en las
comunicaciones oficiales, la Administración Pública y
los colegios. El 'Manifiesto por la lengua común'
lanzado hoy en busca de la adhesión de la ciudadanía
reclama un verdadero bilingüismo en las autonomías con
dos lenguas y observa que no son ellas quienes tienen
derechos, sino las personas. Por ello, reclaman a los
políticos una normativa legal que impida la imposición
lingüística.
MADRID.- El apartheid
al que algunos gobiernos autonómicos están sometiendo al
castellano, lengua oficial del Estado, ha llevado a un
grupo de intelectuales españoles a impulsar un
manifiesto que reclama a los políticos que garanticen el
derecho y el deber de todos los ciudadanos a aprender el
castellano y usarlo en sus comunicaciones privadas y
públicas. Lo presentan hoy en el Ateneo de Madrid.
Los abajo firmantes son: Mario Vargas Llosa, José
Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert
Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de
Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio
Lastra, Carmen Iglesias, Francisco Sosa Wagner, Carlos
Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón
Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa y Fernando Savater.
El manifiesto parte, dicen, «de una inquietud
estrictamente política» sobre el papel del castellano
«como lengua principal de comunicación democrática en
este país» y «los derechos educativos y cívicos de
quienes la tienen como lengua materna o la eligen con
todo derecho como vehículo preferente de expresión y
comunicación».
«Son los ciudadanos quienes tienen derechos
lingüísticos, no los territorios -afirma el texto-. Las
lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente
hablantes ni a imponerse como prioritarias en
educación». De esta manera interpretan lo que ocurre ya
en Baleares y Cataluña y está en vías de asentarse en el
País Vasco y Galicia. Sus gobiernos lo llaman
«normalización lingüística» y ha pasado de significar
que el uso de la lengua cooficial llegue a ser normal a
implicar que lo normal sea que no se hable castellano.
Baleares.
La inmersión lingüística de las islas ha sido la
más silenciosa, tal vez porque ningún partido
nacionalista ha encabezado su Gobierno. No ha habido
desafíos. El PP estuvo al frente de Baleares hasta las
últimas elecciones autonómicas, que dieron como
resultado un gobierno socialista apoyado por ERC y Unió
Mallorquina. Y fue el PP el responsable de la ley
aprobada en los 80 que priorizaba el uso del catalán por
encima del castellano. La enseñanza es plenamente en
catalán y la comunicación de la Administración con los
ciudadanos también.
En las últimas semanas, la imposición ha llegado a
cotas obsesivas. El Gobierno balear ha instado, no sólo
al personal de la Administración, sino a sus ciudadanos,
a que se dirijan a los inmigrantes y a los turistas en
catalán en vez de en español.
A ello se suma la petición del Govern a la aerolínea
Air Berlin -la principal en Baleares- para que emplee el
catalán en vuelos y comunicaciones. El presidente de la
compañía respondió que «hoy el castellano ya no es una
lengua oficial» en las islas.
Cataluña.
Aunque la Generalitat la ocupa el PSE -junto a
ERC e ICV-, la inmersión lingüística en la escuela a
partir de los siete años llega heredada de los gobiernos
de CiU. Sólo se imparte en castellano la asignatura de
Lengua Española. Pero el Gobierno catalán no llega a
cumplir con el mínimo de tres horas semanales de
enseñanza en castellano en la Primaria, que un decreto
del Ministerio de Educación fija para las comunidades
con lenguas cooficiales.
ERC presionó al presidente, José Montilla, amenazando
con irse del Govern, para impedir lo que creen una
injerencia del Estado. Finalmente, Montilla se ha
comprometido a blindar el modelo instaurado y que ese
blindaje se materialice a través de la Ley de Educación
catalana, que está en fase de redacción y que empezará a
tramitarse en el Parlament tras el verano. Entretanto,
Montilla da libertad a los centros.
Nada tiene que ver con la convicción de la ministra
de Educación, Mercedes Cabrera, quien dijo que «Cataluña
cumplirá lo que la LOE dice» y, «si no se cumple, el
deber del Gobierno es exigir que se cumpla».
La Generalitat también ha lanzado una campaña para
convencer a los inmigrantes de que hablar catalán es
garantía de mejor vida y para instar a los autóctonos a
que se dirijan a los extranjeros en la lengua cooficial
con el noble fin de la «cohesión social».
País Vasco.
Han tenido que pasar décadas para que un
porcentaje significativo de la población se anime a
emplear el euskara o, al menos, lo entienda. Su modelo
educativo garantiza, en teoría -por ley-, la libertad de
elección al establecer tres modelos: A (en castellano,
salvo la asignatura de euskara), B (mitad en castellano,
mitad en euskara) y D (en euskara, salvo la asignatura
de lengua castellana).
Ahora que se ha convertido en lengua cooficial de
hecho en la comunicación institucional y que se ha
asentado como vehicular a medias en la enseñanza -con
presencia mayoritaria del modelo B en los colegios-,
llegó el momento de tensar la cuerda. El lehendakari
firmó en 2007 un decreto que contradice a su propia ley
de enseñanza, según el cual, los alumnos deben alcanzar
un nivel B-2 de euskara (el anterior al de los
profesores de dicha lengua) al terminar la ESO. Para
asegurar esas cotas de conocimiento, muchos colegios han
desterrado el modelo A.
Pero el decreto ha resultado ser una mera transición
hacia la inmersión lingüística total que prepara el
Gobierno vasco con una ley educativa que quiere aprobar
a lo largo del próximo curso político. EA, miembro del
tripartito al frente de Educación, ha asegurado que en
septiembre será «la última vez» que los niños de dos y
tres años «podrán optar por un modelo lingüístico»,
aunque «nadie pretender erradicar» el castellano. El
consejero, Tontxu Campos, ha asegurado que, si no logra
el consenso con PSE y PP, es partidario de aprobar la
reforma con el único apoyo de partidos nacionalistas.
Galicia.
El Gobierno de Fraga aprobó en 1983 la ley de
«normalización lingüística» que obligaba a garantizar la
igualdad de competencias en los dos idiomas oficiales al
término de la ESO. Un decreto posterior, de 1995, fijaba
el gallego como lengua vehicular de la enseñanza y
«lengua oficial de la Administración educativa en
Galicia». «La lengua -dice- constituye una de las bases
esenciales de la identidad del pueblo y es el más fuerte
vínculo de unión entre sus gentes».
Igual que en los colegios, la lengua de la
Administración y de sus empleados debe ser el gallego,
que es el idioma en el que se realizan las
comunicaciones oficiales. Oficialmente, no hay
bilingüismo. El gallego es la «lengua propia» de
Galicia, dice su Estatuto.
Un último decreto de 2007, ya del Ejecutivo del
socialista Emilio Pérez Touriño, establece unos mínimos
competenciales de conocimiento del gallego, fija que la
enseñanza en gallego sea de al menos el 50% e incluya a
las materias troncales. También dicta que la lengua en
la que debe hablar el personal de los colegios sea el
gallego y ordena la creación de «equipos de
normalización y dinamización lingüística».
La plataforma Galicia Bilingüe, atacada por pedir que
no se elimine el castellano de la escuela y la
Administración, denuncia que los nacionalistas, con la
aquiescencia del PSOE, fomentan el axioma si no hablas
gallego, estás contra Galicia.
COMO ADHERIRSE AL MANIFIESTO
1. Enviando el cupón de adhesión por fax. La
primera forma que tienen los lectores de EL MUNDO de
adherirse al manifiesto es completando el cupón que se
publica en esta misma página (a la izquierda) y enviarlo
por fax a este periódico, acompañándolo de una fotocopia
del DNI. El número de fax es el 91 297 47 98.
2. Enviando el cupón de adhesión por correo postal.
También puede enviar el cupón que encontrará en esta
misma página, acompañado de una fotocopia de su DNI, por
correo postal, a la dirección de EL MUNDO: Avda. de San
Luis, 25-27, 28033, Madrid indicando en el sobre:
«Adhesión al Manifiesto por la Lengua Común»,
3. A través de 'elmundo.es'. Otra forma de adherirse
al manifiesto es a través de la página web de este
periódico, rellenando con sus datos (nombre, apellidos y
DNI) el cupón que todos los lectores encontrarán en esta
dirección de internet: http://www.elmundo.es/elmundo/formularios/2008/06/manifiestolenguacomun.html
LOS 'ABAJO FIRMANTES' DEL MANIFIESTO POR LA
LENGUA COMUN
Carmen Iglesias
Académica de la Historia y la RAE. Presidenta de
Unidad Editorial.
L. Alberto de Cuenca
Filólogo, poeta, escritor, traductor y ensayista.
C. Mtnez. Gorriarán
Filósofo, profesor y miembro de Basta ya y UPyD.
Arcadi Espada
Periodista, escritor y columnista de EL MUNDO.
J. Antonio Marina
Filósofo, ensayista y doctor Honoris Causa por la UPV.
José Luis Pardo
Filósofo y ensayista. Profesor de Filosofía en la UCM.
Aurelio Arteta
Catedrático de Filosofía y candidato y miembro de
UPyD.
A. Glez. Troyano
Ensayista y profesor de Literatura en la Univ. de
Sevilla
Alvaro Pombo
Escritor, premio Planeta y candidato por UPyD.
Félix de Azúa
Filósofo, profesor, poeta, escritor y catedrático.
Antonio Lastra
Filósofo y profesor de Filosofía en ESO en Valencia.
Ramón Rodríguez
Filósofo y ensayista. Catedrático de Filosofía.
Albert Boadella
Actor y dramaturgo, director de Els Joglars.
M. Vargas Llosa
Escritor, Premio Cervantes y Premio Ppe. de Asturias.
José Mª R. Soroa
Abogado y analista vasco, crítico con Ibarretxe.
C. Castilla del Pino
Psiquiatra, ensayista y académico de la RAE.
F. Sosa Wagner
Jurista. Participó en el diseño del sistema
autonómico.
Fernando Savater
Filósofo, profesor universitario y fundador de UPyD.
El
Saqueo de España
Datos
Económicos de España
