Así lo testimonian los representantes de cuatro plataformas cívicas de esas cuatro comunidades, que han denunciado en el Foro de EL MUNDO la persecución del español en sus lugares de residencia y el acoso que están sufriendo de las autoridades por defender el derecho de sus hijos a recibir enseñanza en su idioma materno.

De las cuatro comunidades, la única en la que se puede estudiar todavía en español es en el País Vasco. Pero el Gobierno que preside Ibarretxe aprobó un decreto en octubre pasado -sin pasar por el Parlamento vasco- que elimina el castellano a partir de septiembre del sistema educativo e instaura un único modelo de enseñanza en vasco.

Los responsables de Educación alegan que no hay demanda en español, lo cual es absolutamente falso porque la inmensa mayoría de los 220.000 habitantes de Vitoria habla exclusivamente en castellano y quiere que se eduque a sus hijos en esta lengua.

Es el mismo pretexto que se utiliza en Cataluña para no aplicar tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, que establecen que las autoridades tienen que garantizar el derecho a la escolarización en castellano. La Generalitat se niega a cumplir esta obligación legal con el pretexto de que ello significaría dividir a los niños y no da opción en sus impresos a que los padres puedan elegir.

De la amenaza a la subvención

La situación en Galicia es similar tras la política de inmersión que está impulsando el Gobierno de coalición entre los socialistas y los nacionalistas del BNG. La profesora gallega Gloria Lago da testimonio de que el español ha desaparecido de la enseñanza y de que, incluso, el mero hecho de hablarlo suscita rechazo entre la población adolescente que lo identifica con la extrema derecha.

La paradoja es que, sin embargo, el 80% de los padres gallegos se declara a favor de la libre de elección de lengua para educar a sus hijos, al igual que sucede en Cataluña, Baleares y el País Vasco, donde la gente se muestra partidaria de lo contrario de lo que se está haciendo.

En el caso balear, el Gobierno que preside el socialista Antich, coaligado con nacionalistas radicales como el PSM, está aprovechando el bilingüismo consagrado por el Estatuto de 1983 para imponer el catalán y borrar todos los rastros del español en la vida pública y en las escuelas.

Jorge Campos, presidente de Círculo Balear, denuncia las cantidades masivas de dinero que han recibido las asociaciones nacionalistas que defienden el uso del catalán, convertido también en instrumento de ideologización de los escolares.

El panorama es desolador porque en estas cuatro comunidades lo que hay es una política de inmersión lingüística, diseñada desde sus respectivos Gobiernos, para que el español sea una lengua sin presencia en la vida pública e institucional. El Gobierno de Antich ha llegado a prohibir la señalización bilingüe de las calles y la traducción al castellano de los documentos oficiales. En un reciente folleto editado por el Ejecutivo balear, se dice incluso que el español es una lengua para hablar en casa.

Estamos sencillamente ante un deliberado y planificado intento de utilizar la lengua como instrumento de construcción nacional, dejando de lado los derechos de los ciudadanos que sólo piden que se respete lo que dice la Constitución y lo que pedían los propios nacionalistas cuando, hace 30 años, se lamentaban de la hegemonía del castellano.

Movilización en la calle

Rosa Díez, invitada a nuestro Foro, subrayó la naturaleza política de esta discriminación y abogó por una reforma de la Constitución. En concreto, propuso la modificación del artículo 3, que señala que las lenguas cooficiales deben ser objeto de «especial protección», y la retirada de las competencias de educación a las comunidades.

Carmen Iglesias, presidenta de Unidad Editorial, aseguró que el uso de la lengua por los nacionalistas es «una perversión de la democracia» y una agresión a las libertades. Y afirmó que el problema no se resolverá hasta que los ciudadanos salgan a la calle, como sucedió con las víctimas de ETA.

La cuestión es cómo se puede luchar contra estas políticas, fuertemente subvencionadas por los Gobiernos nacionalistas, que, como resaltó el vasco Pablo Gay-Pobes, obligan al ahorcado a tejer su propia soga.

Gay-Pobes incidió en el dramático problema que van a tener que sufrir decenas de miles de estudiantes castellano-parlantes, a los que se les va a obligar el curso que viene a esa inmersión lingüística en vasco a pesar de que su lengua familiar y habitual es el castellano.

Si el español va a ser pronto erradicado de las aulas en el País Vasco, Cataluña va muy por delante en esta experiencia. La catalana Marita Rodríguez, profesora de física en un instituto, relató la persecución que está padeciendo por dar clases en castellano, algo que ya es muy inusual en Cataluña, donde se vigila para que los niños no hablen español en los recreos.

El testimonio de los representantes de estas plataformas resulta impresionante y debería ser tomado en serio por el Gobierno de Zapatero, que dice preocuparse tanto de las libertades y se le llena la boca con el republicanismo cívico, que hasta ahora ha fingido que el problema no existe y que las denuncias son la expresión de una minoría exaltada. No es así. Estamos, por el contrario, ante una vulneración de derechos y una violación de la Constitución que ya no es posible menospreciar.